26/08/2010

Esperan los dos ecologistas que "brille la justicia" y la CIDH los declare inocentes

Comparece en audiencia pública Rodolfo Montiel, torturado por el Ejército en 1999

Se ventilan en el tribunal internacional otros cuatro casos de abusos de militares en Guerrero

Matilde Pérez y Emir Olivares
Periódico La Jornada
Jueves 26 de agosto de 2010, p. 15

El caso de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel se convertirá en el quinto juicio contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este jueves México comparecerá, una vez más, ante el tribunal interamericano por abusos y torturas que cometió el Ejército, hechos que se mantienen hasta hoy impunes.

Rodolfo Montiel –declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional (AI) en el año 2000– asienta que los militares deben regresar a sus cuarteles para que las comunidades de Petatlán, Guerrero, continúen su lucha por la conservación de los bosques, pues los uniformados han generado temor entre la población.

A unas horas de que presente su testimonio en la audiencia pública de la CIDH, afirma vía telefónica: Espero que brille la justicia, se nos declare inocentes (a él y a Teodoro Cabrera, quien a su lado defendió los bosques de la sierra de Filo Mayor, también declarado preso de conciencia por AI) y se sancione a los militares que nos torturaron. Tras cinco años de vivir en Estados Unidos, donde actualmente radica sin poder regresar a su comunidad ni ver a sus seis hijos ni a su esposa Ubalda Cortés, Montiel se reunió con ella en San José de Costa Rica, sede de la CIDH. Siento mucho gusto de verla, pero mucha tristeza porque ha padecido crisis nerviosas y la operaron en mi ausencia. Salí de mi comunidad y del país sin la esperanza de volver a regresar.

Acompañado por sus abogados y su esposa, Rodolfo Montiel, quien afirma que cada árbol que se derriba es como una bomba que estalla y mata al ecosistema, erosiona los suelos, clama por que se deje en paz a los campesinos de Petatlán y Coyuca de Catalán, que los militares ya no los persigan.

La presencia de los militares, señala, ha sembrado miedo; se han convertido en la gran amenaza para las comunidades campesinas porque llegan violentando la paz. Siempre he dicho que el Ejecutivo debe limpiar la casa de arriba hacia abajo, acabar con la impunidad, que se investigue a militares, jueces, ministerios públicos, y a quienes hayan incurrido en corrupción que se les sancione y sean retirados de sus cargos.

A los jueces de la CIDH les diré cómo fuimos torturados por militares. Pediré que se investigue y se dé oportunidad a las organizaciones de derechos humanos de revisar los expedientes del país y que se le diga al gobierno mexicano que deje de encarcelar a los luchadores sociales.

El fundador de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) confía en volver a ver a sus hijos, a vivir con ellos. Mi esperanza es que volvamos a encontrarnos este año.

El asunto de los activistas se analizará el 26 y 27 de agosto en la CIDH. Será el quinto caso contra el gobierno mexicano que se ventila ante el tribunal internacional desde 2009; los otros cuatro están relacionados con abusos militares en Guerrero.

La situación de los ecologistas ha consternado a escala nacional e internacional y refleja la impunidad en que permanecen las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército en el país.

El 2 de mayo de 1999 militares del 40 batallón de infantería entraron a Pizotla, comunidad en la Costa Grande de Guerrero, y dispararon contra varias personas que se encontraban afuera de la casa de Teodoro Cabrera. En el ataque murió Salomé Sánchez y se detuvo a Cabrera y Montiel, quienes durante cinco días fueron incomunicados y torturados con toques eléctricos en los genitales y golpes en la cabeza, estómago y espalda; al recibir amenazas de muerte, se vieron obligados a firmar declaraciones en las que se decían responsables de portar armas de uso exclusivo del Ejército y cosechar mariguana.

El proceso en su contra estuvo plagado de irregularidades. Tras la presión nacional e internacional, el ex presidente Vicente Fox los liberó por razones humanitarias en noviembre de 2001. Ambos se exiliaron lejos de su tierra natal, pues sus vidas estarían en riesgo si regresaban.

Los campesinos ecologistas esperan que la resolución de la CIDH les ayude a volver a su lugar de origen y vivir con tranquilidad.

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