Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 26 de agosto (apro).- Amnistía Internacional condenó la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, y aseguró que esos hechos reflejan el “fracaso” del gobierno de Felipe Calderón para “hacer frente a la violencia sistemática” que enfrentan quienes buscan un mejor modo de vida fuera de sus países.
“El asesinato a sangre fría de los migrantes indefensos tratando de llegar a Estados Unidos para mejorar sus vidas y las de sus familias, es la prueba más clara hasta ahora de la magnitud y severidad de los ataques a los inmigrantes irregulares”, dijo AI en un comunicado, en el que recuerda que en abril pasado presentó un informe sobre la violencia contra los migrantes en México.
En ese informe, AI señaló que “las autoridades mexicanas, tanto federales como estatales, han fallado en implementar medidas eficaces para prevenir y castigar los miles de secuestros, asesinatos y violaciones a las y los migrantes irregulares a manos de bandas criminales que a menudo operan con la complicidad o el consentimiento de los funcionarios públicos”.
AI criticó la falta de “un liderazgo claro” para garantizar la seguridad de los migrantes, por lo que llamó a crear un plan de acción “coordinado y eficaz”, en el que participen la Procuraduría General de la República (PGR); las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación; el Instituto Nacional de Migración (INM) y las autoridades estatales.
La organización civil, con sede en Londres, Inglaterra, exigió el esclarecimiento del caso, así como garantías de seguridad para los testigos y facilidades para la identificación y entrega de los cuerpos a los familiares de las víctimas originarias de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil.
Dijo que es necesario una investigación expedita y ágil: “Es de vital importancia garantizar que los responsables de los asesinatos sean identificados y llevados ante la justicia, pero las autoridades también deben velar por la seguridad de los testigos de forma rápida y establecer de forma fiable la identidad de las víctimas, para que sus familias puedan recibir sus restos mortales y llorar por sus seres queridos. Suficientes recursos deben estar disponibles para permitir a los familiares recuperar los cuerpos”.
Insistió que “este caso demuestra una vez más los peligros extremos que enfrentan las y los migrantes, así como la aparente incapacidad de las autoridades federales y estatales para disminuir los ataque a los que se exponen los migrantes. La respuesta de las autoridades en este caso será una prueba”.
Por separado, la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, y el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, criticaron la respuesta que hasta ahora ha dado el gobierno de Calderón quien, dijeron, ha evadido su responsabilidad al adjudicar la masacre a “pugnas libradas entre grupos del crimen organizado”.
Añadieron que lo ocurrido pone en evidencia “la crisis de la política migratoria” en México.
Además, dijeron que la masacre de los 72 migrantes de Centro y Sudamérica en Tamaulipas, “no es un hecho aislado” y responde a un “escenario de persecución y muerte” contra indocumentados ante una política migratoria en México, que “no sólo no garantiza el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, sino que propicia y permite que se cometan estos delitos”.
En un documento, puntualizan que la tragedia de Tamaulipas concuerda con los testimonios recabados por la Casa del Migrante y el Centro Diocesano, en el sentido de que “grupos del crimen organizado reclutan a migrantes con fines de explotación laboral y sexual, así como para utilizarlas en fines ilícitos”. Además, señalan, es una “muestra irrefutable de la sistemática violencia ejercida en contra de las y los migrantes sin documentos a lo largo de todo el territorio nacional, vivida con mayor crueldad en la región noroeste del país”.
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