Por esa razón las quejas ciudadanas se han incrementado este sexenio, dice la CNDH
El ombudsman se manifiesta por un cambio de estrategia en el combate al crimen organizado
Martes 31 de agosto de 2010, p. 9
En lo que va del sexenio las quejas ciudadanas en contra del Ejército y diversas corporaciones dedicadas a la seguridad pública se han incrementado de manera importante
, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raul Plascencia, quien se manifestó por un cambio de estrategia en el combate al crimen organizado que permita fortalecer a las policías.
Atribuyó a la falta de preparación de los soldados en materia de derechos humanos una parte del incremento en las denuncias en su contra. También se refirió al asesinato del alcalde de Hidalgo, Tamaulipas, Marco Antonio Leal, y a la ejecución de 72 migrantes en esa misma entidad: El incremento de la violencia se refleja en agresiones contra los presidentes municipales y migrantes. Es muy importante que en el tema de la prevención del delito, del reforzamiento de la estrategia por parte de los tres ámbitos de gobierno, la sociedad pueda recuperar parte de esta seguridad que se ha venido perdiendo poco a poco
.
Falta atención al problema de los migrantes
Asimismo, el ombdusman pidió mayor atención al problema de los migrantes en México, pues consideró que es una situación que involucra a cerca de 500 mil indocumentados que cruzan por el país cada año. Dijo que las estimaciones de la CNDH indican que semestralmente se registran 10 mil secuestros, con fines de extorsión, o sufren hechos como los ocurridos recientemente en Tamaulipas, donde se asesinó a 72 personas.
Entrevistado durante la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Federal Electoral (IFE), Plascencia consideró cumplida la recomendación emitida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en relación con el asesinato de dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Dijo que legalmente sólo hay dos opciones: aceptar o rechazar el recurso, por lo que los señalamientos del Ejército a una parte de la recomendación son razonables en el contexto del cumplimiento general.
Hicieron (la Sedena) algunas puntualizaciones, como por ejemplo que tendrían que correrse todos los trámites judiciales antes de sancionar a un militar; evidentemente tendría que diseñarse toda una estrategia de capacitación para los elementos castrenses a fin de aplicarla. Estaremos sumando esfuerzos para ello
, señaló.
Al referirse a los planteamientos del presidente Felipe Calderón, en torno a las críticas a los militares por sus funciones en el combate al crimen organizado, Placencia expresó: Todos estamos claros del compromiso que tienen los servidores públicos de observar la ley, pero también de cumplir con los deberes que nos atañen a todos
.
–¿Estaría usted por el regreso a los cuarteles?
–Npsptros estamos porque se establezca una policía debidamente capacitada que pueda hacerse cargo de esta función, y que este trabajo de apoyo que está llevando a cabo el Ejército vaya muy de la mano con la capacitación de policías. Se debe seguir capacitando para tener la policía que se requiere, que es la autoridad que deberá hacerse cargo.
Por otra parte, Plascencia rechazó que la mayor parte de las quejas que se promueven ante la CNDH sean de familiares de delincuentes. Esto no es así; quienes acuden a la CNDH son víctimas del delito, personas que han sido agredidas por la delincuencia y que en muchas ocasiones vuelven a ser victimados por servidores públicos que no atienden su denuncia.
Aseveró que ha conversado en varias ocasiones con el presidente Felipe Calderón, a quien le ha externado la preocupación que existe en torno a la observancia de los derechos humanos en esta lucha contra el crimen.
Por otra parte, consideró muy importante que la Cámara de Diputados apruebe las reformas que en su momento avaló el Senado relacionadas con los alcances de las recomendaciones de la CNDH. Es importante, dijo, porque revitalizaría las funciones de la institución y obligaría a aquellos servidores públicos que rechazaran un recurso de esta naturaleza a explicar públicamente las razones por las cuales no lo admiten.
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