México: Más de 10 años tras la justicia…
campesinos ecologistas llegaron a la CIDH
Su lucha por la defensa de los recursos naturales se opuso a oscuros intereses económicos, políticos y caciquiles
Jaqueline Sáenz/Centro Prodh | Prensa Indígena
La coordinadora del área de defensa integral del Centro Prodh litigará ante la Corte Interamericana los próximos 26 y 27 de agosto el caso de los campesinos ecologistas.
El caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera continúa vigente. Agotado en las instancias nacionales, siguió su camino ante las instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En junio de 2009 fue sometido por la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En 1998 la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán surgió para defender los bosques de la sierra de Guerrero. Su lucha por la defensa de los recursos naturales se opuso a oscuros intereses económicos, políticos y caciquiles.
Los integrantes de la organización lograron que la maderera estadounidense Boise Cascade, que actuaba con la aquiescencia de autoridades y grupos de poder regionales, terminara operaciones en la zona. Sin embargo esta acción exitosa tuvo un alto costo para los campesinos organizados: el gobierno mexicano los reprimió.
Los militares que detuvieron y torturaron a Rodolfo y Teodoro alegaban que los campesinos habían disparado contra ellos por lo que repelieron la agresión. Pese a las denuncias de tortura, éstas no fueron investigadas pues fueron conocidas por el fuero militar, no obstante lo señalado por estándares internacionales en el sentido de que las autoridades castrenses no deberían conocer de casos que implican violaciones a los derechos humanos cometidas por personal militar.
El modus operandi del Ejército persiste. Actúa fuera de la legalidad: cuando sus integrantes violan derechos humanos, debido a que no hay controles civiles efectivos, las investigaciones son escasas y manipuladas. A la impunidad originada en la indebida extensión del fuero militar se agrega la inexistencia de protocolos para el uso de la fuerza pública en tareas de seguridad.
El Centro Prodh ha señalado por años los riesgos de la militarización y de la actuación del Ejército en tareas de seguridad pública, antes en zonas rurales, ahora en zonas urbanas. Desafortunadamente no ha habido cambios estructurales, el Ejército ha permanecido intocado y su poder ha ido en aumento.
Es elocuente que los últimos casos conocidos por la Corte Interamericana estén relacionados con la militarización en Guerrero, con la extensión del fuero militar y con la falta de recursos efectivos de las víctimas para oponerse a que sus casos sean investigados por militares.
En la más reciente sentencia de la Corte Interamericana se ordenó a México que modifique el uso de la jurisdicción militar y realice las adecuaciones necesarias a la ley de amparo para que las víctimas accedan a la justicia; hasta hoy no se ha cumplido tal resolución. Es probable que haya sentencias en el mismo sentido por los casos de Inés Fernández, Valentina Rosendo, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Los ecologistas pasaron dos años y medio en prisión. Ellos y sus familias no olvidan la detención ni las carencias derivadas de esta injusticia. Ubalda (esposa de Rodolfo) debía viajar cinco horas para llegar al penal de Iguala. Al mismo tiempo tenía que hacerse cargo de sus hijos e hijas. Una vez excarcelados, por razones humanitarias, salieron de sus comunidades y de Guerrero para no volver; los riesgos a su seguridad personal eran muchos.
Desde entonces añoran la tierra donde nacieron y en donde, hasta antes del 2 de mayo de 1999, habían vivido al lado de sus familiares y amigos. Ahí tenían cuanto necesitaban: familia, casa, tierra para sembrar y criar animales y los bosques. En la actualidad viven en el exilio.
El 26 de agosto Rodolfo Montiel rendirá su testimonio ante los jueces de la Corte Interamericana, con la representación del Centro Prodh y Cejil. Con la entereza y valentía que lo caracterizan se dirigirá al Estado para señalarle de frente las graves violaciones de las que fue objeto y de las cuales es directamente responsable el gobierno mexicano.
La Corte deberá condenar al gobierno mexicano y su sentencia deberá incluir la reparación para las víctimas y sus familias, que no se reduce a lo económico; además, deberá ordenar diversas medidas para que estos hechos no se repitan y se logren cambios estructurales en el sistema de justicia penal, militarización y uso de jurisdicción militar, prevención e investigación del uso de la tortura, protección a los defensores de derechos humanos, entre otras.
Su lucha lleva más de 10 años. Mantienen firme la exigencia de justicia porque confían en que su caso sirva para que otras personas no padezcan lo que ellos han tenido que soportar.
Información Prodh. informacion@centroprodh.org.mx
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