16/08/2010

Reporte del Centro ProDH



Más de 10 años tras la justicia...

  • La coordinadora del área de defensa integral del Centro Prodh litigará ante la Corte Interamericana los próximos 26 y 27 de agosto el caso de los campesinos ecologistas.

Por Jaqueline Sáenz/Centro Prodh

El caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera continúa vigente. Agotado en las instancias nacionales, siguió su camino ante las instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En junio de 2009 fue sometido por la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En 1998 la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán surgió para defender los bosques de la sierra de Guerrero. Su lucha por la defensa de los recursos naturales se opuso a oscuros intereses económicos, políticos y caciquiles. Los integrantes de la organización lograron que la maderera estadounidense Boise Cascade, que actuaba con la aquiescencia de autoridades y grupos de poder regionales, terminara operaciones en la zona. Sin embargo esta acción exitosa tuvo un alto costo para los campesinos organizados: el gobierno mexicano los reprimió.

Los militares que detuvieron y torturaron a Rodolfo y Teodoro alegaban que los campesinos habían disparado contra ellos por lo que repelieron la agresión. Pese a las denuncias de tortura, éstas no fueron investigadas pues fueron conocidas por el fuero militar, no obstante lo señalado por estándares internacionales en el sentido de que las autoridades castrenses no deberían conocer de casos que implican violaciones a los derechos humanos cometidas por personal militar. El modus operandi del Ejército persiste. Actúa fuera de la legalidad: cuando sus integrantes violan derechos humanos, debido a que no hay controles civiles efectivos, las investigaciones son escasas y manipuladas. A la impunidad originada en la indebida extensión del fuero militar se agrega la inexistencia de protocolos para el uso de la fuerza pública en tareas de seguridad.

El Centro Prodh ha señalado por años los riesgos de la militarización y de la actuación del Ejército en tareas de seguridad pública, antes en zonas rurales, ahora en zonas urbanas. Desafortunadamente no ha habido cambios estructurales, el Ejército ha permanecido intocado y su poder ha ido en aumento. Es elocuente que los últimos casos conocidos por la Corte Interamericana estén relacionados con la militarización en Guerrero, con la extensión del fuero militar y con la falta de recursos efectivos de las víctimas para oponerse a que sus casos sean investigados por militares. En la más reciente sentencia de la Corte Interamericana se ordenó a México que modifique el uso de la jurisdicción militar y realice las adecuaciones necesarias a la ley de amparo para que las víctimas accedan a la justicia; hasta hoy no se ha cumplido tal resolución. Es probable que haya sentencias en el mismo sentido por los casos de Inés Fernández, Valentina Rosendo, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Los ecologistas pasaron dos años y medio en prisión. Ellos y sus familias no olvidan la detención ni las carencias derivadas de esta injusticia. Ubalda (esposa de Rodolfo) debía viajar cinco horas para llegar al penal de Iguala. Al mismo tiempo tenía que hacerse cargo de sus hijos e hijas. Una vez excarcelados, por razones humanitarias, salieron de sus comunidades y de Guerrero para no volver; los riesgos a su seguridad personal eran muchos. Desde entonces añoran la tierra donde nacieron y en donde, hasta antes del 2 de mayo de 1999, habían vivido al lado de sus familiares y amigos. Ahí tenían cuanto necesitaban: familia, casa, tierra para sembrar y criar animales y los bosques. En la actualidad viven en el exilio.

El 26 de agosto Rodolfo Montiel rendirá su testimonio ante los jueces de la Corte Interamericana, con la representación del Centro Prodh y Cejil. Con la entereza y valentía que lo caracterizan se dirigirá al Estado para señalarle de frente las graves violaciones de las que fue objeto y de las cuales es directamente responsable el gobierno mexicano. La Corte deberá condenar al gobierno mexicano y su sentencia deberá incluir la reparación para las víctimas y sus familias, que no se reduce a lo económico; además, deberá ordenar diversas medidas para que estos hechos no se repitan y se logren cambios estructurales en el sistema de justicia penal, militarización y uso de jurisdicción militar, prevención e investigación del uso de la tortura, protección a los defensores de derechos humanos, entre otras.

Su lucha lleva más de 10 años. Mantienen firme la exigencia de justicia porque confían en que su caso sirva para que otras personas no padezcan lo que ellos han tenido que soportar.


Por defender los bosques, permanecen en el exilio

  • Como si se tratara de una segunda prisión, Rodolfo Montiel vive exiliado tras sufrir tortura, atropellos y cárcel por defender los bosques de Guerrero en los años 90.

En entrevista telefónica para El Universal, Rodolfo Montiel, desde el exilio, habla sobre cómo ha sido el largo camino recorrido en busca de justicia. Un camino que también han transitado Teodoro Cabrera y los otros campesinos ecologistas que hace más de 10 años se organizaron para defender los bosques de la sierra de Petatlán.

Defender los bosques de la sierra de Petatlán, Guerrero, lo llevó a ser torturado, pasar más de dos años en la cárcel, a vivir en el exilio, separarse de su familia y a denunciar al Estado mexicano. Rodolfo Montiel Flores no se arrepiente: "Si no hubiéramos enfrentado esta lucha, ya se hubieran terminado los bosques de Petatlán. Pienso que sí valió la pena. Sigo pensando que si yo volviera a nacer, volvería a luchar por lo mismo".

Rodolfo, a sus 55 años, cuenta sobre las secuelas que le dejó la tortura que sufrió cuando fue detenido por los militares: "Me lastimaron con las amarraduras en mis brazos, desde aquel entonces se me caen las cosas de las manos, no tengo suficiente fuerza y no es por la edad, no es por la vejez, es por lo que pasó". Agregó sobre la audiencia en la CIDH: "Ya que en México no encontramos justicia, pienso que allá sí la vamos a encontrar". El 13 de junio de 2005, Rodolfo tuvo que salir del país. Pidió asilo político y se lo concedieron, porque se comprobó que en México no existían condiciones para garantizar su seguridad.

El acoso hacia los fundadores de la Ocesp, por parte de caciques, continuaba. Por ejemplo, dos hijos de Albertano Peñaloza fueron asesinados y Felipe Arriaga —otro de los líderes de los campesinos ecologistas— fue acusado de asesinar a un hijo de Bernardino Bautista en 1998. Después se demostró su inocencia.

Sobre cómo es ahora su vida, Montiel comparte que "He vivido todos estos años… como si siguiera preso. No puedo decir: Vivo en tal parte, decirle a mis amigos y poder estar con mi familia tranquilo. He vivido separado de mi familia... Aunque ya tengo más de cinco años acá, todavía no me he podido acostumbrar, porque no vivo al lado de mi familia. Yo no pude ver crecer a mis hijos, abrazarlos y darles el cariño que ellos se merecen", se lamenta.

Si la Corte internacional da su veredicto a favor de ambos campesinos, y exige al gobierno mexicano que los declare inocentes públicamente y que les den garantías de que pueden vivir tranquilos, posiblemente se regresaría a México. La mejor recompensa, dice Rodolfo, sería "que nos declaren inocentes, que se respete el derecho de mis compañeros y de todos los campesinos mexicanos y, pues pienso que se castigue a los culpables, que a los militares que nos torturaron en 1999 se les suspenda, que ya no ejerzan como militares. Que dejen vivir en paz a la gente. Con eso yo me sentiría muy feliz."

Link para ver el documental: "Campesinos ecologistas" en línea: http://vimeo.com/13912428


Esta recopilación también puede ser consultada en:
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/


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