OSC condenan asesinato de Nepomuceno Moreno

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OSC condenan asesinato de Nepomuceno Moreno

Varias organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en contra del asesinato de Nepomuceno Moreno Núñez, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), perpetrado el pasado 28 de noviembre de 2011 en Hermosillo, Sonora.

Nepomuceno Moreno Núñez se integró a la Caravana del MPJD para denunciar la desaparición forzada de su hijo Jorge Mario Moreno León, que según su testimonio fue detenido el 1 de julio de 2010 por policías del estado de Sonora cerca de Ciudad Obregón. Don Nepomuceno se convirtió también en un activista por la paz y colaboraba en los casos de otras personas desaparecidas en el estado de Sonora, así como en las diversas manifestaciones pacíficas de dicho Movimiento.

Nepomuceno recibió amenazas de muerte relacionadas con la búsqueda en el caso de su hijo y solicitó medidas de protección tanto al gobierno del estado como al gobierno federal no implementaron. Incluso, Nepomuceno participó en el segundo encuentro del Movimiento por la Paz con el Ejecutivo Federal en el antiguo Alcázar de Chapultepec, en donde entregó el caso de su hijo al Presidente Felipe Calderón y le solicitó medidas de protección. Pero en ningún caso recibió dichas medidas y esta omisión le costó la vida.

Ante el difícil momento que viven las y los defensores de derechos humanos y la falta de garantías para realizar su labor, las organizaciones exigieron implementar de inmediato las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los y las familiares de Nepomuceno Moreno Núñez; realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno al asesinato de Nepomuceno Moreno Núñez, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente y aplicarles las sanciones penales previstas por la ley.

Los medios destacan

Se ‘entregan’ | Reforma

Un grupo de ciudadanos que firmaron la demanda en contra de Calderón se entregó ayer simbólicamente ante la PGR, en un acto de protesta, señalando que con el desplegado del Gobierno Federal se han incrementado las 23 mil firmas ciudadanas que respaldan la denuncia y convocó a los ciudadanos adherirse.

Exigen no criminalizar a activista | Reforma

Activistas exigen no criminalizar a Nepo, pues ayer, la Procuraduría de ese Estado señaló que la principal línea de investigación en el homicidio es la delincuencia organizada y que incluso en la desaparición del hijo también estaría involucrado el crimen organizado.

Vigilará la CNDH programa Paisano | El Universal

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) supervisará la operación del programa Paisano de Invierno 2011, a fin de garantizar atender las posibles quejas de mexicanos que regresen al país, procedentes de Estados Unidos y Canadá.

Cárcel vitalicia a plagiarios que maten o mutilen a sus víctimas | La Jornada

La Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, para instaurar en el país la pena de “prisión vitalicia” a plagiarios que asesinen, mutilen o torturen a sus víctimas, pero los propios legisladores reconocieron que dejaron fuera la imprescriptibilidad del delito.

Ante feminicidio de mujer indígena: ¡exigimos justicia! | Cencos,

Ignacia Lara García, indígena originaria de Cuentepec, Temixco, Morelos, de 72 años de edad, fue asesinada el 21 de noviembre. La Comisión Independiente de Derechos Humanos reclama investigación a fondo y la tipificación del crimen como feminicidio.

OSC condenan el asesinato de Nepomuceno Moreno Núñez | Cencos

Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro rechazo por el asesinato de Nepomuceno Moreno Núñez, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), perpetrado el pasado 28 de noviembre de 2011 en Hermosillo, Sonora.

Congreso Nacional Indígena, San Mateo del Mar, territorio Ikoots, Istmo de Tehuantepec | Pozol Colectivo, Zapateando

“En este Taller Nacional hemos analizado la problemática generada en nuestros pueblos por causa de los Megaproyectos impulsados por las empresas transnacionales y los malos gobiernos federal y de diversos estados”.

La frase del día

“(…) compartimos la preocupación de que el gobierno federal entable acciones legales en contra de los 23 mil ciudadanos mexicanos que, en pleno ejercicio de su derecho de acudir a instancias legales internacionales, han ofrecido información al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para que, de acuerdo con el articulo 15 del Estatuto de Roma, se investigue la posible comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tanto por funcionarios públicos como por narcotraficantes en México. Estamos convencidos que esta acción del gobierno violentaría, entre otros, los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos así como los artículos 6 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Independientemente de que la información en cuestión desemboque o no en una investigación del Fiscal de la CPI, sea considerada jurídicamente viable por los jueces de la CPI, o pueda ser o no refutada por el mismo gobierno federal con base en los argumentos jurídicos del caso en cuestión, hoy resulta sumamente preocupante que se pretenda intimidar a los ciudadanos denunciantes al emprender acciones legales en su contra.

Invitamos respetuosamente al gobierno federal y en particular al presidente Felipe Calderón, a que reconsidere esta acción que podría afectar gravemente el estado de derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país.”

La imagen del día

Indigentes tomaron el cabildo como refugio para resguardarse del frío que se ha sentido en la Ciudad de México en los últimos días, en donde se han alcanzado temperaturas por debajo de los 0ºc durante la noche y madrugada. Foto: Valente Rosas / El Universal

Un ojo al gato

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Ciclo de Cine “Crímenes de Estado”: La vida de los otros

La Vida de los Otros

Como parte de la Campaña Siguen Desapareciendo, el Centro Prodh te invita a su última proyección fílmica del año: La Vida de los Otros (Das Leben der Anderen, Alemania, 2006).

Jueves 1 de diciembre a las 19 horas
Auditorio del Centro Prodh (Serapio Rendón 57-B, Col. San Rafaél). Confirma tu asistencia enviando un correo a informacion@centroprodh.org.mx,
Cupo Limitado.

En La Vida de los Otros, el capitán Gerd Wiesler (Ulrich Mühe) es un oficial extremadamente competente de la Stasi, la todopoderosa policía secreta del régimen comunista de la antigua República Democrática Alemana. Pero, cuando en 1984 le encomiendan que espíe a la pareja formada por el prestigioso escritor Georg Dreyman (Sebastian Koch) y la popular actriz Christa-Maria Sieland (Martina Gedeck), no sabe hasta qué punto esa misión va a influir en su propia vida.

Conferencia Magistral: Ciudadania y Megaproyectos. El Caso de la Supervía Poniente

El miércoles 7 de diciembre de las 10.30 a las 13 horas, en el Auditorio de Juárez 222 (Centro de Tlalpan) se llevará a cabo esta conferencia impartida por Cristina Barros y convocada por el CIESAS, como parte del Seminario Permanente Construcción Social de Espacios Urbanos y Regionales. Para mayor información, escribe a intercamq@ciesas.edu.mx

La situación demográfica de México 2011 difiere de los datos que se han dado sobre los ninis

Hay 765,500 jóvenes en estado de inactividad absoluta: Conapo

Podríamos estar frente a un proceso de desafiliación social, señala consultora a partir de las cifras

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 30 de noviembre de 2011, p. 40

Con una metodología que limita al máximo el conteo de ninis (población juvenil en desocupación total), el Consejo Nacional de Población (Conapo) aseveró ayer que en México hay 765 mil 500 jóvenes que aparentemente se encuentran en un estado de inactividad absoluta.

La cifra del Conapo, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, la fija muy por debajo de la que han dado prestigiadas instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otros organismos y dependencias públicas.

El rector de la UNAM, José Narro Robles, subrayó en agosto de 2010 que con base en datos oficiales se concluye que los jóvenes que no estudian ni trabajan son 7 .5 millones y no 285 mil, según aseguraban entonces las secretarías de Educación y de Gobernación.

Hace unos días, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Juventud presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud en la que se detalla que de 36.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad, 20 por ciento no tienen actividad laboral o educativa alguna. Sin embargo, este martes, durante la presentación de La situación demográfica de México 2011, el Conapo dijo que al cuarto trimestre de 2010 estaban en inactividad absoluta 4.9 por ciento de la población económicamente activa juvenil, apenas cinco décimas más que el registro del último trimestre de 2005.

El Conapo dio algunas características de este sector: va en aumento la población masculina (de 62.7 a 72.2 por ciento de 2005 a 2010); tres de cada 10 de los no activos están en la zona centro occidente y una proporción ligeramente menor vive en la región sur-sureste.

En oposición, apenas uno de cada 10 vive en la región noroeste y otro tanto en noreste, es decir, hay ninis en zonas muy pobres o altamente industrializadas o con altos niveles de migración.

Otro hallazgo de las estadísticas del Conapo es que si bien hay más ninis en el entorno urbano, su presencia ha tendido a incrementarse en localidades rurales. De igual forma, la proporción de otros no activos jóvenes que viven en hogares dirigidos por mujeres es un poco mayor al promedio nacional.

Pese a reconocer las características no favorables de este sector, insiste que su presencia es marginal entre la población joven total. Son menos de un millón de jóvenes, predominantemente adolescentes y varones, dijo.

Las estadísticas del Conapo se sustentan básicamente en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, aunque no incluye como no activos a desempleados ni a la población que realiza quehaceres domésticos no remunerados. Por ello afirma que no son más de un millón.

Al respecto, José Luis Palma, director de la consultora Salud y Población, señaló: Esto sí es un fracaso para el país. Es una población inquietante: ¿por qué no se dedican incluso a quehaceres del hogar? Se sabe muy poco de ellos; no hay fuentes de información que nos permitan indagar más. Llama la atención que (en las encuestas) un altísimo porcentaje de ellos ni siquiera da una respuesta de por qué está en esa condición, explicó Palma.

“Lo único que sabe –añadió– es que la mayor parte de los ninis (70 por ciento) son hombres; básicamente adolescentes (entre 14 y 19 años), rasgo que inquieta, porque puede revelar que estamos ante un proceso de desafiliación social, desapego, no integración.”

Al preguntarle sobre el origen de la diferencia entre las cifras de Conapo y las de otras dependencias e instituciones, explicó que dentro de la población económicamente activa (PEA), hay un grupo muy alto de desocupados jóvenes (8.5 por ciento): entonces también a los ninis habría qué sumarle ese porcentaje, consideró.

El estudio del Conapo detalla que de una población nacional total de 112.3 millones (Censo 2010) residen 31.9 millones de jóvenes entre 14 y 29 años de edad, de los cuales 13.2 millones son adolescentes (entre 14 y 19 años); 9.9, adultos jóvenes (20-24 años) y 8.8 entre 25 y 29 años.

En 2010, los jóvenes representaban la tercera parte de la PEA y constituían, sin embargo, más de la mitad de la población.

Al presentar el documento, el secretario general del Conapo, Félix Vélez, indicó que hay trabajos pendientes en esta materia, como la proyección de población que será difundida hasta enero próximo porque se halla en revisión.

Tapan ‘moreirazo’ hasta el año 2019

Las condiciones en que se fraguó el denominado “moreirazo”, que disparó la deuda de Coahuila hasta un 19 mil 270 por ciento a través de la falsificación de documentos oficiales y prácticas irregulares, podrán conocerse hasta el año 2019.

Sin citar un argumento legal directo, la Auditoría Superior del Estado reservó por ocho años la información contenida en la cuenta pública de 2010 al responder a una solicitud de información vía transparencia presentada por Grupo REFORMA el 31 de octubre pasado.

De este modo, las cuentas del último año de Humberto Moreira como Gobernador de Coahuila, hoy presidente nacional del PRI, permanecerán blindadas hasta más de un año después de que concluya el mandato de su hermano Rubén, quien mañana toma posesión de la Gubernatura.

Para cuando la información esté disponible, algunos de los posibles delitos cometidos en el caso podrían haber prescrito, debido a que en Coahuila se dejan de perseguir en un año aquellos ilícitos que no ameritan prisión y en mínimo tres años los que sí contemplan cárcel.

La reserva de los documentos de los créditos que elevaron de 184 millones de pesos a 35 mil 457 millones la deuda estatal durante la Administración de Moreira fue decidida por el organismo que preside Armando Plata Sandoval, designado por el Congreso como Auditor Superior en 2007, precisamente a propuesta de Humberto Moreira.

La solicitud de acceso a la información presentada por Grupo REFORMA pidió a la Auditoría estatal copia simple de todos y cada uno de los documentos que integran la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Coahuila correspondiente al ejercicio fiscal del año 2010.

“La información por usted solicitada fue clasificada como información reservada”, expresa la Auditoría en su respuesta, “siendo información reservada en su totalidad la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2010.

“Dicha reserva podrá durar hasta por el periodo de ocho años y dejará de tener dicho carácter cuando venza el plazo de reserva, cesen las causas que dieron origen a su clasificación o por resolución del instituto que revoque o modifique la clasificación de reserva de información”.

Sin embargo, en su escrito, el organismo no da una causa explícita para la reserva y sólo invoca artículos de la Ley de Acceso a la Información del Estado que incluyen las reglas para reservar los datos, pero no mencionan la cuenta pública.

Por el contrario, la fracción XVII del artículo 19 de la misma ley establece como información pública mínima la cuenta pública anual una vez que se presente ante el Congreso del Estado.

Y otra vez: notarías para los cuates

Por segunda ocasión, y a unas horas de que concluya la actual Administración estatal, se entregaron ayer notarías públicas a amigos y funcionarios cercanos al Gobernador de Coahuila con licencia Humberto Moreira.

Esta vez fueron aprobadas 43 fíats o patentes notariales a servidores públicos estatales, ex funcionarios y abogados cercanos al Gobierno del Estado.

Previamente, el 16 de diciembre de 2008, ya se habían autorizado 19 notarías públicas a personas allegadas a Humberto Moreira, entonces Mandatario en funciones.

Entre los beneficiados de ayer están Sergio Sisbeles, secretario particular del actual Gobernador Jorge Torres; Fausto Destenave Kuri, director de la Comisión Estatal de Aguas; Ricardo Treviño Torres, subsecretario de Gobierno, y Sergio Antonio Almaguer, subsecretario de Asuntos Jurídicos.

También Blanca Nelly Guajardo Villarreal, dirigente municipal del PRD y hermana de la diputada federal perredista Mary Telma Guajardo, quien es comadre de Humberto y Rubén Moreira.

Agencia
Reforma

Oliva compró a su consuegra 1.8 mdp en miel sin licitar

El gobernador panista cambió el reglamento de comedores comunitarios para incluir ese alimento Además le dio contratos por 150 mdp a empresas ligadas a parientes de panistas locales

El gobierno de Guanajuato, a través de su DIF estatal, adjudicó sin licitar un contrato de compra de miel por un millón 807 mil 651 pesos a la consuegra del gobernador Juan Manuel Oliva, luego de que se modificaran los lineamientos de los comedores comunitarios, a fin de que se incluyera este alimento. Así lo revela la auditoría realizada a los gastos del DIF del estado de Guanajuato realizados entre 2009 y 2010, que además incluyó la revisión de otras anomalías; entre ellas, la entrega de contratos hasta por 150 millones de pesos a dos empresas ligadas a dirigentes panistas locales. Éstas son: Impulsora Comercial Estrella e Impulsora Comercial la Espiga y en ellas figuran como accionistas familiares de la diputada panista Leticia Villegas Nava, hija del jerarca panista Elías Villegas Torres. La revisión a los gastos del DIF, cuyo patronato preside la esposa del gobernador, Marta Martínez Castro, se efectuó a exigencia del Congreso local luego de que se revelaran en medios locales presuntos actos de corrupción y malos manejos. Ello ocasionó la salida de la directora del DIF, Angélica Silva Castillo, y siete personas más del órgano descentralizado y en su lugar, se nombró a Adriana Rodríguez. Realizada por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del estado, la auditoría señala, en el caso del contrato 4580000566 del 13 de abril de 2010, entregado a la suegra de la hija del gobernador, Elia Margarita Lona Calvo, que ni siquiera se buscó a otros proveedores para hacer el concurso correspondiente. El Informe destaca también que la empresa Impulsora Comercial Estrella, cuya socia mayoritaria es Bárbara Elena Martínez, quien es cuñada de la diputada Villegas Nava, vendió al DIF 940 mil 281 latas de atún que resultó en estado de putrefacción. El contrato fue otorgado también sin licitación y en el caso de las latas de atún resultó que más de 92 mil estaban en mal estado. En ese caso, en lugar de exigir la restitución con cargo al proveedor, el DIF pagó un millón 278 mil pesos adicionales y las cambió por pollo en agua. También reporta irregularidades en el contrato 4580000576 por la compra de paquetes de útiles escolares en 2009 y 2010, a la empresa “Impulsora Comercial La Espiga”, que también tiene como accionista mayoritaria a Bárbara Elena Martínez, por un monto de 40 millones 711 mil 143.51 pesos. La auditoría destaca que por ese contrato, suscrito el 16 de abril del 2010, se abonaron pagos irregulares por un millón 947 mil 751 pesos sin que se hallara evidencia de la recepción de los insumos por parte del DIF. En la revisión aparecen también contratos por 277 mil 262 pesos, con la empresa Operadora Gastronómica A Fuego, de la que es accionista la hija del gobernador, Monserrat Oliva, quien al final devolvió ese monto y con ello evitara la sanción administrativa. Lo que estipula la legislación La ley del Presupuesto General de Egresos del estado de Guanajuato, aprobada por el Congreso local en el transcurso del año 2009, establece que las dependencias de la entidad federativa solamente podrán hacer compras directas —esto es sin concurso o licitación— cuando los montos resulten inferiores a 190 mil pesos. Sin embargo, en el caso de los contratos que asignó de manera directa el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que preside Marta Martínez Castro, esposa del mandatario Juan Manuel Oliva, superan casi 80 veces los límites establecidos en la legislación local.

Mujeres "guardadas" en la morgue de Juárez

Mexico Violento

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ANGELES.- “Tardaron mucho en decidirse, y en entregarla”, dijo en los pasillos de la fiscalía del Estado, una funcionaria pública para referirse al cuerpo de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida en Ciudad Juárez, el 18 de enero de 2008. Las autoridades locales habían retenido el cadáver de la joven en las instalaciones del Servicio Médico Forense “desde hace tiempo”, sin informar con precisión cuánto, y porqué no habían informado a sus familiares.

Adriana tenía 15 años cuando fue secuestrada. Ella y su amiga Griselda regresaban de la Preparatoria Allende, con rumbo a su casa, en un autobús de la ruta Juárez-Zaragoza. Griselda bajó dos cuadras antes de llegar al centro de la ciudad, donde aún vive. Adriana continuaba sola, como todos los días, dos cuadras más en el mismo autobús por la avenida Miguel Ahumada, y caminaría una cuadra por la calle Francisco Javier Mina, para tomar un segundo autobús hacia la colonia Mariano Escobedo, donde vivía con sus padres. A su casa nunca llegó. Y en ese tramo, donde habría estado sola unos 12 minutos antes de tomar el segundo transporte, desaparecieron otras tres jóvenes en diferentes fechas, dos de ellas asesinadas y retenidas en la morgue, y otra identificada en una audiencia de televisión en Los Ángeles, California, sin dar con su paradero.

La madre de Sarmiento publicó en diferentes sitios digitales la desaparición de su hija y la ayudaron a pegar miles de pesquisas por el centro de la ciudad. Sin embargo, estaba totalmente destrozada por el dolor, y no pudo continuar con el resto de las madres que se han organizaban para seguir buscando a sus hijas.

Adriana Sarmiento

Cadáveres guardados por años

“El cuerpo de Adriana Sarmiento pudo haber sido retenido en la morgue por un año o más”, señaló una fuente oficial que guardamos su anonimato por seguridad. Así fue el caso de Hilda Gabriela Rivas Campos, de 16 años, desaparecida en febrero de 2008 y asesinada ese mismo año. Su cadáver lo encontraron en el Kilómetro 57 del Valle de Juárez, y fue retenido en la morgue durante tres años hasta que las autoridades decidieron notificar a su madre, el 27 de septiembre de 2011, alegando “que tenían que hacer la prueba de ADN y compararlas con las muestras que dan los familiares de las víctimas”.

Carmen Castillo, madre de Mónica Liliana Delgado Castillo, esperó mucho menos para que las autoridades notificaran y entregaran el cadáver de su hija. Mónica desapareció en enero de 2011 y tenía 18 años. Su cuerpo también fue localizado en el Kilómetro 57, a los días de haber sido asesinada y lo entregaron nueve meses después, junto con el de Hilda Gabriela, el mismo 27 de septiembre, en una conferencia de prensa organizada por las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a la que Carmen Castillo prefirió no asistir.

También han sido “guardados” siete cadáveres de mujeres sin identificar y sin informar oficialmente a la opinión pública, que fueron encontrados en Loma Blanca, del Valle de Juárez. Se desconoce el tiempo y las circunstancias por las que las guardan en la morgue, pese a que las madres de las desaparecidas están en constante búsqueda de sus hijas y preguntando a la Fiscalía por los avances de las investigaciones.

El cuerpo de Jazmín Villa Esparza es otro de los que se encuentra en la morgue. Ella desapareció el 3 octubre de 2010, de 13 años de edad. Fue encontrada sin vida en el poblado de San Agustín, según afirmó la fuente oficial a Los Ángeles Press, sin que se sepa con precisión desde cuándo está en las instalaciones del servicio forense.

Su madre, Isela Esparza Morales, reclamaba a la Fiscalía del Estado, en febrero de 2011, que “a su hija no la buscaban”, que “a nadie le importaba, porque no se había hecho un solo rastreo”. Sin embargo, no recibió ayuda ni información alguna sobre el avance de la investigación, y el cuerpo de su hija podría haber estado ya desde entonces en la morgue.

15 cadáveres más

Recientemente, encontraron otros quince cadáveres de mujeres, enterrados en una misma fosa, en el Valle de Juárez. Esta información tampoco la han querido dar oficialmente las autoridades y todavía se desconoce el lugar exacto donde fueron encontrados. Los cuerpos, retenidos en el Servicio Médico Forense, algunos se encuentran con ropa y otros completamente desnudos. Las edades oscilan entre los 17 y los 20 años. Son cuerpos con rastros de violencia, de sadismo, algunos mutilados.

“Van a buscar la manera de cómo entregarlos”, señala la fuente, “pero parecería que retienen los cadáveres con dolo, como si no quisieran entregarlos. Quizá por no sembrar el terror, pero es la misma historia desde 1993, nada ha cambiado”, lamenta.

De 26 cadáveres de mujeres que han sido retenidos en la morgue, incluyendo el de Adriana Sarmiento, ya han sido identificados y entregados dos a sus familiares, el de Hilda Gabriela Rivas y el de Mónica Liliana Delgado, encontrados en el Kilómetro 75. Otro cadáver ha sido identificado como Jazmín Villa Esparza, encontrado en San Agustín, y no ha sido notificado a su madre. Hay siete cadáveres sin identificar que fueron encontrados en Loma Blanca, y otros 15 más, también sin identificar, encontrados en el Valle de Juárez, sin precisar el poblado.

La Fiscalía General del Estado tiene muchas respuestas que dar a las madres de Juárez. Por lo pronto, las preguntas se quedan en el aire, ¿dónde las encontraron? ¿Cuánto tiempo llevaban enterradas? ¿Cuánto tiempo llevan en la morgue? ¿Por qué ocultan las autoridades la información? ¿Por qué desaparecen pistas? ¿Quiénes eran en vida estos cuerpos masacrados?

Felipe Calderón a la HAYA...

La reacción ante la denuncia en La Haya refleja totalitarismo, señala el obispo Raúl Vera

El Presidente está enconado; no entiende su función de jefe de Estado: Ackerman

Periódico La Jornada
Martes 29 de noviembre de 2011, p. 9

Abogados especializados en derecho internacional aseguraron que en la denuncia presentada en la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón queda demostrado que ha habido un ataque sistemático contra la población civil mexicana perpetrado por cuerpos policiacos y militares, así como por miembros del crimen organizado, durante la llamada guerra contra el narcotráfico.

Martín Rubio, abogado con más de dos décadas de litigar asuntos de derecho internacional, y John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvieron que hay elementos suficientes para que al menos la CPI inicie la indagatoria.

“Ha habido miles de desplazados y varios civiles muertos en retenes militares y policiacos.

Los criminales han incrementado su actitud violenta contra la población, como respuesta a la aplicación de la estrategia de Calderón, afirmó Rubio, quien ha litigado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ackerman, uno de los abogados que firmaron la demanda, indicó que el fiscal general de la CPI ha recibido información sobre más de un centenar de casos de desaparecidos y ejecutados que han quedado documentados en los expedientes de autoridades mexicanas.

Se acredita, al menos de manera indiciaria, la comisión de delitos contra la humanidad y de guerra, ya que muchas víctimas fallecieron por un ataque sistemático contra la población emprendido por sicarios al servicio de grupos criminales, pero también, en algunos casos, por miembros de las fuerzas armadas y policiacas, afirmó.

Consideró que la respuesta del mandatario fue de una enorme torpeza y refleja la reacción típica de un dictador.

Muchas oportunidades

Esa respuesta, agregó Ackerman, nos habla de un Presidente totalmente desubicado. No entiende su función de jefe de Estado; está desesperado, enconado. Ya la sociedad civil le ha dado muchas oportunidades; Javier Sicilia apeló a su buena fe, la UNAM a su inteligencia para cambiar la estrategia de combate al crimen organizado, nosotros recurrimos a la justicia internacional.

La directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Rocío Culebro, destacó: me parece desmedida la reacción del Presidente. No estamos haciendo ninguna difamación; simplemente estamos hablando de una serie de casos que ya le fueron reportados en su momento por distintas organizaciones y por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Lo nuevo es que ante la desesperación y la impunidad se recurre a una instancia internacional.

El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, afirmó que la reacción de Calderón refleja totalitarismo e intolerancia.

Sostuvo que la denuncia ante la CPI “tiene argumentos válidos y hace referencia a situaciones reales; lo vemos en el caso de las desapariciones forzadas, ejecuciones y secuestros de migrantes documentados por la CNDH”.

El obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Felipe Arizmendi Esquivel, afirmó: creo que no hay culpa personal de Calderón; es decir, no es él quien está mandando asesinar a las personas; está enviando a las policías, y sobre todo al Ejército, para proteger a la comunidad.

De visita en Jalapa, Veracruz, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, opinó que la postura de Calderón es desafortunada y muestra una faceta de intolerancia.

Expuso que recurrir ante instancias judiciales internacionales es un derecho de los ciudadanos y los gobiernos no tienen justificación para arremeter contra los que hacen uso de esa prerrogativa.

En gira de trabajo por Aguascalientes, el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Juan de Dios Castro, calificó de infundada la querella contra Calderón y aseguró que no va a prosperar, porque no se agotaron los recursos en las instancias locales.

Reiteró que las acciones del mandatario están plenamente justificadas, ya que incluso quienes desaprueban la lucha contra el crimen no han propuesto otra solución viable al problema.

(Víctor Ballinas y Alfredo Méndez, reporteros; Leopoldo Ramos, Elio Henríquez, Andrés T. Morales y Claudio Bañuelos, corresponsales)

Observatorio presenta su informe anual en la Ciudad de México

Observatorio presenta su informe anual en la Ciudad de México

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Representantes de diferentes organizaciones de Centroamérica, Sudamérica y México presentaron el día de ayer el Informe Anual 2011 del Observatorio de Derechos Humanos.

El Observatorio para la Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos realiza acciones en todos los países del mundo y está encabezado por la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos.

El informe presentado abarca un análisis sobre la situación de las y los defensores, entre enero de 2010 a abril de 2011. Está basado en las intervenciones que ha tenido el Observatorio en más de 500 casos en 72 países del mundo. Éstas han surgido de la información que las diversas organizaciones, tanto de la Federación Internacional como la OMCT, han realizado para solicitar la intervención de organismos internacionales con respecto a la situación de varias defensoras y defensores. Dado que, en muchos países la organización de la Sociedad Civil es difícil, las organizaciones se dieron a la tarea de realizar no sólo un análisis local, sino regional, para resolver esta carencia.

Jahel Quiroga, Presidenta de la Corporación Reiniciar, Colombia, resaltó el ambiente de violación de derechos humanos que se vive en situaciones de conflicto armado interno, e hizo énfasis en la lucha y represión que viven campesinos y líderes sociales por regresar a sus tierras usurpadas. “Colombia, tristemente, sigue siendo el país en que se asesinan más sindicalistas en la región; y el más peligroso para ellos en el mundo”.

La detención arbitraria, la represión en contra de la protesta social y la militarización en Honduras fueron descritas por Bertha Oliva. Señaló que “el hecho de que Honduras se haya reintegrado a la OEA, no significa que hayamos tenido un testamento jurídico; estamos con la Constitución rota”. Entre las víctimas de represión social, se señalaron los 50 asesinatos de abogados, 18 maestros, 56 campesinos y campesinas; 22 periodistas; además de describir a la militarización de la seguridad ciudadana como “total y absurda”.

“Yo creo en el Sistema Interamericano, creo en sus medidas cautelares, pues salvan vidas y regulan gobiernos”, de esta forma describió Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, un credo de defensor, comprometido a que se respeten los derechos de quienes cumplen una sentencia en las cárceles de Venezuela. Señaló que los defensores de derechos humanos “somos esa piedrita que molestamos, porque trabajamos por convicción en lo que creemos; además, no trabajamos por algún color político, trabajamos por un mismo color, el de los derechos humanos”.

Finalmente, Silvia Velázquez, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos puso su caso como ejemplo del fracaso de las autoridades en cuanto al acatamiento de las medidas cautelares de protección que dicta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mencionó que el gobierno dejó ir “la oportunidad de sanar heridas” al haber realizado el acto de aceptación de responsabilidad en el caso de Rosendo Radilla sin acompañamiento de los familiares de las víctimas.

Además, se tuvo la presencia simbólica de Ales Bialiatski, Presidente del Centro de Derechos Humanos “Viasna”, en Bioelorrusia, y Vicepresdiente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, detenido arbitrariamente como represalia por su actividad de defensa de los derechos humanos en Bielorrusia desde el 4 de agosto de 2011.

Inés y Valentina piden a la SCJN revise el cumplimiento de sus sentencias

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Valentina Rosendo e Inés Fernández

El día de ayer, 28 de noviembre, Inés Fernández y Valentina Rosendo solicitaron formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenar la creación de un expediente “Varios” para que se analicen las obligaciones que surgen para el Poder Judicial de la Federación a partir de las sentencias dictadas en su caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

El 1 de octubre del año pasado, esta instancia internacional sentenció al Estado mexicano por las violaciones a derechos humanos que Inés y Valentina sufrieron al ser víctimas de violación sexual y tortura por parte del Ejército mexicano; sin embargo, a más de un año de emitida la sentencia, el fallo permanece incumplido por parte de la Secretaría de Gobernación.

La solicitud hecha ante la SCJN refiere el fallo que este órgano realizó con el caso “Rosendo Radilla”, en el que la mayoría de sus integrantes refrendaron que las sentencias de la CoIDH son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano. En este sentido, el análisis del caso de Inés y Valentina permitirá que la SCJN estudie los parámetros que las sentencias del Tribunal Imperamericano imponen respecto a la investigación y juzgamiento de delitos vinculados con la violencia de genero; sobre todo, de lo relacionado con los casos de agresiones sexuales. De esta forma, se estará contribuyendo al cumplimiento de la Sentencia que, hasta el momento, no ha tenido avance alguno.

Mediante la solicitud presentada, Inés Fernández y Valentina Cantú, junto con las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan, esperan que en el menor tiempo posible un Ministro o Ministra haga suya la solicitud, valore las obligaciones que México debe cumplir en su caso y se pronuncie al respecto.

Los medios destacan

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Critican activistas la reacción de FCH | Reforma

José Rosario Marroquín consideró que habría que demostrar cuántos de los alrededor de 25 mil denuncias ante la CNDH son realmente casos de violación a los derechos humanos, son reflejo de la actual política de seguridad en la que un incremento de mayor combate a la delincuencia ha ido aparejada de un incremento en violaciones a los derechos humanos.

Matan a activista del Movimiento por la Paz | La Jornada

Moreno recibió cinco impactos de bala cuando detuvo su camioneta Silverado 1997, color azul, en una esquina de la Colonia Centenario, en Hermosillo. Señalan que había solicitado seguridad ante Felipe Calderón y que había recibido en los últimos días muchas amenazas.

Acusan agresiones a defensores de derechos humanos | Excélsior

Observatorio internacional compara la situación en México con la de Argelia, China y Rusia, entre otras naciones, en cuestiones como encarcelamientos sistemáticos, hostigamientos y amenazas a defensoras y defensores.

Abandonan en Tabasco a 250 guatemaltecos | La Jornada

Sesenta y ocho familias oriundas de la Comunidad Nueva Esperanza, refugiadas en Tabasco desde agosto, viven sin apoyo de las autoridades de su país ni de las mexicanas, después de que los soldados guatemaltecos las expulsaron de su pueblo con el pretexto de hallarse en una reserva natural y de tener relación con la delincuencia organizada.

Ante feminicidio de mujer indígena: ¡exigimos justicia! | Cencos, Ignacia Lara García, indígena originaria de Cuentepec, Temixco, Morelos, de 72 años de edad, fue asesinada el 21 de noviembre. La Comisión Independiente de Derechos Humanos reclama investigación a fondo y la tipificación del crimen como feminicidio.

México: Nepomuceno Moreno del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad fue asesinado. Buscaba a su hijo desaparecido | Kaos en la Red, Mientras buscaba a su hijo, fue asesinado en Hermosillo. Según testigos, el auto en el que viajaba el activista transitaba por la calle Pesqueira y al doblar por Reforma le alcanzó otro vehículo, desde el cual le dispararon.

Nuestro pueblo sigue resistiendo: Comunicado San Sebastian Bachajón de Agua Azul Chiapas – CNI en San Mateo del Mar, Oaxaca | Zapateando, Desde el ejido de San Juan Bachajón, adherentes a la Otra Campaña comparten sus experiencias de lucha. Se solidarizan con los encarcelados injustamente, con quienes se niegan a dejarse comprar y vender sus tierras por los intereses del gobierno.

La frase del día

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“No sé si presentarme como la defensora con medidas cautelares que el gobierno federal no ha querido acatar, pues gracias a ello no he podido regresar a mi ciudad de origen”;

con esta frase inició el día de ayer Silvia Velázquez, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, su discurso en la presentación del Informe Anual del Observatorio. Aunado a esto, no podemos dejar de hacer mención de la situación similar en la que vivió Nepomuceno Moreno, integrante del Movimiento por la Paz, quien fue asesinado el día de ayer, sin dejar de mencionar que él mismo había solicitado al presidente Calderón medidas cautelares para protección, ante las amenazas que había recibido.

¡Ahí está el detalle!

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Inseguridad e ineficiencia: hartazgo de la sociedad

Simón Vargas Aguilar
En La Jornada

La última Encuesta sobre percepción de inseguridad ciudadana en México muestra porcentajes de un país que tiene miedo a la delincuencia y escepticismo ante las estrategias del gobierno. Sólo un 14 porciento considera que Calderón ganará la guerra contra la delincuencia y un 45% ha decidido no salir de noche. Es este contexto ideal para “la mano dura” y la negociación con el crimen organizado.

Un ojo al gato

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Ciclo de Cine “Crímenes de Estado”: La vida de los otros

La Vida de los Otros

Como parte de la Campaña Siguen Desapareciendo, el Centro Prodh te invita a su última proyección fílmica del año: La Vida de los Otros (Das Leben der Anderen, Alemania, 2006). Será el jueves 1 de diciembre a las 19 horas en el Auditorio del Centro Prodh (Serapio Rendón 57-B, Col. San Rafaél). Confirma tu asistencia enviando un correo a informacion@centroprodh.org.mx, pues el cupo es limitado. En La Vida de los Otros, el capitán Gerd Wiesler (Ulrich Mühe) es un oficial extremadamente competente de la Stasi, la todopoderosa policía secreta del régimen comunista de la antigua República Democrática Alemana. Pero, cuando en 1984 le encomiendan que espíe a la pareja formada por el prestigioso escritor Georg Dreyman (Sebastian Koch) y la popular actriz Christa-Maria Sieland (Martina Gedeck), no sabe hasta qué punto esa misión va a influir en su propia vida.

Conferencia Magistral: Ciudadania y Megaproyectos. El Caso de la Supervía Poniente

El miércoles 7 de diciembre de las 10.30 a las 13 horas, en el Auditorio de Juárez 222 (Centro de Tlalpan) se llevará a cabo esta conferencia impartida por Cristina Barros y convocada por el CIESAS, como parte del Seminario Permanente Construcción Social de Espacios Urbanos y Regionales. Para mayor información, escribe a intercamq@ciesas.edu.mx

Una joven centroamericana declaró haber sido violada por él

Acusarán al INM por encubrir a delegado que pedía favores sexuales

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Domingo 27 de noviembre de 2011, p. 34

La Casa del Migrante La 72 interpondrá una denuncia contra el Instituto Nacional de Migración (INM) por los posibles actos de encubrimiento a favor de Jorge Luis Mendoza Cruz, ex delegado regional del organismo en Tenosique, Tabasco, quien se dio a la fuga en agosto pasado luego de que una migrante indocumentada lo acusara de haberla violado.

Fray Tomás González Castillo, director del albergue, señaló que el funcionario se dedicó durante mucho tiempo a pedir favores sexuales a las migrantes a cambio de darles certificados de estancia regular en el país o visas humanitarias, y logró fugarse gracias a la ayuda de agentes del Grupo Beta, y a la complicidad de las autoridades locales, quienes se tardaron casi tres meses en girar una orden de aprehensión en su contra.

Ya nos habían referido que el delegado le pedía a las mujeres, sobre todo a las menores de edad provenientes de Centroamérica, que se metieran con él para darles papeles de regularización. Estábamos muy alertas de esto, hasta que a finales de febrero de este año llegó al refugio una chica de 14 años de edad a decirnos que él la había llevado a un hotel para violarla, recordó.

Aunque los responsables de la Casa del Migrante denunciaron el presunto delito en mayo, no fue sino hasta finales de agosto que las autoridades judiciales de Tabasco giraron una orden de aprehensión en contra de Mendoza, y para cuando fueron a buscar al funcionario, éste ya había escapado.

“Dicen que se fugó en complicidad con los agentes del Grupo Beta –cuerpo especial del INM dedicado a ayudar a migrantes perdidos en zonas peligrosas– y con otras autoridades. No sabemos en qué va el asunto, pero vamos a presentar una denuncia por el encubrimiento de quienes participaron en esto”, adelantó el religioso.

González subrayó que los secuestros y asesinatos de migrantes en la región de Tenosique continúan ocurriendo gracias a la participación del INM en el negocio, sin que ninguna supuesta limpia en la organización pueda frenarlo. A cada migrante le sacan entre mil 500 y 7 mil pesos, y no se sabe si en realidad están cesando a los funcionarios corruptos o sólo los cambian de sede por un tiempo.

El nivel de impunidad es tal, lamentó, que los ministerios públicos no aceptan las demandas de secuestro de los migrantes, aun cuando éstos exhiban el recibo del sistema de envío de dinero Western Union en donde consta el número de cuenta de los plagiarios a quienes se les depositan los rescates.

Debe recurrirse a tribunales extranjeros cuando aquí se niega la justicia: legisladores

La querella contra Calderón en La Haya, reflejo del error estratégico ante el crimen

El fundamento de la demanda, oportuno y consecuente por la situación que se vive: Frayba

Andrea Becerril, Roberto Garduño y Fernando Camacho

Periódico La Jornada
Domingo 27 de noviembre de 2011, p. 8

La demanda interpuesta ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón, miembros de su gabinete de seguridad y el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, por cometer delitos de guerra y de lesa humanidad en la lucha con el narcotráfico, es pertinente y necesaria debido a la imposibilidad de juzgar dichos crímenes en el país, y para visibilizar aún más el estado de emergencia nacional en el que se vive todos los días, consideraron activistas de derechos humanos.

En tanto, senadores y diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) advirtieron que la denuncia refleja la inconformidad entre buena parte de los mexicanos por los costos de la errada estrategia oficial contra el crimen organizado.

Consideraron que si bien no se puede asegurar que el Ejecutivo federal sea culpable de la muerte de 50 mil mexicanos, en la llamada guerra contra las drogas sí tiene una enorme responsabilidad en este ominoso fenómeno.

El senador perredista Arturo Núñez señaló que, independientemente de si la Corte de la Haya le da entrada a la denuncia, es un aviso para el gobierno federal, que insiste en mantener al Ejército en tareas policiacas, en considerar daños colaterales a los miles de muertos y desaparecidos, y en permitir la impunidad con que actúan los responsables de seguridad pública.

En entrevista por separado, Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, (Frayba) con sede en Chiapas, señaló que la fundamentación del expediente que presentó el abogado Netzaí Sandoval es oportuna y consecuente debido a la tragedia nacional que vivimos hoy. No es posible que ocurran masacres casi a diario y el Presidente siga insistiendo en que no va a parar su estrategia de lucha contra la delincuencia organizada.

Agregó que es previsible que Calderón y sus aliados se resistirán a ser juzgados o admitir su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, como ha ocurrido con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso es necesario que los organismos de la sociedad civil presionen para hacer efectivo el acceso a la justicia.

Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, afirmó que la acción de Netzaí Sandoval es muy oportuna, porque pone en perspectiva los delitos de lesa humanidad que ocurren en el país, en particular las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la tortura.

En muchos de ellos, alertó, hay complicidad del Estado mexicano por acción, omisión o aquiescencia, y se ven afectados ciudadanos inermes sin relación alguna con el crimen organizado. Hay una evidente ruptura del estado de derecho y del debido proceso, como lo comprueban las decenas de abusos que ha documentado esta organización civil en el estado de Baja California.

El senador Ricardo Monreal recalcó que seguramente habrá más denuncias en tribunales internacionales, a las que Calderón tendrá que hacer frente, tarde o temprano, por los 50 mil muertos y casi 10 mil desapariciones forzadas en lo que va de su sexenio.

Si ciudadanos mexicanos acuden a tribunales en el extranjero es porque aquí se les niega la justicia, de hecho la justicia no existe en nuestro país. Estoy seguro que muchos de los funcionarios que hoy se vanaglorian con su estrategia fallida contra el narcotráfico, sin importar la muerte de miles de inocentes ni las violaciones a derechos humanos, van a terminar siendo juzgados en La Haya y otras instancias internacionales.

El senador Arturo Núñez Jiménez expuso que estará atento al desarrollo de esa demanda ante la CPI, a la que, si el tribunal le da entrada, pondrá en la mira internacional la responsabilidad de Calderón y de los secretarios de la Defensa, Marina y Seguridad Pública en la muerte de inocentes, o en la desaparición de civiles y en la violación de derechos humanos de civiles, durante operativos contra narcotraficantes y demás criminales.

En la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario del PAN consideró que Felipe Calderón no es responsable de esos miles de muertos, porque los gobiernos locales (municipales y estatales) son los que no han logrado brindar seguridad a sus gobernados.

Óscar Arce Paniagua (PAN) adelantó que la denuncia no prosperará porque los delitos de lesa humanidad son perseguidos cuando el mandatario o el funcionario da la orden de que se cometan. Los asesinatos han sido del crimen organizado y en los que tiene jurisdicción la Federación son muy pocos, porque aunque deben ser investigados por el fuero federal, los estados no aportan los elementos que sustenten su inclusión.

En contraste, el coordinador del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez, indicó que Felipe Calderón y su actuación sí conllevan responsabilidad porque ha lanzado al Ejército a las calles, sin sustento legal y constitucional, con la intención de investigar y perseguir delitos que sólo corresponden a la autoridad civil.

Jaime Cárdenas, diputado del PT, respaldó la denuncia que se ha difundido por la política de violación a derechos humanos en un combate a la delincuencia que tiene muchas consecuencias, y a pesar de que estará difícil que prospere es de suma importancia que se haya elevado ante un organismo internacional.

Se reúnen en Oaxaca 400 delegados de pueblos de Chiapas, DF, Jalisco, Edomex y Veracruz

Analizan indígenas plan ante embestida de trasnacionales para arrebatarles sus tierras

Denuncian complicidad de autoridades en proyectos que contaminarían sus lagunas y mares

Rosa Rojas

Enviada

Periódico La Jornada
Domingo 27 de noviembre de 2011, p. 17

San Mateo del Mar, Oaxaca, 26 de noviembre. Para repetir el ya basta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e impedir que empresas extranjeras invasoras se apoderen de sus tierras y recursos naturales, se reunieron en esta comunidad ikoots (huave) unos 400 delegados de pueblos indígenas de Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, estado de México, Veracruz y Oaxaca, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Durante la inauguración del Taller de diálogo y reflexión sobre los impactos de las empresas trasnacionales en las regiones indígenas de México, convocado por las autoridades municipales y agrarias de este municipio, diversos delegados coincidieron en que hay una embestida de firmas extranjeras que pretenden apoderarse de tierras para construir parques eólicos, presas hidroeléctricas, acueductos y carreteras, así como explotar la biodiversidad y los recursos naturales, como los minerales y el agua.

Durante el encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de todos los hermanos indígenas caídos en la defensa de la tierra y el territorio.

Al dar la bienvenida a los participantes, José Gutiérrez, presidente del comisariado de bienes comunales de San Mateo del Mar, subrayó que se discutirán estrategias conjuntas de acción y que las palabras de los delegados fraternos en este encuentro serán semilla para que otra vez florezca la resistencia de nuestros pueblos.

Esta comunidad de agricultores y pescadores está ubicada a unos 20 kilómetros de Salina Cruz, la capital petrolera oaxaqueña, en la región más ventosa del Istmo de Tehuantepec.

Precisamente esa cualidad es la que la ha hecho apetecible para las trasnacionales –sobre todo españolas– de energía, para instalar el corredor eólico del istmo (CEI), proyecto al que manifiestan resistencia diversos grupos en Unión Hidalgo, Juchitán e Ixtepec, pero al cual San Mateo del Mar dijo radicalmente no, por consenso de la asamblea comunitaria, informó Gutiérrez.

Somos la única comunidad que no se ha manchado con la corrupción de los diferentes niveles de gobierno, por las prebendas y regalos que ofrecen las empresas, que han sido protegidas por los mandatarios (oaxaqueños), desde José Murat, Ulises Ruiz y ahora Gabino Cué, añadió.

Aseveró que a pesar de lo que afirma el gobierno estatal, en el istmo no existe una paz verdadera, sino que se vive en permanente zozobra por los conflictos territoriales existentes entre San Mateo –también ikoots– y Santa María del Mar por el traslape de límites de sus resoluciones de reconocimiento y titulación de predios.

Mencionó asimismo el conflicto en los Chimalapas, por la entrega de predios a ejidos chiapanecos sobre las tierras comunales zoques de San Miguel y Santa María Chimalapas, los cuales son permidos por los gobiernos para después criminalizar los movimientos sociales y a las comunidades.

El presidente municipal de San Mateo del Mar, Francisco Valle, enfatizó que la negativa de la comunidad al parque eólico fue para evitar la contaminación de sus lagunas, mares y territorio, y porque no están de acuerdo en que las trasnacionales les prohiban sembrar o perforar un pozo, o dejar crecer un árbol en sus tierras, como está ocurriendo en otras comunidades.

Bettina Cruz, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, indicó a su vez que la firma española Preneal se quiere apoderar de toda la laguna superior e inferior de la zona ikoots y ya vendió la energía eléctrica que se va a generar a empresas como Coca Cola y la cervecera Heineken.

En Unión Hidalgo –añadió–, la empresa Renovalia utiliza paramilitares para proteger sus bienes, ante el rechazo de un grupo de propietarios de tierras que se han dado cuenta de que firmaron contratos fraudulentos, sin consulta a la comunidad, vulnerando los derechos de los hombres y mujeres indígenas, con la protección de los tres niveles de gobierno.

A su vez, Álvaro Román, Francisco Sánchez y Ceyla Cruz, representantes de San Miguel Chimalapa, manifestaron su indignación ante el hecho de que el gobernador oaxaqueño se haya sentado a negociar con el titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, y con el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, una posible solución al conflicto de los Chimalapas, sin que ellos estuvieran presentes, los directamente interesados, y sin que hasta la fecha les hayan informado los términos de dicha negociación.

Recordaron que desde el 19 de octubre realizan actos de resistencia pacífica para lograr una solución al problema por las autoridades federales y estatales, bloqueando el acceso al ejido chiapaneco de Díaz Ordaz, a cuyos integrantes han ofrecido regalarles la tierra, pero que se reconozcan como comuneros chi- malapas, sin dejar de ser chiapanecos, a lo que se oponen fuertes intereses de ganaderos y talamontes de Cintalapa.

Ahora temen que se esté preparando un desalojo violento del bloqueo citado.

Utilizaron el Fondo para la Educación Básica y Normal para ese fin en 10 entidades

Recursos de la SEP, desviados para pago a comisionados, y hasta funcionarios locales

Alumnos de la primaria José María Lafragua, de la colonia Paraje Zacatepec, en IztapalapaFoto Jesús Villaseca

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada
Domingo 27 de noviembre de 2011, p. 34

El gobierno federal erogó, a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), 525 millones 373 mil pesos al pago de salarios para docentes comisionados en todo el país durante el tercer trimestre del año. De estos recursos, al menos 76 millones 872 mil 498 pesos fueron canalizados en su totalidad para cubrir actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 10 entidades, mientras que en Zacatecas, 311 mil 177 pesos se destinaron para remunerar a 21 funcionarios estatales y municipales, entre ellos regidores.

Cifras publicadas en el portal electrónico de cumplimiento al artículo 9 del Presupuesto de Egresos de las Federación 2011, actualizado para el periodo de julio a septiembre de 2011 por la Secretaría de Educación Pública (SEP), revelan que sólo 24 de las 32 entidades reportaron personal comisionado en el citado periodo, mientras que en Aguascalientes, Guerrro, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz, no existe información sobre ese rubro.

Otras 11 entidades, con una inversión de poco más de 448 millones de pesos tienen personal comisionado tanto en actividades de representación sindical (sin especificar el porcentaje), pero también en tareas de apoyo técnico pedagógico, unidades administrativas o en funciones distintas a las que corresponden a su clave presupuestal.

Los estados que destinaron en su totalidad los recursos del FAEB para el pago de actividades sindicales son Coahuila, Chiapas, Colima, Durango, estado de México, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán.

En Zacatecas se incluyeron erogaciones a regidores y personal de las secretarías de Planeación y Desarrollo Regional; y de Desarrollo Agropecuario, además del ISSSTEZAC, donde, de acuerdo con el reporte actualizado por la SEP, Alejandro Valdés Díaz, jefe del departamento de Comunicación Social, recibió 8 mil 790 pesos del FAEB, con clave presupuestal 1103079912 E278131.0007458.

En Jalisco, donde tiene asignadas dos plazas docentes el secretario general del SNTE, Juan Díaz de la Torre, con recursos por 41 mil 830 pesos en el tercer trimestre del año, hay personal comisionado, pero sin que se pueda consultar el total de recursos erogados.

El caso de Zacatecas

En cuanto al pago de salarios a funcionarios estatales y municipales, en Zacatecas existen 21 trabajadores comisionados. Sin embargo, todos realizan labores fuera de sus centros educativos. Cinco de ellos en secretarías de gobierno e instituciones de la entidad, y otros 16 en los municipios de Villa Nueva, Villa Hidalgo, Sombrerete, Pinos, General Pánfilo Natera, Villa García, Ojo Caliente, Fresnillo y Nochistlán.

En Fresnillo se pagaron con recursos federales los salarios de los regidores Juan Antonio Rangel Trujillo, con clave 1103079912 E278130.0061496, por 13 mil 998 pesos, y Adolfo Ruvalcaba de la Cruz –quien tiene la clave 1103079912 E278130.0006671– con 15 mil 283 pesos.

En Nochistlán, Sebastián Tachiquin Torres, quien se desempeña como regidor de aseo público, cobró 19 mil 70 pesos, con la clave presupuestal 1103079912 E278131.0006803.

En el municipio de Pinos, Bernardo Rangel Silva, quien también fue elegido regidor, obtuvo del FAEB 15 mil 825 pesos, con clave 1103079912 E278131.0006467.

En la alcaldía de Villa Hidalgo, Zacatecas, se pagaron con recursos federales un total de 14 mil 279 pesos a Antonio Cárdenas Rodríguez –con la clave presupuestal 1103079912 E278130.0029559– y quien se desempeña como director de obras públicas.

Otros funcionarios beneficiados son Jesús Castrejón, quien labora en la contraloría del municipio de Sombrerete, con 14 mil 873 pesos, y María Elia Reyes Hidalgo, directora del DIF municipal, con pago de 7 mil 277 pesos, con las claves 1103079912 E278131.0029283 y 1103079912 A0180300.0028323, respectivamente.

En el ayuntamiento de General Pánfilo Natera, Antonio Díaz Nava, quien es de secretario de la alcaldía, recibió 17 mil 763 pesos. María de la Luz Gallegos Torres, directora del DIF municipal en Pinos, Zacatecas, percibió 19 mil 73 pesos, mientras que Pedro Pérez Espino, tesorero de Ojo Caliente, tuvo ingresos por 14 mil 69 pesos.

Asoma la participación de inmobiliarias, financieras, líderes sindicales y hasta notarios

Muchos burócratas imputados de fraude en préstamos más bien serían víctimas

No se ha informado del monto comprometido; trabajadores afectados se unen para defenderse

Unidad habitacional del Fovissste, organismo del que recientemente se ha conocido un fraude con el otorgamiento irregular de préstamos para viviendaFoto La Jornada

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 27 de noviembre de 2011, p. 33

Empresas inmobiliarias, instituciones financieras, representantes sindicales y algunos notarios podrían estar involucrados en el fraude que durante al menos seis años –2003 a 2008– se cometió en contra del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y que ahora se pretende reparar con cobros ilegales y demandas penales contra los asalariados beneficiarios de créditos hipotecarios obtenidos en ese periodo.

Las irregularidades en el manejo de los recursos del Fovissste fueron detectadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que ordenó al organismo la recuperación del dinero otorgado en exceso, por un monto que hasta ahora no se ha dado a conocer, pero que para los trabajadores afectados por el fraude representa la pérdida de su patrimonio y hasta de su libertad.

Y es que la amenaza del Fovissste es clara: o pagan antes del 30 de enero de 2012 la totalidad del dinero que se les otorgó de más, o el instituto procederá penalmente en su contra. Muchos de ellos, sin embargo, ni siquiera han podido contar con ese plazo, pues ya existen averiguaciones previas en contra de mil 200 individuos –según les informó la SFP– e incluso varios de ellos ya están en el reclusorio.

Un grupo de afectados desmintió así las declaraciones del ex director del Issste, Jesús Villalobos López, quien en días pasados aseguró que el Fovissste ya había otorgado el perdón a los servidores públicos que de manera voluntaria se presentaron para restructurar su deuda, y quienes en realidad son víctimas, pues obtuvieron préstamos hipotecarios calculados por encima de su capacidad de pago.

Los trabajadores dicen que pueden continuar con el pago de su deuda en los términos contratados originalmente. Algunos sí tuvieron conocimiento de la ampliación del monto del crédito, porque así se los ofreció la inmobiliaria o sus representantes sindicales. En otros casos, fue el notario el que se hizo cargo de realizar los trámites.

Ninguno de los beneficiarios realizó trámite alguno, más allá de entregar sus documentos y sólo les llamaron para informarles de la fecha y lugar al que acudirían para la firma de escrituras. Coinciden también en que este trámite, que normalmente puede durar varias horas, para ellos tardó, quizá, 15 minutos, porque nos leyeron sólo lo más importante y firmamos.

En todos los casos, los servidores públicos tuvieron conocimiento del monto del préstamo y de que lo pagarían mediante descuentos de 30 por ciento de su salario en un plazo de 30 años, pero nosotros ni hicimos las cuentas ni llevamos los documentos al Fovissste. Eso lo hizo la notaría o la inmobiliaria o a saber quién.

Lo cierto es que aunque han estado cubriendo el adeudo, el pasado julio el Fovissste envió notificaciones a los derechohabientes en los que les comunica que obtuvieron un crédito por un monto mayor al que les correspondía y que con los niveles de descuento a su salario no alcanzarán a cubrir la deuda en el plazo previsto, lo cual afecta el patrimonio del fondo.

Esa es la razón de que algunos estados de cuenta aparecen con datos nuevos: el saldo de la deuda y otro concepto denominado demasía, el cual va de 200 mil a 500 mil pesos aproximadamente. Para otros empleados esto se tradujo en el incremento del descuento que el Fovissste aplica a sus salarios y de 30 pasaron a 50 por ciento.

Todavía más raro resulta que haya otros servidores públicos que saben que obtuvieron uno de esos créditos irregulares pero no están todavía en el grupo de los perseguidos por el fondo.

En agosto de 2011 surgió la Unión de Trabajadores Afectados por Fovissste, que agrupa a unas 500 personas con el mismo problema y sobre las cuales pesa la misma amenaza. Para todos ha sido una sorpresa su involucramiento en el fraude, pero sobre todo que se les pretenda acusar de un delito que no cometieron.

Los que les ha tocado presentarse ante el Ministerio Público y tener acceso a su expediente constataron que las pruebas en su contra son comprobantes de ingresos alterados, avalúos de la propiedad adquirida diferentes a los que ellos tuvieron conocimiento. Y subrayan: No existe posibilidad alguna de que yo haya cometido el fraude. Yo no entregué documentos a Fovissste ni ingresé los datos al sistema.