08/08/2010

Condena AI acusación falsa contra indígena mexicano

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Domingo 8 de agosto de 2010, p. 16

Amnistía Internacional (AI) condenó la decisión de las autoridades mexicanas de proceder en contra de Raúl Hernández, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), acusado falsamente por un asesinato que no cometió.

Ante las irregularidades del proceso en contra del activista, el organismo internacional lo declaró preso de conciencia en diciembre de 2008. En un pronunciamiento, AI señaló que las evidencias contra Hernández son poco confiables y fabricadas, por lo que demandó su liberación. Es de destacar que otros cuatro activistas de la OPIM coacusados junto con Hernández lograron obtener su libertad gracias a un amparo.

Pese a que no hay evidencias contundentes, la Procuraduría del Estado de Guerrero sostuvo los cargos de homicidio en contra de Hernández, por lo que el caso actualmente se encuentra en manos de un juez de distrito, que será el encargado de resolver en los próximos días sobre la inocencia o culpabilidad del activista.

La decisión de proceder sobre los cargos fabricados de asesinato contra Raúl Hernández es parte de una campaña sistemática de las autoridades mexicanas contra miembros de esta comunidad indígena, quienes defienden los derechos humanos de su pueblo, dijo Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para las Américas de AI.

Por represalias

El líder de la OPIM fue detenido injustamente y acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García –presunto informante del Ejército– el primero de enero de 2008 en la comunidad El Camalote, Guerrero.

Sin embargo, resaltó AI, las autoridades judiciales del estado no tomaron en cuenta las declaraciones de los testigos oculares que establecían que Hernández no estaba en el lugar cuando ocurrió el asesinato.

Agregó que durante las diligencias del caso, el juez realizó una investigación de la escena del crimen en la que se demostró que los dichos de los testigos que aseguran que Hernández estuvo presente durante el crimen son infundados.

AI considera que el caso contra Raúl Hernández es una represalia por parte de las autoridades por sus actividades legítimas de promoción de los derechos indígenas mediante la OPIM y por exponer los abusos cometidos por los caciques locales, los militares y las autoridades.

La OPIM fue fundada en 2002 con el objetivo de defender y promover los derechos del pueblo indígena Me’phaa, donde Hernández era uno de los principales activistas.

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