08/08/2010

Inmujeres del DF: puede pasar lo mismo que con las muertas en el campo algodonero

Oliva tiene oportunidad de apelar de la legalidad en casos de presas por abortar

Carlos García
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 8 de agosto de 2010, p. 12

León, Gto., 7 de agosto. El gobernador del estado Juan Manuel Oliva Ramírez tiene la oportunidad de entrar en razón, impartir justicia y liberar a las seis mujeres que sufrieron abortos y purgan penas de más de 25 años de cárcel por homicidio, afirmó Martha Lucía Micher Camarena, directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres).

Oliva tiene una última oportunidad de apelar al corazón, a la razón y a la legalidad y liberar a las seis campesinas que llevan hasta ocho años de prisión de 21 de condena, antes de que México vuelva a ser condenado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como pasó con las muertas de Ciudad Juárez del campo algodonero, exhortó.

En los penales de Puentecillas, en Guanajuato, y en el Mil, en Valle de Santiago, están recluidas María Araceli Camargo Juárez, Yolanda Martínez Montoya, Ana Rosa Padrón Alarcón, Susana Dueñas, Ofelia Frías y Liliana Moreno, que al igual que Alma Yareli Salazar, libre desde junio, sufrieron abortos, pero fueron acusadas y sentenciadas por homicidio con penas que van desde los 25 hasta los 29 años de prisión.

El jueves pasado, Oliva Ramírez calificó a esas jóvenes –originarias de comunidades rurales, sin estudios, sin acceso a servicios de salud, ni educación sexual– de infanticidas porque asesinaron a sus hijos y a las organizaciones de mujeres que las defienden, de tener otros intereses.

El 10 de diciembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a México por las tres mujeres de Juárez que desaparecieron y fueron encontradas sin vida junto con otras cinco en un campo algodonero de esa ciudad.

Esta experiencia debería servir a las autoridades de Guanajuato, ya que eventualmente podría llegar alguno de los casos de las procesadas o presas por abortar, a algún organismo internacional, y nuestro país será sentenciado de nuevo por violencia contra las mujeres, advirtió al anunciar que al igual que el Centro Las Libres llevará el caso a los organismos internacionales.

En torno a las campesinas encarceladas e incomunicadas, sus casos se llevarán ante la justicia federal, al Subcomité contra la Tortura de la ONU, al Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su siglas en inglés) y en octubre se presentará ante el relator especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados, adelantó Micher Camarena.

Estos casos, documentados por las organizaciones de la sociedad civil evidencian la utilización del aparato de justicia del estado de Guanajuato para reprimir a las mujeres que aborten en cualquier circunstancia, incluso las que son víctimas de violación o quienes sufren de abortos espontáneos, recriminó la funcionaria del DF.

Es una vergüenza que las autoridades de Guanajuato hagan interpretaciones malévolas del Código Penal para acusar de homicidio en razón de parentesco a quienes interrumpen el embarazo, pero no están solas ni ellas (las campesinas presas), ni todas las víctimas de estos inquisidores, concluyó.

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