9 dic 2009

La exhorta a analizar sus afirmaciones

Inmujeres-DF cuestiona a ONU sobre avances en derechos humanos

Por Miriam González

México DF, 08 dic 09 (CIMAC).- Marta Lucía Mícher Camarena, directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF), refutó las declaraciones Anna Coates presidenta del grupo Intergerencial de Género de las Naciones Unidas, quien declaró que en México hay avances importantes en el ámbito de los derechos humanos de las mujeres.

Al participar la reunión “Avances y retos a 30 años de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), realizada ayer, Mícher Camarena agregó: las mexicana están peor que nunca porque siguen siendo consideradas ciudadanas de segunda y el gobierno las ha criminalizado al penalizar el aborto en 17 entidades del país.

No obstante, la funcionaria de la ONU destacó que entre los avances están la Ley General Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) publicada en 2007 y la campaña “Hombres contra la violencia” promovida por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), donde involucra a los varones en el tema.

En el encuentro convocado como parte de las acciones de la Campaña de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, la directora de Inmujeres DF añadió que además las entidades federativas no han cumplido las recomendaciones de la CEDAW como la incorporación a sus leyes, de la violencia feminicida, comunitaria, patrimonial y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Por lo que la directora del Inmujeres-DF, exhortó al Grupo Interagencial de Género de las Naciones Unidas a que analice a profundidad sus afirmaciones en relación con el avance en materia de los derechos humanos de las mexicanas, porque, reiteró, no hay tales.

Mícher Camarena recordó que el Estado mexicano no ha cumplido con las recomendaciones de la CEDAW de 2006, por lo que anticipó: “saldrá raspado en el 2010, porque las autoridades no aseguraron presupuesto y porque los 5 millones de pesos asignados a los estados para armonizar sus leyes con la LGAMVLV lo han utilizado para revertir las leyes que tenían las mujeres desde 1997 y 1998 en materia de derechos sexuales y reproductivos”.

“Estamos ante una realidad que nos avasalla con palabras pero no con hechos, no es posible que aun se siga enfrentando al agresor con la víctima para lograr una conciliación o que no podamos caminar por la calle sin que nos toquen, aún hacen falta medidas integrales de prevención y sanción de la violencia contra las mujeres”,

La funcionaria capitalina insistió que no se puede hablar de avances y medidas de prevención “sólo porque los hombres se pronuncian contra la violencia de género”, urgen acciones y análisis que muestren la verdadera cara de la violencia de género que se vive en el país, dijo.

Enfatizó que si bien esa campaña forma parte de las acciones, nadie tomó en cuenta los antecedentes de agresión que tienen algunos de los participantes de la campaña, sin embargo, esa información quedó fuera a la hora de hacerla, comentó.

Micher Camarena reiteró que aún quedan muchos pendientes como la tipificación del feminicidio y el hostigamiento sexual en el Código Penal Federal así como la armonización de la LGAMVLV en todo el país.

RECOMENDACIONES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

México presentó su sexto informe relativo al cumplimiento de las disposiciones de la CEDAW el 25 de noviembre de 2005, en donde expone su preocupación por el incremento de las tasas de mortalidad materna, en particular de indígenas, quienes carecen de atención médica o tienen dificultades para acceder a los servicios de salud por la deficiente cobertura.

En el documento, se expone que el aborto sigue siendo la principal causa de muerte materna porque las indígenas no tienen servicios médicos seguros ni acceso a la variedad de métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia.

Ante tales circunstancias, la CEDAW instó al Estado mexicano a ampliar la cobertura de los servicios de salud, en particular la atención de la salud reproductiva y los servicios de planificación familiar, y a facilitar el acceso a los servicios médicos, además de armonizar la legislación en materia de aborto, a nivel federal y estatal.

También exhortó al país a incluir diseñar una estrategia de acceso efectivo a servicios de aborto seguros en las circunstancias previstas en la ley y promover una campaña de concientización sobre los riesgos de los realizados en condiciones inseguras, además de ofrecer los métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia.

Asimismo planteó la necesidad de promover campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, dirigidas en particular al personal sanitario y al público en general.

Cabe recordar que México firmó la CEDAW el 17 de julio de 1980, el Senado de la República la ratificó el 23 de marzo de 1981 y entró en vigor en septiembre de ese mismo año.

Para 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto sobre el Protocolo Facultativo de la CEDAW, que permite a las mexicanas presentar quejas ante las 23 expertas que integran dicho Comité, en lo individual o lo colectivo, una vez agotadas las instancias nacionales.

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