MEXICO IMPUNE

Estimados suscriptores y suscriptoras:

Les hacemos llegar el pronunciamiento de diversas organizaciones involucradas el la denuncia de los crímenes de estado cometidos en el pasado en torno a la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el caso de Rosendo Radilla.

La información también puede ser consultada en www.centroprodh.org.mx

Saludos cordiales,

Tania Tamara Gómez

México, D.F., a 16 de diciembre de 2009

Boletín de prensa

Sentencia de la Corte Interamericana pone en evidencia el grave incumplimiento de las obligaciones del Estado respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado que permanecen en la impunidad

· El caso Radilla ejemplifica la práctica sistemática de la desaparición de opositores durante los años setenta

· La Sentencia de la Corte evidencia que las acciones del Estado para esclarecer estos crímenes ha sido insuficientes

· Es indispensable garantizar el derecho colectivo a la verdad

Las organizaciones de derechos humanos, familiares y víctimas abajo firmantes, involucradas todas en la denuncia de los crímenes de estado cometidos en el pasado y en la preservación de la memoria histórica, nos congratulamos de la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano en razón de la desaparición forzada de Rosendo Radilla. Ésta es fruto de la incansable demanda de justicia de sus familiares, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Al respecto, ante la opinión pública señalamos:

1. El caso Radilla ocurrió en un contexto caracterizado por la práctica sistemática de crímenes de lesa humanidad en contra de los opositores al régimen priísta de la época y, particularmente, en agravio de quienes optaron por participar en organizaciones armadas ante la ausencia de vías democráticas. En su sentencia la Corte reconoce plenamente la existencia de ese contexto. Se trata de un señalamiento de la mayor trascendencia pues el máximo tribunal de derechos humanos en la región consideró plenamente demostrado que a finales de los sesenta, durante los setenta y a inicios de los ochenta, la comisión de graves violaciones a derechos humanos fue una práctica sistemática, ordenada desde altos niveles del gobierno, que involucró -entre otras corporaciones- a las Fuerzas Armadas mexicanas.

2. La sentencia de la Corte Interamericana evidencia que las acciones hasta ahora emprendidas por el Estado han sido insuficientes para garantizar justicia, verdad y reparaciones. En cuanto a la justicia, el Tribunal señala con claridad que las investigaciones, iniciadas por la hoy extinta FEMOSPP y continuadas en la actualidad por la Coordinación General de Investigaciones de la PGR, han sido ineficaces y poco serias. Respecto del acceso a la verdad, la Corte retoma el Informe a la Sociedad elaborado por la FEMOSPP -ocultado en su momento y hasta el presente por el Gobierno Federal- para destacar que no se ha respetado el derecho individual y colectivo a la verdad. Finalmente, en lo que concierne a las reparaciones, la Corte Interamericana considera probado que el Estado mexicano no se ha hecho cargo de resarcir en lo posible a las víctimas y a sus familiares.

3. Por lo anterior el caso Radilla es un aliciente esperanzador para quienes continuamos demandando justicia, verdad y reparaciones respecto de los crímenes de Estado cometidos en el pasado. La sentencia de la Corte muestra que no es posible transitar a la democracia sin que el Estado y la sociedad se hagan cargo del legado de violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado; también muestra que la impunidad conduce a que esas violaciones se sigan cometiendo y que deben ser realizadas reformas -como las relativas al fuero militar y a la adecuada tipificación de la desaparición forzada- para que tales crímenes sean completamente erradicados. La sentencia del caso Radilla habla tanto del pasado como del presente; aun más, señala aspectos que deben ser considerados para construir en el futuro un México justo, fincado en la memoria y el respeto a los derechos humanos.

El caso Radilla representa un triunfo histórico del movimiento civil por los derechos humanos. La responsabilidad de acatar el fallo, debe subrayarse, es del Estado en su conjunto. Consecuentemente, exigimos una respuesta de Estado a la altura de las circunstancias y rechazamos cualquier intento de evadir la responsabilidad estatal aduciendo que se trata de una cuestión del pasado que involucra a gobiernos anteriores. Tal respuesta debe construirse sobre el reconocimiento del derecho colectivo a la verdad; por ende, deben ser revisados los mecanismos creados hasta ahora para alcanzar este fin pues al día de hoy han sido infructuosos.

Finalmente, es importante destacar una vez más que el caso Radilla nos confronta con una verdad ineludible: la democracia no se consolida sin justicia, verdad y reparaciones respecto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado. Una sociedad que no se hace cargo de ese legado propicia -como lo observamos hoy- la repetición de crímenes deleznables.

Familia Guzmán Cruz

Fundación Diego Lucero

Nacidos en la Tempestad

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Comité de Madres de Detenidos Desaparecidos de Chihuahua

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los derechos para todas y todos”