En declive los derechos humanos de las mujeres durante 2009

Por Anayeli García Martínez y Paulina Rivas Ayala

México, DF 14 dic 09 (CIMAC).- En 2009, tres sucesos marcaron graves retrocesos en los derechos humanos de las mujeres: La penalización del aborto en casi la mitad del territorio nacional y el cambio de titulares en la PGR y CNDH.

Desde 2008 se vislumbraba un panorama sombrío en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, pues luego de la despenalización del aborto en el DF, en 2007, los estados comenzaron a presentar y aprobar reformas contra la decisión de las mujeres a ejercer una maternidad libre y voluntaria.

Esto provocó que más de 20 años de lucha feminista por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos se vieran afectados, pues desde 2008 a la fecha 16 estados han reformado sus constituciones para proteger la vida desde el momento de la concepción/fecundación, sin olvidar que Chihuahua lo hizo en 1994.

Las reformas, encabezadas por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), apoyadas por el Verde Ecologista y Nueva Alianza, criminalizan a las mujeres que deciden abortar y las orillan a practicarse abortos inseguros, la cuarta causa de mortalidad en el país, como lo documentó y denunció el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), especialista en el tema.

En medio de esto, hubo otra sorpresa: La llegada de Arturo Chávez Chávez a la Procuraduría General de la República (PGR), pese a su “deficiente desempeño” al frente de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, cuando, según las organizaciones civiles de la entidad, cobró auge el feminicidio, desaparición de mujeres y la impunidad.

Desempeño registrado en informes internacionales de expertos de la ONU, así como en la primera y única recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 44/98, exhortando a los gobiernos federal y estatal a investigar su ejercicio como funcionario por “las omisiones” durante las investigaciones de los crímenes contra mujeres.

Pese a ello, Felipe Calderón lo propuso como procurador, el Senado lo ratificó y desde hace dos meses encabeza la PGR.

Para Edgar Cortez Moralez, secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Redtdt) el nombramiento del actual titular de la PGR es una “absoluta falta de sensibilidad y compromiso de Felipe Calderón con el tema de acceso a la justicia de las mujeres”.

La impunidad y falta de acceso a la justicia en Ciudad Juárez ha resultado en el asesinato de 504 muertes y desapariciones de mujeres que la CNDH documentó desde 1993 a abril de este año.

A pesar de ello, el Estado mexicano no ha sido capaz de proteger la vida de las mujeres, hecho por el que fue juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), quien, el jueves pasado, dio a conocer la sentencia condenatoria contra éste por la violación a los derechos humanos de las mujeres de Ciudad Juárez.

LA CONTINUIDAD EN LA CNDH

Luego de la designación del nuevo procurador, hubo otro nombramiento en una institución creada expresamente para defender los derechos humanos y que en estos últimos ocho años fue perdiendo fuerza, prestigio y credibilidad: la CNDH.

La llegada de Raúl Placencia Villanueva como Ombudsman luego de ser primer visitador en el periodo de Soberanes, representó para las organizaciones civiles “más de lo mismo”.

Para éstas, significa la continuidad de la anterior presidencia, caracterizada por atentar contra los derechos humanos de las mujeres, hecho que quedó evidenciado con la controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la despenalización del aborto en el DF.

Un caso emblemático de este año en acceso a la justicia para las mujeres indígenas es de las otomíes Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes por no permitir los abusos de poder de elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) fueron encarceladas desde hace tres años en Querétaro.

Jacinta logró su libertad en septiembre de 2009, pero Alberta y Teresa continúan presas y, pese a que se ha documentado su inocencia, el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la PGR dictó conclusiones acusatorias contra ellas, lo que para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), constituye un acto de venganza por poner en evidencia la corrupción del sistema de justicia.

Para Edgar Cortéz, el año que culmina ha sido de retrocesos y nulos avances, lo que ha obligado a las organizaciones nacionales a recurrir a la justicia internacional como cuando la Redtdt solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la revisión de las leyes antiaborto y los casos de feminicidio.

“No hay posibilidad de acceso efectivo a la justicia en México”, por eso los casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres llegan a la justicia internacional, concluyó.