Exhortan legisladores a PGR a liberar a mujeres indígenas presas

Por Paulina Rivas Ayala

México, DF, 15 dic 2009 (CIMAC).- Por segunda ocasión en este año, la Cámara de Diputados solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) que “retire definitivamente los cargos contra Alberta Alcántara y Teresa González”, mujeres otomíes “acusadas injustamente” del “secuestro” de seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), delito por el cual podrían ser condenadas a 40 años de prisión.

Lo anterior, mediante un punto de acuerdo presentado este día por la diputada priista Narcedalia Ramírez Pineda , el cual fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucop), y que se pretende hacer extensivo al gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa.

En el punto de acuerdo, la legisladora señala que “irónicamente” el 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la PGR presentó conclusiones acusatorias contra las indígenas ñhañhus (otomíes) y pidió la condena más alta que podría alcanzar: más de 40 años de prisión.

Cabe recordar que Jacinta Francisco Marcial también fue acusada por los mismos hechos, circunstancias y elementos de prueba, y recuperó su libertad en septiembre pasado, apenas unos días después de que la diputada Ramírez Pineda presentara ante el pleno el primer punto de acuerdo en el mismo sentido que el que hoy se turnará a comisión en la Cámara baja.

A la primera solicitud, la PGR respondió en un oficio girado a la Cámara de diputados, firmado por Alberto Lara Rivera, director general de normatividad de la PGR en septiembre pasado, que “en el caso de Alberta y Teresa existen elementos de convicción contundentes que demuestran su participación en la comisión de los delitos atribuidos” (Cimacnoticias 22 sep 09).

En el nuevo punto de acuerdo presentado hoy, la diputada Ramírez Pineda considera que Teresa y Alberta siguen en prisión “con los mismos absurdos cargos” que Jacinta, los cuales “violan su libertad y agravian a las mujeres, justamente cuando nuestra lucha, en México y el mundo, es contra la violencia que viven las más marginadas y pobres”.

Dijo que los legisladores no pueden callar, aceptar ni acostumbrarse a convivir con semejantes injusticias pues, históricamente las y los indígenas “han sido víctimas de la corrupción de una burocracia judicial y administrativa que los ha sometido a sanciones y penas, muchas veces por errores o menosprecio racista”.

La legisladora priista dijo que por su condición de mujeres e indígenas, Alberta y Teresa son más vulnerables. Consideró que las y los legisladores tienen la obligación de “velar por el buen desempeño de las instituciones que tienen que ver con la aplicación de la justicia” y pidió al presidente de la cámara de diputados, que este punto de acuerdo “sea tomado como de urgente y obvia resolución” .