31/08/2011

Gobernación interpuso más de 40 quejas contra juzgadores



Jueces y magistrados han concedido 6 mil recursos de protección a casinos

Mil centros de apuestas operan clandestinamente, estiman autoridades federales

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En los accesos a Monterrey, elementos de las fuerzas federales instalaron retenes para detectar armas o estupefacientes, así como personas que pudieran pertenecer al crimen organizadoFoto Ap

Alfredo Méndez y Gustavo Castillo
Periódico La Jornada
Miércoles 31 de agosto de 2011, p. 2

Jueces y magistrados federales han concedido en los cuatro años recientes al menos 6 mil recursos, entre amparos y suspensiones de actos de autoridad, que han permitido a las empresas concesionarias de juegos y sorteos abrir más casas de apuestas, evitar la clausura de otras y, en la mayoría de los casos, poder omitir el pago de multas impuestas por autoridades administrativas, de acuerdo con cálculos de funcionarios judiciales.

De su lado, fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) explicaron a La Jornada que la operación de los casinos y la verificación de los juegos y entrega de premios corresponde a la Secretaría de Gobernación, pero la revisión financiera de las operaciones que ahí se realizan son responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Añadieron que hasta el momento no se han registrado en la SIEDO denuncias por lavado de dinero u operaciones ilícitas en estos centros; sin embargo, las fuentes señalaron que las autoridades federales estiman que unos mil centros de apuestas operan de manera clandestina.

De su lado, las fuentes judiciales consultadas indicaron que en los cuatro años recientes, el cuerpo jurídico de Gobernación ha presentado ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) poco más de una decena de quejas administrativas contra jueces de distrito y magistrados de circuito.

También ha presentado quejas ante las autoridades disciplinarias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) contra magistrados que integran alguna de las salas regionales de este órgano jurisdiccional, por supuestos actos de corrupción de los juzgadores.

En el CJF existen actualmente en trámite unas 12 quejas contra jueces y magistrados, mientras que en el TFJFA hay vigentes cerca de 32 denuncias por la supuesta actuación irregular de magistrados que han concedido suspensiones a multas o permisos extraordinarios para la apertura de nuevas casas de juegos y sorteos.

Por otra parte, funcionarios de la SIEDO indicaron que la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de Gobernación tiene a su cargo la atención, trámite y despacho de los asuntos relacionados con la supervisión y vigilancia del cumplimiento de la ley y el reglamento en la materia.

Esa instancia también tiene facultades para la expedición de permisos, la supervisión y vigilancia del cumplimiento de los términos y condiciones consignados en éstos; el finiquito de los permisos para sorteos; el desahogo de las quejas, reclamaciones y procedimientos administrativos provenientes del desarrollo y resultado de juegos con apuestas y sorteos; imponer sanciones por infracciones a la ley y el reglamento respectivos, así como las que le confieran las demás disposiciones aplicables.

De acuerdo con información obtenida a través de una solicitud de información pública, la Unidad de Gobierno tiene a su cargo la atención y despacho de los asuntos en los que sea necesaria la coordinación y colaboración de Gobernación con otras autoridades en materia de juegos con apuestas y sorteos, así como el combate a actividades prohibidas por la ley.

La Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia es la encargada de imponer las sanciones administrativas que establecen la ley y reglamento en materia de juegos y sorteos, en tanto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del SAT, se encarga de fiscalizar casinos o centros de apuestas en el país, al igual que cualquier otra actividad económica, en el régimen general del impuesto sobre la renta, cuando se trata de personas morales, o en el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales.

En el caso de los operadores contratados por los permisionarios o asociados a éstos para explotar el permiso, tributan en el régimen general de las personas morales en el impuesto sobre la renta.

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