El Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra demandó, una vez más, el abuso y la violación a los derechos humanos cometida en contra de los pueblos indígenas de San Francisco Xochicuautla y Huixizilapan, Ayotuxoco, Atarasquillo, Ameyalco, todos del Municipio de Lerma, en el Estado de México. En un boletín de prensa, señalaron que estas comunidades han sido víctimas de intimidación, hostigamiento, represión, afectación y despojo de tierras comunales y ejidales por parte del gobierno estatal, encabezado por Enrique Peña Nieto.
Desde el año 2007, los comuneros y pobladores denunciaron la invasión y destrucción ambiental realizada en forma clandestina al derribar árboles y otras especies por trabajos topográficos de las constructoras de SAASCAEM en el territorio comunal indígena San Francisco Xochicuautla, que en 1980 había sido decretado área natural protegida Santuario del Agua, Rio San Lorenzo del Parque Otomí Mexica. Al no encontrar respuesta en ningún nivel de gobierno, la comunidad decidió reforestar la brecha afectada, motivo que fue suficiente para el inicio de los hostigamientos. A partir de esa fecha, se trata de impedir que en las asambleas comunales se ejerza el derecho a la libertad de expresión, permitiendo la entrada de personal del gobierno y de la constructora.
En este sentido, el domingo 14 de agosto de este año, centenares de policías de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE)se presentaron a la asamblea de comuneros con el objetivo de que coaccionar a la comunidad para que fuera aprobado el mega proyecto de autopista Toluca-Naucalpan. Ante el rotundo no, se decidió invalidar la asamblea. Para el pueblo de San Francisco Xochicuautla, estas injerencias gubernamentales criminalizan la protesta social e, inclusive, han provocado un conflicto social en la comunidad que ha llegado a enfrentar a las propias familias.
Ante esta situación, el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra pide la intervención del presidente Felipe Calderón, pero también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que realice las observaciones correspondientes a las violaciones a derechos humanos cometidas por el gobierno del Estado de México, la Procuraduría Agraria y la ASE. Asimismo, los comuneros se manifestaron en contra de todas las acciones que criminalizan la protesta social; exigen respeto al derecho a la autonomía en la forma de organización de esta comunidad indígena otomí; y rechazan la intervención de personas ajenas a sus asambleas comunales y a sus usos y costumbres. Finalmente, señalaron que rechazan el proyecto privado de la autopista Toluca – Naucalupan porque daña los recursos naturales, afecta su salud, costumbres y cultura y violenta su armonía y la paz social.
Acción Urgente: Migrantes y albergue de Lechería en peligro
Amnistía Internacional ha emitido una acción urgente para proteger la vida, la integridad y la seguridad de las y los colaboradores y las personas migrantes que se encuentran en la Casa del Migrante San Juan Diego, en Lechería, Estado de México.El 13 de agosto, un grupo de más de treinta vecinos se reunieron frente al albergue para pedir su cierre, amenazaron a quienes se encontraba ahí adentro con quemar las instalaciones, irrumpir en él y sacar de ahí a los migrantes. Mientras estaban ahí, gritaban: “fuera la Casa del Migrante”, pues estaban convencidos de que la presencia del albergue trae problemas como drogas y narcotraficantes, a la comunidad.
Recordando que días antes había sido encontrado el cadáver de un migrante guatemalteco, que al parecer fue golpeado en la cabeza hasta matarlo y que testigos afirman que agentes de la policía municipal lo habían detenido, Amnistía Internacional teme que el albergue pueda sufrir un ataque o un incendio provocado. Por este motivo, hace un llamado a la sociedad para que escriban a las autoridades expresando su preocupación por la seguridad de las y los colaboradores y de las personas migrantes y para que pidan una investigación inmediata y exhaustiva del asesinato del migrante guatemalteco.
28 millones de personas sufren algún grado de privación alimentaria en México
En un boletín de prensa emitido el día de ayer, el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos (OPSDH), reconoció que, según datos del CONEVAL, de 2008 a 2010 la pobreza aumentó de 48.8 a 52 millones de personas, debido a la crisis económica que recientemente ha afectado al país. Sin embargo, consideró que la magnitud de la pobreza y el número de personas que tiene carencias sociales (32 millones) son muestra de los vacíos que aún existen en el país en el acceso pleno a los derechos sociales.
Para 2010 se muestra que las personas en pobreza moderada tienen 2.1 carencias sociales, es decir, que aún se encuentran lejos de tener una realización adecuada de sus derechos y que corren el riesgo de caer en pobreza extrema. Por ejemplo, una caída en sus salarios y la pérdida de seguridad social bastaría para que fueran pobres extremos. Incluso, las personas que sólo tienen carencia social se encuentran en una posición sumamente frágil: con 1.9 de carencias sociales bastaría tener un escenario como el anterior para que fueran pobres moderados o incluso extremos. En términos de los derechos sociales, el acceso a la alimentación ha sido el mayor perjudicado. De acuerdo con el CONEVAL, en 2008, 23.8 millones de personas tenían algún grado de privación alimentaria; sin embargo, para 2010 la cifra se incrementó a 28 millones. De esta cifra, 12.2 millones se encontraban en situación extrema; es decir, en hogares en los que se padeció hambre en buena parte de los periodos de referencia.
A nivel estatal existen fuertes diferencias en la incidencia del porcentaje, número y profundidad de la pobreza. En Guerrero, Chiapas y Oaxaca una de cada tres personas vive en pobreza extrema. Por otro lado, los estados con menores porcentajes de pobreza extrema tienen altos porcentajes de personas con carencias sociales. Por ejemplo, estados usualmente conocidos por su grado de desarrollo como el Distrito Federal, Baja California, Baja California Sur y Nuevo León tienen porcentajes superiores al 30% de personas con carencia social. Es decir, son estados en donde el ingreso es relativamente alto pero con importantes rezagos en materia de realización de varios de los derechos sociales. Sin embargo, son estados en los que una política social más eficaz permitiría reducir importantemente el número de pobres y el número de personas en riesgo de caer en la pobreza.
Próxima Vacante / Hernández, en La Jornada
Charla con Joao Pedro Stédile, del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra
El sábado 27 de agosto, , escucha a este luchador social y comparte su experiencia en la lucha popular y organización social en Brasil. La cita es a las 11 horas en el Club de Periodistas (Filomeno Mata número 8, Centro Histórico).
Ciclo de Cine en el Prodh: Actas de Marusia
Como parte de la Campaña Siguen Desapareciendo y del Ciclo “Crímenes de Estado”, el día de hoy, jueves 18 de agosto, a las 19 horas, te invitamos a la proyección de la película Actas de Marusia. La película es de Miguel Littin y fue filmada en 1975. Está basada en la novela homónima de Patricio Manns y relata la represión que una empresa minera extranjera ejerce sobre los habitantes de un pueblo de Chile. Los pobladores están decididos a conquistar y hacer valer sus propios derechos.
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