El 12 de agosto, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) notificó a Inés Fernández y a Valentina Rosendo que las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometidas en su contra por miembros del Ejército mexicano en el 2002 fueron remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR). Este hecho es el resultado las denuncias antepuestas, pero también de lo dispuesto en la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos y, sobre todo, de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por este caso.
En el boletín emitido por varias organizaciones, entre ellas Cejil, Tlachinollan y la OPIM, quienes han litigado el caso, se recordó que, el 18 de julio pasado, Valentina e Inés habían hecho una solicitud expresa ante la PGJM y la PGR para que su caso fuera atraído por el fuero civil, luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que el fuero militar no debe investigar a militares acusados de violar los derechos humanos de cualquier persona.
Por otra parte, las organizaciones recalcaron que el hecho de que por fin la PGR atraiga el caso es consecuencia de nueve años de lucha, pero también de impunidad militar, en donde no ha habido justicia ni reparación del daño para las dos mujeres indígenas. Aunque con esta resolución no se agota la responsabilidad del Estado ante la sentencia dictada por la CoIDH, sí se posibilita que la investigación sea conducida por el órgano que corresponde. Por lo tanto, la PGR tiene la responsabilidad de ejercitar acción penal ante los tribunales federales contra los militares responsables que ya han sido identificados por Inés y Valentina. En este sentido, la respuesta satisfactoria de la PGR redundará en el fortalecimiento de los controles civiles de las Fuerzas Armadas.
Mineros luchan por mejoras laborales
A finales del año pasado, los trabajadores de la mina la Platosa, en el municipio de Mapimí, Durango, decidieron conformar la sección 309 junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, debido a las condiciones insatisfactorias de trabajo con las que cuentan en su centro laboral. Desde ese momento hasta la fecha, los trabajadores de la mina se han enfrentado a numerosos obstáculos en el ejercicio de su derecho de libertad de asociación sindical, reconocido en la Constitución Mexicana y en diversos tratados y convenios internacionales.
El 15 de agosto, los trabajadores decidieron hacer un paro de labores en la mina, demandando una mesa de diálogo con la empresa canadiense Excellon Resources Inc. Ante esta situación, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (Prodesc) señala que ha tenido conocimiento de que la empresa no ha escuchado directamente las demandas de los trabajadores y que, por el contrario, había presentado una denuncia por despojo ante el Ministerio Público, tratando de criminalizar el ejercicio de la defensa de los derechos laborales. Por lo tanto, Prodesc hizo un llamado a la empresa para que atienda los reclamos de los trabajadores; asimismo, exigió a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado de Durango que vigilen el respeto de los derechos humanos y aseguren que las condiciones de la negociación se lleven a cabo con estricto apego a los derechos laborales.
Temen ante Desaparición Forzada de Isela Hernández
El Comité Ciudad Juárez No Están Sólos ha denunciado la desaparición forzada de Isela Hernández Lara, quien fue secuestrada la tarde del domingo 14 de agosto en su domicilio, ubicado al sureste de Ciudad Juárez. Presenciaron el secuestro sus dos hijas de 13 y 16 años, así como su esposo, quien fue brutalmente golpeado y ya se encuentra hospitalizado en El Paso, Texas.
Después de entrar al domicilio por la fuerza, ocho hombres fuertemente armados deseaban encontrar a Enrique Hernández Lara y a su nieto de 3 años de edad, a quien la señora Isela tuvo por encargo bajo su cuidado hasta hace apenas dos días. El pequeño es nieto de Marisela Reyes Salazar, hermana de Josefina y Rubén Reyes Salazar, líderes sociales de Guadalupe asesinados en enero y agosto de 2010 respectivamente.
Como consecuencia de estos hechos dos hermanos de la hoy desaparecida Isela Hernández Lara se entregaron anoche en el puente fronterizo de Dr. Porfirio Parra, que comunica con el municipio texano de Tornillo, para solicitar refugio en Estados Unidos, dadas las condiciones de riesgo en que se encuentran por haber atestiguado la desaparición.
Ante esto, el Comité Ciudad Juárez No Están Sólos exige la inmediata presentación con vida de la señora Isela Hernández Lara, así como garantías de protección a la seguridad e integridad de la familia Reyes Salazar.
“¿Dónde consiguen sus armas los cárteles de la droga? Son otorgadas por Estados Unidos. Si corta el flujo de armas no acabaría con la violencia, pero tendría gran
efecto. Si los cárteles en México desean rifles de asalto, los obtienen en Arizona”. Noam Chomsky, en entrevista con la revista cibernética Guernica, publicada hoy en La Jornada
Ciclo de Cine: Actas de Marusia
Como parte de la Campaña Siguen Desapareciendo y del Ciclo “Crímenes de Estado”, este jueves 18 de agosto, a las 19 horas, en el Centro Prodh (Serapio Rendón 57 b, Colonia San Rafaél), te invitamos a la proyección de la película Actas de Marusia.
La película Actas de Marusia es de Miguel Littin y fue filmada en 1975. Está basada en la novela homónima de Patricio Manns y relata la represión que una empresa minera extranjera ejerce sobre los habitantes de un pueblo de Chile. Los pobladores están decididos a conquistar y hacer valer sus propios derechos.
Jornadas: “El Rescate de la memoria colectiva sobre la desaparición forzada”
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