OAXACA, Oax. (apro).- El gobierno de Gabino Cué presentó hoy ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) dos querellas contra 32 colaboradores del exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, por un presunto quebranto patrimonial superior a los 3 mil 687 millones de pesos.
Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich, quien agregó que la mayoría de los exfuncionarios denunciados por la Dirección de Procedimientos Jurídicos ya se ampararon.
“Unos por supuestas órdenes de aprehensión y otros para impedir que se siga el procedimiento de responsabilidad”, puntualizó.
Incluso, reveló que contra seis de ellos ya se libraron las órdenes de aprehensión correspondientes, aunque se negó a dar los nombres.
Sin embargo, la contralora dijo que eso “no evade su responsabilidad para que se les aplique la justicia, ya que la ley es extensa, y en materia de aprehensión hay compromisos internacionales que se cumplen”.
De acuerdo con la funcionaria estatal, de los 15 exfuncionarios que a la fecha han sido citados a comparecer sólo cuatro han cumplido con ese trámite, a través de sus abogados.
Al preguntarle el nombre de la media docena de funcionarios a quienes ya se les libró orden de aprehensión, Woolrich dijo desconocer ese dato, ya que –agregó– “nosotros presentamos las querellas, pero no señalamos delitos, es la Procuraduría la que hace la valoración de las pruebas y determina qué delitos y quiénes son los probables responsables”.
Asimismo, explicó que a raíz del resultado de 16 de las 50 auditorías realizadas en días pasados, la Dirección de Procedimientos Jurídicos determinó presentar las querellas, en las cuales se detallan las irregularidades en que incurrió cada uno de los exfuncionarios.
Ahora, dijo, corresponde ahora al procurador o al Ministerio Público hacer el recuento de todo y ordenar que se ejercite la acción penal o se libre orden de aprehensión.
El pasado 11 de julio, la contralora informó que al concluir las 16 auditorías mencionadas, los resultados arrojaron un daño al erario por 3 mil 687 millones de pesos.
Los quebrantos, dijo, se encontraron particularmente en las dependencias Caminos y Aeropistas de Oaxaca, por 736 millones de pesos; Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, 46 millones; Régimen Estatal de Protección Social en Salud, mil 297 millones; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca, 173 millones; Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, 721 millones; Colegio de Bachilleres de Oaxaca, cuatro millones, y el Instituto Estatal de Educación para Adultos, 54 millones.
Otras entidades donde se detectó desvío de recursos fueron: el Instituto Estatal de Bachillerato de Oaxaca, por 15 millones de pesos; el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, por 16 millones; la Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del gobierno del Estado, 492 millones; la Secretaria de la Contraloría, 16 millones; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 53 millones; las secretarías de Turismo y Economía, 63 millones, y la Oficina de Pensiones, por 11 millones de pesos.
Respecto de los funcionarios a quienes se les inició procedimiento administrativo destacan: Miguel Ángel Ortega Habib, exsecretario de Finanzas; Armando Félix González Bernabé, exdirector de Caminos y Aeropistas de Oaxaca y exsecretario de Obras Públicas, y Abel Trejo González, exdirector general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Además, Cipriano Flores Cruz, también exdirector general del IEEPO; Raúl Gonzalo Castellanos Hernández, excoordinador de Comunicación Social, y Bernardo Barragán Salazar, exsecretario de la Contraloría.
Otros funcionarios menores de la Secretaría de Finanzas acusados de desvío de recursos son: Esdras Cruz y Cruz, exsubsecretario de Ingresos; Fernando González García, exsubsecretario de Egresos, y Bernardette Rouse Mayor, exjefa de la Unidad de Servicios Jurídicos.
De Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) destacan Ambrosio Vásquez Arango, exdirector general; Lorena Pérez Hernández, exdirectora de administración y finanzas, y Manuel Alejandro Hernández Muñoz, quien también fungió como director de administración y finanzas.
También es señalado el expresidente municipal Jesús Ángel Díaz Ortega, quien además fungió como director general del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, así como su colaborador Rodolfo Antonio Alegría Reyes, exdirector de construcción.
Otros de los acusados son: Aarón Pérez Bautista, exdirector general del Seguro Popular; Enrique Cuevas Gómez, exsubdirector de Administración y Finanzas del mismo organismo; Rafael Rosalino Zárate Aspiroz, exsubdirector de Recursos Financieros del IEEPO; Cándido Coheto Martínez, exdirector general del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao), así como María del Socorro Esperanza Gazga y Alejandro Flores Pérez, exdirectores de Finanzas y Administración de esa institución.
También se fincaron responsabilidades a Leticia Cruz Regino, exjefa del departamento administrativo del Instituto de Educación para los Adultos, así como a los servidores públicos Jorge Fausto Bustamante García, César Román Figueroa Hernández, Heron García López, Erasmo Ramírez Osorio, Soledad Rojas Walls, Jorge Efrén Rojas Hernández, Claudia Gabriela Ramírez Zamora, Karina Musalem Santiago, Luz Yanira Morales Castillo, Jesús Ruiz Martínez y Gisela Zárate Figueroa.
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