Recuerdan al activista guerrerense, a 37 años de su desaparición

El gobierno sólo finge que le interesa el caso Radilla: Afadem

Confía que las próximas excavaciones en Atoyac de Álvarez den resultado

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Viernes 26 de agosto de 2011, p. 22

A pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano sigue sin mostrar voluntad política para buscar los restos del luchador social Rosendo Radilla, y únicamente está preocupado por fingir que el tema le preocupa para lavar su imagen en el extranjero, señalaron defensores de garantías individuales.

En el contexto del 37 aniversario de la desaparición del activista guerrerense –ocurrida a manos del Ejército el 25 de agosto de 1974–, el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel, señaló que aunque se ha logrado demostrar la ausencia de justicia en el país, ello no ha sido suficiente para que se encuentren los restos de Radilla.

Logramos sentar al Estado mexicano en el banquillo de los acusados e hicimos que se conociera la verdad, pero al mismo tiempo tenemos un saldo negativo, porque el gobierno sigue siendo cómplice de la impunidad y no se ha citado a declarar a quienes saben dónde están los desaparecidos, lamentó.

A pesar de ello, Mata consideró que las nuevas excavaciones en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero –que se iniciarán en octubre o noviembre bajo la coordinación del Instituto Nacional de Antropología e Historia–, pueden dar buenos resultados. Tenemos esperanza y vamos a ubicar su paradero aunque tengamos que levantar piedra por piedra el cuartel.

De su lado, Sergio Méndez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recordó que un análisis de la propia CIDH, del pasado 19 de mayo, advirtió que el gobierno del país ha incumplido todos los puntos de la sentencia sobre Rosendo Radilla, particularmente los que se refieren a las demandas más importantes: el conocimiento de la verdad histórica, el hallazgo de los restos y la sanción a los responsables del crimen.

Además, las autoridades militares siguen resistiéndose a declinar su competencia sobre casos de abusos contra civiles cometidos por soldados, salvo en los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, agredidas sexualmente por efectivos del Ejército en 2002.

Por todo ello, dijo, habrá que estar pendientes del informe que el gobierno de México presentará este lunes 29 de agosto, en el que seguramente tratará de hacer creer que ya cumplió con la sentencia de la CIDH. Les urge iniciar las próximas excavaciones para presentar algún resultado más o menos aceptable, cuando el resto de las demandas sigue sin cumplirse.

Abel Barrera, presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coincidió en que las autoridades del país han hecho caso omiso de la sentencia de la CIDH, a un año de que fue emitida, pese a que se trata de un mandato inatacable.

Uno de los puntos más importantes es que haya justicia, verdad y reparación del daño, pero esto no se ha dado porque el gobierno sigue protegiendo a los responsables de la violencia. Podemos contar con la buena fe del INAH, pero sigue habiendo oposición de los militares a que se excave donde lo han solicitado los familiares de Rosendo, deploró.