Se cree que hay más de 80 mil neoleoneses afectados por el juego compulsivo; ya es problema de salud
Sábado 27 de agosto de 2011, p. 9
Luego de que dejó de ser la capital industrial del país y la ciudad mexicana más importante para el mercado bursátil y de negocios, Monterrey pretendió convertirse en el polo mexicano del entretenimiento y la diversión al estilo de Las Vegas, Estados Unidos.
Antes de la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República, en 2000, en Nuevo León sólo existían algunas casas de apuestas. En 2004 operaban 10 casinos en Monterrey, para 2007 ya había 23 y 2010 concluyó con 50 establecimientos ubicados sobre todo en la zona metropolitana de la capital del estado.
De acuerdo con una lista que dio a conocer el PRD, por lo menos 15 de ellos operan al margen de la ley o cobijados en resquicios legales y fuera de los reglamentos municipales, debido al amparo que les da el Poder Judicial, estatal o federal.
En 2007, en un análisis titulado Jugar en México: decodificando el mercado, la revista Casino Enterprise Management dio a conocer que en todo México cada máquina de juego legal dejaba a sus operadores de 50 a 75 dólares diarios de ganancia, en tanto que en Monterrey rondaban entre 85 y 125 dólares.
Aunque los presidentes municipales de Monterrey y San Pedro, gobernados por los panistas Fernando Larrazabal y Mauricio Fernández, respectivamente, libran una batalla ante las instancias judiciales para cerrar los casinos, la percepción de los regiomontanos es que en el ámbito federal fueron los gobiernos panistas quienes fomentaron este tipo de divertimento.
El alcalde Larrazabal dio a conocer ayer que en su municipio operan 29 casinos, 12 de los cuales lo hacen de manera ilegal, en tanto que en otros ocho ayuntamientos sólo 10 funcionan legalmente y 15 no cuentan ni con permiso de la Secretaría de Gobernación ni con la anuencia municipal requerida por el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Además, permiten juegos aún prohibidos por la ley: naipes, ruleta y dados.
Legisladores locales y organizaciones sociales han denunciado que las grandes operaciones de casino son esenciales para el blanqueo de miles de millones de dólares generados por los cárteles de la droga que operan en México, pues la tecnología y los mecanismos de seguridad son mínimos y las casas de apuesta no son consideradas como industria, sino como diversión.
La Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud de Nuevo León ha hecho 43 inspecciones aleatorias en este tipo de establecimientos y calcula que la cantidad podría superar los 50 registrados.
Se calcula que hay más de 80 mil habitantes de Nuevo León afectados por el juego compulsivo o ludopatía, según una encuesta realizada en 2010 por el Centro de Tratamiento Compulsivo-Ludopatía Samadhi.
Este año, el gobierno del estado incluyó la ludopatía como un asunto de salud pública y la Secretaría de Salud, en colaboración con el Consejo Estatal contra las Adicciones, creó el Comité de Atención a las Adicciones Naturales, entre las que incluye este padecimiento.
Juan José Roque Segovia, sicólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, señala que la situación sin precedentes de violencia en el estado contribuye a que los neoleoneses busquen mecanismos para evadir la realidad, como la actividad lúdica.
En la ciudad de México, el PRD dio a conocer una lista y la ubicación geográfica de 15 casinos que operan sin permiso en Monterrey
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1. Folliati, calle Ciudad Victoria No. 3513-A, colonia Mitras Norte.
2. Viva México, ubicado en plaza céntrica, colonia Del Prado.
3. New York, que opera en la avenida Enrique C. Livas, colonia Vista Hermosa.
4. Miravalle Palace, instalado en avenida San Pedro No. 111 y 117 norte, colonia Miravalle.
5. Red Casino Enterteinment, ubicado en avenida San Jerónimo
6. Paradise, avenida Ignacio Morones Prieto No. 2123, colonia San Francisco.
7. Club 909, Lisboa No. 1050, colonia El Mirador.
8. Hollywood Enterteinment, Degollado y Constitución, Sector Obispado.
9. Revolución, avenida Revolución No. 114, colonia Buenos Aires.
10 El Juvile, avenida Revolución.
11. Crystal Palace, avenida Revolución.
12. La Isla del Tesoro, Plaza la Silla, avenida Garza Sada.
13. Hollywood Enterteinment, Carretera Nacional Kilómetro 271.
14. El Poker Room, avenida Revolución.
15. El Windland, avenida Garza Sada esquina con Alfonso Reyes, colonia Altavista.
Lo que se hizo fue reglamentar su operación, dice oficina de Creel
Sábado 27 de agosto de 2011, p. 9
El auge de la apertura de centros de apuestas llegó cuando miembros del PAN asumieron el gobierno federal. Al término de la administración del presidente Ernesto Zedillo había alrededor de 120 centros de apuestas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación en respuesta a una solicitud de información pública hecha en 2005.
A partir de ese año –cuando la dependencia estaba encabezada por Santiago Creel Miranda–, esos negocios se multiplicaron a más de mil sucursales en todo el país.
Durante la gestión de Vicente Fox, las autoridades federales –como única instancia con facultades para entregar estas concesiones– otorgaron 450 permisos a grupos empresariales, lo que incrementó a más de mil el número de casas de juego, pues cada aprobación concedía la apertura desde uno hasta más de 50 sucursales. Sin contar la existencia de supuestos centros de apuestas que operan de manera ilegal.
Sobre el tema, la oficina de Creel Miranda informó que durante su gestión como secretario de Gobernación lo que se hizo fue sacar adelante un reglamento que permite transparentar la emisión de los permisos y dejar en manos de los ayuntamientos la decisión de instalar o no los centros de apuestas.
Con la nueva norma –señala–, la Secretaria de Gobernación define qué grupo cumple con los requisitos fiscales y empresariales, pero son los municipios los que otorgan el permiso. Muchos cabildos han rechazado la apertura de ese tipo de establecimiento, resaltó el equipo de Creel.
Sobre el casino Royale, informó que Gobernación autorizó su operación en 1992, pero al entrar en vigor el nuevo reglamento se le revocó la autorización, pero con un amparo pudo continuar sus actividades.
En 1993, la entonces directora general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Claudia Paz González, autorizó a Operadora Cantabria la apertura y manejo de siete libros foráneos, como se denomina a las sucursales de cada concesionario. En este caso la autorización se concedió para los siguientes estados de manera indistinta: Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, estado de México, Nayarit, Veracruz y Yucatán
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Esas concesiones obligaban a la Operadora Cantabria, que en los casos de los libros foráneos debía notificar a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Dirección General de Gobierno, su ubicación y domicilio exactos, así como los cambios que pretendiera hacer, debiendo anexar el permiso de funcionamiento del gobierno del estado y del ayuntamiento de que se tratara.
Durante el gobierno federal priísta, los concesionarios tenían que resguardar 22 por ciento de los ingresos por apuestas para cubrir el pago de impuestos ante Hacienda y saldar sus gastos de operación. Asimismo, otro 2 por ciento de esas apuestas era el porcentaje que el gobierno pedía en promedio para la Secretaría de Gobernación, por concepto de participación
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A partir de 2004, ya con los gobiernos federales panistas, se concedieron 450 permisos para la instalación de salas de juego, entre ellas la otorgada a la empresa Promociones e Inversiones de Guerrero. A diferencia de los priístas, que en los permisos no especificaban ubicaciones exactas de los centros de apuesta, en el permiso DGAJS/SCEVF/P-03/2005 se alude a una de las ubicaciones. La vigencia de este permiso empezó el 17 de mayo de 2005 y termina el 16 de mayo de 2030, y se otorgó para la instalación de un total de 53 centros de apuestas remotas y 53 salas de sorteos de números.
Una de estas licencias se ubicaría en la calle de Matamoros número 52, esquina Reforma, en la colonia Guerrero de la ciudad de México, el resto podrán instalarse
en ciudades como Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Celaya, Ciudad Juárez, Monterrey, Morelia, Durango, Guadalajara y otras más. Asimismo, Gobernación aumentó el número de cuotas de aprovechamiento
que los permisionarios deben pagar al gobierno federal, hasta llegar a un total de 9 por ciento de los montos de las apuestas.
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