México tiene obligaciones establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos respecto a la desaparición forzada; sin embargo, necesita un marco normativo explícito y la creación de prácticas que permitan lograr los avances necesarios para la protección de las personas contra la desaparición forzada.
Prueba de ello es la cifra de más de mil casos de desaparición forzada cometidos durante los años sesenta, setenta y ochenta. Esta cifra se ha incrementado de manera exponencial en este tiempo de guerra contra el crimen organizado: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde tiene documentados 5,397 casos de hombres y mujeres desaparecidas. En ningún caso ha existido una investigación exhaustiva que determine quiénes son los autores materiales e intelectuales de la desaparición.
Uno de los elementos que impiden alcanzar justicia en este tema consiste en que las denuncias no son investigadas como desaparición, pues se dice que el delito no está tipificado o que no hay elementos para establecer una línea de investigación al respecto. En este sentido, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas se pronunció señalando que las inconsistencias en la definición del delito de desaparición forzada y el hecho de que las entidades federativas no lo hayan tipificado aún, son acciones que contribuyen a la impunidad. Sin embargo, desde el Centro Prodh entendemos que la tipificación no es suficiente, sino que se necesita la inclusión de disposiciones complementarias y de carácter procesal para poner alto a este tipo de graves violaciones a los derechos humanos.
Como se mencionó anteriormente, el tema de la desaparición forzada toma especial relevancia en el contexto de combate a la delincuencia organizada, pues ante la falta de un marco normativo regulatorio, los funcionarios públicos intimidan o disuaden a las víctimas o a sus familias de presentar las denuncias, no abren líneas eficaces de investigación y se deslindan de los casos justificándose en que no son de su competencia.
Por esto, es importante tener en cuenta algunos elementos que permitan una mayor protección a las víctimas. Entre ellos, que no debe prescribir el delito mientras no se establezca el destino o paradero de la persona desaparecida; asimismo, que procurando mecanismos de justicia, verdad y reparación, no se admitan excluyentes de responsabilidad penal. Por otra parte, es necesario prever una forma de probar la responsabilidad de los autores intelectuales; es decir, en el caso de los superiores jerárquicos, conocer quién dio la orden o, al menos, toleró la desaparición.
Finalmente, es necesario resaltar que, en concordancia con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición forzada debe ser tratada exclusivamente por autoridades civiles. Por lo tanto, los militares deben estar excluidos de la investigación, procesamiento y sanción de casos cometidos por ellos mismos.
El pasado 4 de agosto, el señor Pedro Manuel Olivé González y 19 vendedores más, que se desempeñan como comerciantes fijos y semifijos en las calles de Villahermosa, Tabasco, fueron desalojados por personal de la Coordinación de Fiscalización y Normatividad del Ayuntamiento de Centro, a cargo del licenciado Jorge Broca Morales. De hecho, 90 vendedores más recibieron la amenaza de que puede ocurrirles lo mismo. Según información de las víctimas, los gobiernos estatal y municipal están remodelando los edificios de esta zona y lo que se pretende es querer posesionar ahí a otros vendedores afines a sus intereses.
Esta situación es del todo discriminatorio y viola las garantías constitucionales del derecho al trabajo y a una vida digna.
Ante el temor que provoca esta situación, te pedimos entres a la página de la Red TDTT y firmes la acción urgente para que se establezca de manera inmediata el diálogo con los afectados; se respete la manifestación libre y pacífica del plantón solidario y las autoridades se abstengan de usar la fuerza pública para desalojarlos violentamente. Asimismo, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos esté atenta a los hechos.
Durango: viudas por decreto / Milenio Diario, El gobierno del estado precisó que las mujeres viudas de policías, cuyos esposos murieron frente al crimen organizado, perderán la ayuda si comprueban que tienen ingresos propios; algunas han presentado quejas ante la Comisión de Derechos Humanos local.
Ley de seguridad, licencia para violar derechos de presuntos criminales, afirma Ruperto Patiño / La Jornada, El director de la Facultad de Derecho de la UNAM señaló que la ley de seguridad nacional no respetará los derechos humanos. La fiscal de la Audiencia Nacional de España expresó que cuando se utiliza el concepto guerra contra la delincuencia, el Estado entra en un espiral de violencia.
Analizan situación de migrantes y activistas / El Universal, 120 agentes de la Pastoral de la Movilidad Humana de México, Estados Unidos y Colombia están reunidos en Salina Cruz, Oaxaca, para intercambiar experiencias sobre la violencia que enfrentan los migrantes en tránsito y los riesgos de los defensores.
Hace 5 años / Helguera, en La Jornada (Tan sólo una muestra del sentimiento general
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