12/08/2011

Calderón negoció a espaldas del Congreso y de los ciudadanos, dice Jiménez Macías



Senadores de PRI, PRD y PT exigen aclaración sobre acuerdos con Obama

EU contribuiría a la lucha antinarco si combate el consumo de drogas y la venta de armas

Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Viernes 12 de agosto de 2011, p. 12

Senadores de PRI, PRD y PT advirtieron que el gobierno de Felipe Calderón debe aclarar todo lo relativo a la carta de entendimiento que firmó con el presidente Barak Obama, que ha posibilitado la actuación directa de personal de las agencias Central de Inteligencia y antidrogas (CIA y DEA, por sus siglas en inglés, respectivamente), así como del Pentágono, en operativos contra los cárteles de la droga en el país.

El vocero de los senadores del PRI, Carlos Jiménez Macías, manifestó que los secretarios de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y de Gobernación, Blake –que comparecerán la próxima semana–, deben explicar con claridad el contenido de esa carta que, como todo indica, se negoció a espaldas del Congreso y de los ciudadanos.

Como no se trata de un tratado ni un convenio, no requiere de la ratificación de la Cámara de Senadores, pero necesitamos saber en qué consisten los compromisos que Calderón tiene con el gobierno de Estados Unidos, porque se está yendo más allá de lo que ordenan los instrumentos internacionales en materia de cooperación.

Agregó que la sociedad repudia que agentes de Estados Unidos estén trabajando aquí. Queremos que combatan el elevadísimo consumo de drogas en su territorio, que detengan el contrabando de armas por la frontera; con eso sí contribuirían a frenar el narcotráfico.

En entrevista aparte, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, consideró que esa carta debe colocarse bajo la lupa, y los funcionarios que la Comisión Permanente citó a comparecer deben precisar quién está al mando de la operación, cuántos agentes estadunidenses están implicados, dónde operan y por cuánto tiempo lo harán, y con qué autoridades mexicanas se coordinan.

Una información de esta naturaleza, que implica la operación de agentes extranjeros, en Estados Unidos obligaría a las autoridades implicadas a comparecer ante el Senado, y México no puede quedarse atrás.

Navarrete recalcó que los integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional deben someter a los comparecientes a un interrogatorio intenso sobre toda la información que no conocemos.

En tanto, el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, resaltó que los mexicanos tienen derecho a saber cuáles son los compromisos que Calderón tiene con el gobierno de Obama, y debe hacerse público el contenido de esa carta de entendimiento, que pone en riesgo la soberanía nacional.

“Es un acuerdo de subordinación que trata de burlar la Constitución, al hacer pasar sólo como agentes a ex militares estadunidenses que vienen no a colaborar, sino a hacerse cargo de la guerra contra el narcotráfico, dada la incapacidad de Calderón para hacer frente al crimen organizado”, recalcó Monreal.

Ni el Congreso ni la sociedad deben permitir que Estados Unidos asuma el control de la lucha contra el narcotráfico, y menos que altos mandos mexicanos estén al servicio de los agentes de la DEA , la CIA y el Pentágono que operan en el país, insistió.

Es una actitud injerencista y violatoria de la soberanía, afirman

Reprochan diputados la certificación de EU a los funcionarios mexicanos


Enrique Méndez, Ciro Pérez y José Antonio Román
Periódico La Jornada
Viernes 12 de agosto de 2011, p. 12

Diputados de PRD y PT consideraron que la certificación de Estados Unidos a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal constituye una abierta injerencia y violación a la soberanía de México. Mientras, el PRI sostuvo que esas acciones forman parte de los tratados suscritos por el gobierno federal.

No obstante, el diputado priísta Arturo Zamora aclaró que los acuerdos implican el intercambio de información y que en este caso no hay reciprocidad ni equilibrio, porque Washington no permitiría que México certificara a sus funcionarios.

En tanto, la dirigencia del tricolor criticó la intromisión estadunidense y, sobre todo, el hecho de que el gobierno federal pretenda minimizarla.

Humberto Moreira, presidente nacional del PRI, indicó que la injerencia de un gobierno extranjero en el país es un expediente abierto para el gobierno federal, y condenó los intentos de la administración calderonista de ocultar lo evidente, como sucedió con la Operación Rápido y Furioso.

Por otra parte, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, sostuvo que el sometimiento de altos funcionarios mexicanos de seguridad y justicia a agentes y personal del gobierno de Estados Unidos es una evidente y clara violación a la soberanía nacional.

Es una verdadera afrenta, es vergonzoso que en el territorio nacional las autoridades mexicanas, algunas incluso militares, estén bajo el mando de personal del gobierno de Estados Unidos. Es absolutamente condenable que esto suceda y una afrenta para las instituciones encargadas de la seguridad pública y de seguridad nacional, aseveró el dirigente perredista.

El diputado Zamora agregó que la certificación a funcionarios de la SSP y la PGR no surge por mero interés de una de las partes; descansa en el tratado de Palermo, pero aclaró que en este caso la revisión es unilateral. Esto nos coloca en una situación de desventaja, porque se ignoran nuestros derechos y sólo se exigen obligaciones.

Agregó que dicho tratado establece la obligación de los estados de cumplir con el intercambio de tecnología e información para combatir el terrorismo, la trata de personas, la falsificación de papel moneda y el tráfico de genoma humano, entre otros, pero existe un límite: que por ningún motivo habrá injerencia de un país en otro.

Al respecto, el coordinador de los diputados del PT, Pedro Vázquez González, reprochó que el gobierno de Calderón haya admitido la incursión disfrazada de militares estadunidenses a territorio nacional, así como la ubicación de una base de agencias de inteligencia y antidrogas de Washington en México.

“No aceptamos ninguna certificación, la repudiamos y no le damos a Estados Unidos ninguna autoridad moral ni política para que califique a los funcionarios. Eso lo califica el pueblo de México y nada más.”

Rechazó que él, como coordinador del PT, haya sabido “de los acuerdos en lo oscurito de Calderón y Barack Obama, que nos dejan en una situación de vulnerabilidad porque desde Estados Unidos prácticamente nos están dando órdenes de seguir su método y su receta”.

A su vez, el diputado Mauricio Toledo, del PRD, consideró que no sólo el gobierno de Estados Unidos debe modificar su política de fiscalizar y criminalizar a otros países, sino que la administración de Calderón no tiene por qué ceder territorio nacional, autonomía y soberanía nacional por sus acuerdos con Obama.

Expuso que la tendencia del gobierno panista es “preservar un Estado policial, autoritario, que sigue los dictados del gobierno norteamericano (sic), aun cuando se viole la soberanía con claros ejemplos como la Operación Rápido y Furioso, la intervención de agentes y la certificación”.

La dirigencia del PRI lamentó que no exista la misma firmeza del gobierno federal para impedir prácticas que lesionan la soberanía que para negar acciones que con el tiempo terminan por conocerse. El vocero del tricolor, David Penchyna, recordó que el Congreso llamó a comparecer a la canciller Patricia Espinosa y al titular de Gobernación, Francisco Blake Mora, para que expliquen la subordinación de la estrategia de seguridad nacional al gobierno de Estados Unidos.

Zambrano señaló que las revelaciones sobre la participación de agentes de la CIA, la DEA, la FBI y el Departamento de Estado de Estados Unidos en el combate al crimen organizado en México hacen urgente la comparecencia de Blake y Espinosa, y aseguró que en conversación telefónica, el primero se mostró dispuesto a informar todo lo relacionado con el caso.


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