lavar la caraal gobierno
Sábado 13 de agosto de 2011, p. 17
El mecanismo de protección a defensores de derechos humanos dado a conocer el pasado 7 de julio por la Secretaría de Gobernación todavía no cuenta con presupuesto, criterios ni funciones definidas, señalaron varios de los participantes en el cuarto Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, que se realizó los días 12 y 13 de agosto en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Además –dijeron–, en la elaboración de dicho mecanismo no fueron tomados en cuenta los propios beneficiarios y ni siquiera se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que podría ser una simple estrategia del gobierno mexicano para lavar su imagen en el extranjero
.
En el encuentro realizado en el centro Prodh se analizaron –en talleres, mesas de discusión y conferencias magistrales– algunos de los principales retos que enfrentan tanto los promotores de las garantías individuales como los periodistas.
Alejandra Nuño, directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), afirmó que aunque la iniciativa del gobierno federal es una muestra de voluntad, el gran reto es crearla de manera adecuada
y definir con precisión sus mecanismos de funcionamiento, atribuciones y presupuesto, así como el tipo de agresiones que atenderá y cómo.
Señaló que la publicación de dicha iniciativa en el DOF es sólo el punto de partida en la lucha por proteger a los activistas, y recordó que México es el segundo país que ha recibido más quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a las garantías básicas, sólo por debajo de Colombia.
Por su parte, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, indicó que los defensores de derechos humanos ayudan a construir un país más justo y democrático. Lo único que queremos es trabajar con libertad para defender la vida. No pedimos milagros
, dijo.
Destacó las carencias del mecanismo de defensa propuesto por las autoridades –como el hecho de que no tenga capacidad técnica definida y sus resoluciones no sean vinculantes.
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