13/08/2011

El Senado desconoce la carta que permite actuar a agentes extranjeros, asegura Beltrones

Calderón ya no debe ocultar acuerdos con EU: legisladores

Para Pablo Gómez, el convenio de seguridad que signó el Presidente con Obama es ilegal

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Manlio Fabio Beltrones, presidente del Senado, bromea con el legislador Pablo Gómez durante la sesión de la Comisión Permanente, el pasado 3 de agostoFoto Francisco Olvera
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 13 de agosto de 2011, p. 5

Si el presidente Felipe Calderón firmó una carta de entendimiento con el gobierno de Barack Obama para permitir la actuación directa de agentes de Estados Unidos en México en el combate al crimen organizado, violó la ley y la Constitución, advirtieron el senador del PRD Pablo Gómez y el coordinador priísta Manlio Fabio Beltrones.

El perredista manifestó que, en México, los pactos secretos de Estado son ilegales y el gobierno de Estados Unidos debe saber que eso no está permitido en el marco jurídico y que todos los compromisos que ahí se hubieran establecido son nulos de pleno derecho.

En entrevista por separado, Beltrones expresó que en el Senado no se conoce de un acuerdo de esa naturaleza y no podría existir, porque tendería a ser ilegal.

El también presidente del Senado resaltó que espera que los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Francisco Blake y Patricia Espinosa, respectivamente, quienes en la sesión pasada de la Comisión Permanente fueron citados a comparecer, puedan aclarar todo lo relativo a la supuesta carta de entendimiento con Obama.

Beltrones recalcó que espera que los funcionarios puedan ampliar esa información y darnos una explicación satisfactoria sobre esto que se comenta, se dice y se ha escrito en distintos medios de comunicación, sobre el acuerdo para la operación de agentes de la DEA, la CIA y el Pentágono en tareas de inteligencia y en operativos contra los cárteles de la droga.

Al respecto, Pablo Gómez consideró que Calderón está obligado a informar al Congreso todo lo concerniente a las relaciones con otros países y los acuerdos que signe con mandatarios extranjeros. Se requiere, insistió, que se haga público todo lo relativo a la carta de entendimiento con Obama, la cual, de existir, significa una violación a la Constitución.

No hay pactos del Estado mexicano que sean legales y tengan carácter secreto. En Estados Unidos sí, pero aquí no, subrayó. Hizo notar que en el Senado no se sabe nada sobre el contenido de dicha misiva, que se signó hace 18 meses y abrió la puerta a la participación directa de las agencias de inteligencia y del Pentágono en México.

El senador Gómez resaltó que el Senado debe saber qué hace el personal del gobierno estadunidense en una base militar en México, pero el problema es que el jefe del Ejecutivo oculta todo. Del hecho se enteraron los legisladores, explicó, por lo publicado por el periódico The New York Times, lo cual obligó al propio Obama a decir que, efectivamente, están en territorio nacional, que no portan armas y que no realizan funciones de control.

Insistió: En México no se sabía nada y en el Congreso somos los últimos en enterarnos de lo que ocurre en nuestro territorio en relación con los vínculos internacionales entre México y Estados Unidos. Así pasó antes con el operativo Rápido y furioso, que no se ha aclarado, porque el gobierno federal se niega a informar al Legislativo y miente una y otra vez.

Durante la sesión del miércoles pasado de la Comisión Permanente, en la que se aprobó la comparencia de la canciller y el titular de Gobernación ante la comisión bicamaral de seguridad nacional, el perredista resaltó que siempre mienten al Congreso.

Por otra parte, el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, se pronunció por que la comparecencia de los funcionarios no sea simple demagogia, sino se les exijan cuentas por la actitud entreguista del gobierno, al permitir el ingreso de agentes de Estados Unidos que operan desde una base militar en el norte del país. Han negociado la soberanía, agregó.

Monreal consideró que, de comprobarse que aquellos funcionarios violaron la Constitución, se les debe someter a juicio político y destituir.

Con información de Claudio Bañuelos, corresponsal

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