06/08/2011

La aprobación del dictamen violó el artículo 174 del reglamento interno de San Lázaro



Exigen ONG a legisladores reponer proceso sobre las reformas a la ley de seguridad

Es evidente la prisa de partidos por avalar minuta que fue rechazada por la ONU y expertos, señalan

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Sábado 6 de agosto de 2011, p. 10

De acuerdo con el reglamento interior de la Cámara de Diputados, la aprobación del dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional es improcedente, toda vez que no se discutió en las comisiones unidas y sólo la de Gobernación dio el aval a esa minuta, afirmaron organizaciones de derechos humanos.

En un pronunciamiento firmado por más de 50 organismos de defensa de las garantías fundamentales, resaltaron que los legisladores violaron el artículo 174 del dicho reglamento interno, el cual establece que la minuta debió ser puesta a discusión y, en su caso, ser votada también por las comisiones de Derechos Humanos y Defensa Nacional de San Lázaro.

Las organizaciones –entre ellas los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez y La Montaña Tlachinollan, así como la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos– demandaron reponer ese proceso legislativo.

Estos errores evidencian que el procedimiento es irregular de forma y fondo, y ejemplifica la urgencia de los representantes de los partidos políticos, en particular PRI y PAN, de aprobar al vapor dictámenes que saben que han sido rechazados por una mayoría de sectores académicos, especialistas y organizaciones de defensa de las garantías fundamentales que participamos en las audiencias públicas y el foro de consulta sobre esta ley.

Agregaron que estos vicios procedimentales representan una oportunidad para que senadores y diputados se desistan en su propósito de continuar con la aprobación de dicha reforma que ha sido rechazada por organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, por ser lesiva de los derechos humanos.

Recordaron que numerosos sectores sociales también han manifestado su desacuerdo con las pretendidas reformas a la Ley de Seguridad Nacional, ya que responde a un modelo autoritario de relaciones cívico-militares, a la vez que se ha plasmado en un texto que desconoce las aportaciones de la sociedad y no cuenta con un mecanismo de participación ciudadana en su dictaminación.

Para las ONG el dictamen presentado el pasado 2 de agosto en la Cámara de Diputados es improcedente, por lo que demandaron replantear los términos del debate sobre seguridad, como insistieron durante las audiencias convocadas por la Comisión de Gobernación de ese órgano legislativo, y que se tomen en cuenta las preocupaciones de los grupos sociales sobre las relaciones cívico–militares.

La Ley de Seguridad Nacional debe dictaminarse en sentido negativo. Demandamos de las fuerzas armadas y de los legisladores involucrados en la dictaminación una actitud de apertura hacia la construcción de un modelo de seguridad que responda a los más altos estándares en la materia y sobre derechos humanos, como hemos insistido en numerosos foros y textos.

La minuta aprobada contradice la Constitución y los principios del estado de derecho, señala

Presenta el PT otro proyecto de dictamen para reformar la ley de seguridad nacional

Explica que el documento impugnado contribuye a acentuar los problemas del actual marco legal

Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Sábado 6 de agosto de 2011, p. 9

El Partido del Trabajo en la Comisión de Gobernación presentó un proyecto de dictamen que desecha la minuta de reforma a la ley de seguridad nacional, porque contiene serias discordancias con la Constitución y con los principios que rigen el estado democrático de derecho.

Enrique Ibarra, diputado petista –y autor del proyecto de dictamen–, advierte que la aprobación de la minuta representa un acto de irresponsabilidad de la Cámara de Diputados, porque las bases de ésta se sustentan en necesidades coyunturales, cuyos conceptos no responden a los retos en materia de seguridad nacional, y contribuye a acentuar los problemas jurídicos que supone el marco legal vigente.

Recordó que su grupo legislativo fue el único que votó contra la aprobación en lo general de la minuta. Nos parece absurdo que a estas alturas se repitan los añejos conceptos de seguridad nacional que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial, donde se garantizaba la seguridad del gobierno en turno. Eso es obsoleto, y como el PRI lo expresó en voz de su diputada Claudia Ruiz, ellos piensan en la seguridad del país, pero no en la de los ciudadanos; eso es una visión arcaica.

Visión presidencialista

Refirió que el concepto de seguridad humana contempla la defensa del entorno de los ciudadanos, sus derechos al empleo, a la alimentación, al ambiente, a las oportunidades y a condiciones que protejan la integridad de las personas. Nosotros protestamos la minuta porque privilegia una visión presidencialista y le otorga al Ejecutivo federal en turno la facultad para que pueda por decreto declarar zonas de afectación, que en lenguaje liso y llano es la suspensión de garantías. Los aspectos ominosos que se aprobaron el martes pasado en la Comisión de Gobernación, señala el dictamen elaborado por el PT, redundan en que la ley de seguridad nacional pretende establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de contribuir a preservar la seguridad nacional, en sus ámbitos interno y externo de competencia; determinar la forma en los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea. En su artículo tercero la ley definiría la seguridad nacional como la condición de integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, cuya preservación es una función a cargo del Poder Ejecutivo federal, a través de políticas, acciones, recursos y medios dirigidos a hacer frente a riesgos y amenazas que atenten contra la soberanía e independencia nacionales y en mantenimiento del orden constitucional.

Además define como amenazas los actos que por sus características afectan, total o parcialmente, la seguridad nacional.

También de aprobarse la minuta en sus términos –y tal como se encuentra ahora sin haberse sometido a su análisis en lo particular– el centro de Investigación y Seguridad Nacional tendría nuevas atribuciones: administrar la red y coordinar el proceso de integración de inteligencia civil de carácter estratégico para la seguridad nacional, brindar asesoría y prestar servicios en materia de control de confiabilidad a las instituciones del Estado mexicano, y desarrollar y prestar servicios académicos en materia de inteligencia civil para la seguridad nacional.

Opiniones diversas

El texto incluyó las posturas de especialistas y defensores de los derechos humanos que acudieron a San Lázaro para exponer sus ideas y propuestas en torno a la minuta en cuestión:

Lorenzo Córdova expuso que el bien último a tutelar no es la emergencia, sino las libertades y los derechos de los individuos, para cuya garantía y protección se debe el Estado; se debe proteger al Ejército y su prestigio como institución clave de la democracia. Un Ejército expuesto y vulnerable a nadie conviene.

Martín Barrón Cruz refirió en su intervención del pasado julio que los ejércitos no existen por los conflictos, sino porque cumplen una función del Estado que no se puede negar, y hoy existen principalmente porque son el sostén de la estructura de los estados. Así, los Ejércitos tienen una función política porque son parte del Estado, pero no deben incursionar en política puesto que sostienen a la estructura del país y no al gobierno en turno.

Édgar Cortés consideró que crear una ley especial para dar sustento jurídico a la participación de las fuerzas armadas en la preservación de la seguridad nacional conlleva riesgos como: que de medida provisional se convierta en medida permanente y así militarizar la seguridad; dificultaría la creación de capacidades y profesionalización de las policías civiles y una vez establecida la seguridad interior se da paso a la posibilidad de declarar la existencia de afectación de la misma.

Sergio García Ramírez expuso entonces que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional no debía aprobarse de manera aislada, sino fijar preceptos como el Código de Justicia Militar: les pido que antes de aprobar lo que consideren pertinente sometan a profunda revisión las propuestas que tienen sobre la mesa para adoptar las medidas más convenientes; tenemos graves pendientes en el tema de seguridad nacional, en el Código Penal, el Federal de Procedimientos penales y en el de Justicia Militar.

Cúpulas perredistas intentan justificar la posición de sus diputados en San Lázaro

Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Sábado 6 de agosto de 2011, p. 9

La dirigencia nacional del PRD y sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, aclararon la postura asumida por sus representantes en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, donde se aprobó, en lo general, la minuta de seguridad nacional como documento base para elaborar el dictamen sobre ese tema.

Jesús Zambrano, Dolores Padierna, Armando Ríos Piter y Carlos Navarrete señalaron en un comunicado que la aprobación en lo general de la minuta no significa su aprobación, ya que se reservaron la totalidad de artículos de dicha ley.

Responsabilizaron al PRI del desaseo en torno a la minuta enviada por el Senado: “La Cámara de Diputados recibió la minuta del Senado y el grupo parlamentario del PRI pretendió modificarla para retornarla prácticamente en los términos en que –inicialmente– el Presidente la había enviado e, incluso, superándolos. Es decir, el PRI proponía algo peor que lo que el Ejecutivo había propuesto al Senado y que los senadores habían rechazado.”

Incluso el texto refiere que durante el proceso legislativo de elaboración de la minuta se aprobó una reforma para elevar la defensa de los derechos humanos a garantía constitucional y, por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) optó por garantizar que todos los convenios internacionales de los que México forma parte, tienen el mismo valor que la Constitución.

“Estos dos elementos no estaban presentes cuando el Senado aprobó su proyecto de ley de seguridad nacional, modificando el proyecto del Ejecutivo; por tanto, ahora en la Cámara de Diputados se desarrolla una revisión de la minuta que debe tomar en cuenta esos dos elementos nuevos que no estaban cuando el Senado la aprobó. Además, existe otro elemento muy importante a considerar: los diálogos con Javier Sicilia en el Castillo de Chapultepec, donde se expresaron compromisos públicos de todos los grupos parlamentarios –particularmente del PRI– en el sentido de no insistir en impulsar una ley de seguridad nacional como la que se había rechazado.

Ayer se aprobó, en lo general, la minuta del Senado; pero eso no significa su aprobación, ya que se reservaron la totalidad de los artículos de dicha ley porque las nuevas circunstancias deben ser tomadas en cuenta a la hora de revisar cada uno de los artículos.

Por su parte, Dolores de los Ángeles Nazares (PRD) insistió en que su voto durante la sesión de la Comisión de Gobernación del pasado martes fue en contra. No obstante, en ningún momento solicitó corregir el sentido de su voto y reaccionó un día después de que el movimiento ciudadano por la paz acusó de traición a los legisladores.

“En relación con notas publicadas sobre la suspensión temporal del diálogo entre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y los integrantes del Congreso de la Unión, tras la aprobación en lo general de la ley de seguridad nacional, manifiesto lo siguiente: Mi voto como integrante de la Comisión de Gobernación fue contra su aprobación en lo general, toda vez que el proyecto que se sometió a la consideración de los diputados es inconstitucional.

No obstante, he reservado para su discusión en lo particular la totalidad de los artículos, incluyendo los transitorios, lo que permite revisar íntegramente el dictamen, donde la participación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad resulta fundamental para elaborar una ley de seguridad nacional que ponga como eje rector los derechos y garantías de las personas.

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