08/08/2011

Ocultan información a ejidatarios para explotar sus tierra a cambio de muy poco dinero

Mentiras y traiciones, estrategias de trasnacionales para obtener ganancias

Afectados denuncian complicidad de autoridades para beneficiar a empresa minera

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Trabajadores laboran en la construcción de la presa de jales del yacimiento que se instala en San José del Progreso. Ese dique se utilizará para decantar sólidos sueltos y líquidos de desecho
Foto María Meléndrez Parada
Angélica Enciso L.
Enviada
Periódico La Jornada
Lunes 8 de agosto de 2011, p. 9

San José del Progreso, Oax., 7 de agosto. Martín Arango se lamenta de haber vendido su parcela a la Minera Cuzcatlán. Dice que no sabía que debajo de sus ocho hectáreas, en las que sembraba maíz, había oro y plata. Ahora ya no tiene dinero, tierras ni maíz.

–Me engañaron. Si hubiera sabido lo que se iba a venir, no lo hubiera hecho.

Y lo que se vino después de que él y otros 31 ejidatarios cedieron por 30 años sus tierras a esta compañía fue la división de la comunidad y un agrio periodo de conflictos y enfrentamientos, en uno de los cuales murió el año pasado Venancio Martínez, quien era el presidente municipal.

Todo empezó cuando la comunidad se enteró de que a esa minera, filial de la canadiense Fortuna Silver, el gobierno federal le otorgó una concesión en 702 hectáreas que incluyen la mitad de su poblado, la presa de riego de los campesinos y tierras de cultivo.

La situación se complicó más cuando 32 ejidatarios vendieron, cedieron en usufructo o rentaron 92 hectáreas. Esas parcelas de las que se hizo la empresa fueron suficientes para instalarse. En las próximas semanas comenzará sus operaciones al ciento por ciento.

Aquí, los ejidatarios sufren para que florezcan sus cultivos. La tierra es dura, pobre para la siembra. Es una zona semiárida, cubierta de cactos, biznagas, tunillos, nopales. La escasa producción de maíz que obtienen es para el autoconsumo. Por eso algunos, como Martín, vieron como una esperanza la propuesta económica de la minera.

En este municipio residen 6 mil 500 personas; pocas aún hablan zapoteco, y está catalogado como de alta marginación por la Secretaría de Desarrollo Social. Muchos hombres han abandonado su hogar para ir a trabajar a Estados Unidos, otros se ocupan en la albañilería en Oaxaca u otra ciudad y algunos laboran en la minera Cuzcatlán.

San José está ubicado en la región Valles Centrales, a hora y media de la capital, y para llegar es obligado pasar a un costado de las instalaciones de la empresa. A la entrada del pueblo destaca el casco de una antigua hacienda, de la cual tomó el nombre el municipio, y la solitaria calle principal es la única pavimentada.

El palacio municipal es nuevo, pero allí no despacha el presidente Alberto Mauro Sánchez. Al menos la mitad de la población lo desconoce como gobernante. El edificio está bajo control de la policía estatal; el funcionario opera desde una casa.

Comparte con la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán la administración de los comités municipales. Ésta maneja los servicios de salud, primaria, telesecundaria, jardín de niños, agua potable, Procampo y Oportunidades.

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Me ganaron la voluntad, pero con engaños, señala Martín, quien junto con dos de sus hermanos y su padre tenía varias hectáreas en las que la minera estaba interesada. Busca con la mirada a su esposa para hacerse de los recuerdos.

Mi carnal les rentó unos paredones. Él se puso listo. Les hacía contrato cada tres meses y le pagaban mil 500 pesos. Pero yo creo que a la empresa no le convenía y trataron de convencerlo de que les rentara por más tiempo. Lo fueron a buscar hasta Veracruz, donde vive. Le pagaron 800 mil pesos por cuatro hectáreas.

Pero antes convencieron a Martín. Está sentado en una banca en el patio de su casa de tabique, pintada de color naranja, consta de dos cuartos. En uno de ellos está la cocina, de donde sale el olor a madera quemada que utilizan para cocinar. Desvía la vista hacia la tormenta que cae sobre los valles que rodean a San José.

Por cada terreno que se vendía, el presidente del comisariado ejidal –representante del ejido para hacer gestiones legales– se quedaba con un porcentaje. Nos engañó, nos incitaba para que fuéramos a la Procuraduría Agraria. Mueve la cabeza constantemente, como queriendo deshacer esa historia. No me dijeron para qué querían las tierras. Me decían que era para tenerlas allí, nada más.

Fue en 2006. Un día llegó a buscarlo un licenciado. Le llevaba la propuesta de renta. “Mis tierras las querían porque eran ocho hectáreas que estaban juntas. Decía que era para 30 años y después me las regresarían. El licenciado me dijo: ‘¿Qué le vas a sacar al cerro?’ No nos dijo que allí había oro. Me ofrecía 30 mil pesos por cada hectárea, yo pedía 50. Al final quedó en 40 mil. ¡Como uno nunca ha visto tanto dinero junto! Pues me ganó la voluntad”. El contrato fue de usufructo por 30 años. Yo no entendí qué era eso.

Recuerda que tenía su milpa sembrada. “Estaba buena, y el licenciado me dijo: ‘ponle precio al maíz que vas a sacar’. Yo le decía: ‘espérate que se dé mi cosecha’. No quiso. Me dio otros 10 mil por mi maíz. Esa cosecha siempre la ocupaba para el gasto, me duraba casi el año. El dinero ya no lo tengo. Y yo veo ahí el terreno. Ahí está.”

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En Oaxaca hay 14 distritos mineros. Uno de ellos es el Taviche, donde está San José. Se estima que apenas 10 por ciento del mineral se ha explotado en el estado y en esta zona hay muchas vetas que se trabajaron desde principios del siglo pasado. Creían que ya habían agotado las minas, pero la tecnología ahora es diferente y esos proyectos los han retomado sobre todo los canadienses, señala Bernardo Vázquez, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.

En este lugar poco a poco se preparó la entrada de la Minera Cuzcatlán, dice. La Procuraduría Agraria impulsó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) con los mil 375 ejidatarios, con el objetivo de dar un título de propiedad y una superficie específica a cada uno de ellos. Esto fue para romper la estructura tradicional del ejido, porque si éste se mantenía, los proyectos debían ser autorizados por la asamblea. Con el Procede ya no, debido a que con éste cada quien tiene su parcela y se hacen convenios entre particulares, precisa.

Cuando este proceso terminó, aparecieron representantes de la minera para convencer a la gente de que arrendara sus terrenos, sin decirles para qué se ocuparían. Fueron 32 ejidatarios los que firmaron contratos por usufructo para un periodo de 30 años con Fortuna Silver, a la cual el ex presidente Vicente Fox dio una concesión por 34 mil hectáreas en esta región. Todo el distrito de Ocotlán esta concesionado. Corremos el riesgo de ser desplazados por la minería.

Menciona que durante la administración del priísta Ulises Ruiz sufrieron represión por la oposición de un sector de San José al proyecto. Ahora el gobierno no interviene, pero les pide que firmen un convenio.

Pero preguntamos: ¿qué podemos convenir? ¿Que nos pavimenten el pueblo? ¿Para qué? Si de todas formas nos van a perforar. ¿Dinero, para que nos vayamos a otro lugar? Los pueblos no queremos que nos retribuyan, queremos que nos dejen en paz, que se vayan a explotar a otros lados, donde no afecten a las comunidades.

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Desde la carretera apenas se distingue la entrada a la cabecera municipal de Magdalena Ocotlán –colindante con San José–. Una tienda con techo de lámina oxidada es la señal. Una pinta con una leyenda de rechazo a la Minera Cuzcatlán da la bienvenida. La avenida es estrecha, se ve limpia y las casas, pequeñas y coloridas, tienen las puertas abiertas.

Aquí los habitantes piensan que cuando la minera empiece a trabajar los va a perjudicar por la contaminación del agua, escasa en esta región. Pero ahora la empresa depende de su autorización para que por aquí pase la manguera que llevará las aguas residuales de la planta de tratamiento de Ocotlán a la mina, con lo cual obtendrá el líquido que requiere para sus operaciones.

El presidente municipal, Facundo Sánchez, ha recibido llamados para que dé la autorización. El secretario particular del gobierno del estado nos llamó una vez, junto con el comisariado, para que diéramos el permiso de paso. Le dijimos que no somos solos. La comunidad es la que decide. Si dice que pasa, pasa, pero si dice que no, ni modo de decirles que sí.

Sentado detrás de un escritorio expresa, parco, inquieto, la preocupación que agobia a los mil 200 habitantes de este municipio. Nos dicen que la explotación de la mina va a ser de abajo para arriba y que van a dejar las cosas como estaba. Pero no lo creemos.

Magdalena Ocotlán está en la parte baja del área de la mina. Facundo señala por una ventana el sitio donde está la planta. El agua que ellos utilicen nos va a llegar contaminada. Entonces los arroyos, el Coyote y Santa Rosa, que nos abastecen, van a estar sucios. Por eso la gente dice que no va a dar paso a la manguera. Aquí se hace lo que ella dice.

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