El Ejecutivo tendría disposición absoluta de las fuerzas armadas

Las reformas a la Ley de Seguridad, para justificar la represión: expertos

Laura Poy Solano y Emir Olivares

Periódico La Jornada
Sábado 23 de abril de 2011, p. 10

Reformar la Ley de Seguridad Nacional para utilizar a las fuerzas armadas en actos de represión contra movimientos sociales, si se consideran una amenaza a la seguridad interior, beneficiará a una administración que no está dispuesta a dejar su guerra contra el narcotráfico, pero a un costo muy alto para los cuerpos militares.

Un Ejército que va en contra de su población está perdido y corre el riesgo de perecer junto con el régimen, afirma Guillermo Garduño Valero, experto en Fuerzas Armadas y Narcotráfico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Por otra parte, para René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de aprobarse la iniciativa de reforma, México enfrentaría un escenario peor al que vivieron algunas naciones sudamericanas durante la década de los 70, alertó.

El académico indicó que permitir que el Ejecutivo federal tenga disposición absoluta de las fuerzas armadas representaría una justificación legal para vivir, en los hechos, un golpe de Estado.

Garduño Valero destacó que, de aprobarse la iniciativa, que daría al Presidente la posibilidad de solicitar la intervención del Ejército y la Marina en contra de movimientos de carácter político, electoral, social y aun laboral, se apoya no sólo a la actual administración federal, sino a quien gane la Presidencia en 2012, factor que no podemos soslayar en un contexto de creciente debilidad política y el avanzado deterioro de los partidos políticos en el país.

Agregó que lanzar a las fuerzas armadas contra movimientos sociales, sería asumir los peores costos, y prueba de ello fue el movimiento estudiantil de 1968, cuyas repercusiones aún vivimos. El Ejército puede estar realmente preocupado cuando se le siguen dando atribuciones al Presidente para que los envíe contra lo que se le ocurra; pero, en los hechos, no existe marco jurídico que regule y justifique su presencia en las calles.

Enfrentamos, agregó, una clase política con “conocimientos escasos o nulos sobre el quehacer de las fuerzas armadas.

A su vez, Jiménez Ornelas demandó al Congreso de la Unión mostrar la dignidad que demanda su encargo y rechazar la iniciativa, que se votaría el lunes. Alertó que se trata de una propuesta aberrante, que pretende dar elementos legales para justificar la represión contra movimientos sociales y políticos”.