08/04/2011

Tortura, desapariciones y asesinatos, entre las violaciones a derechos humanos en México: Departamento de Estado de Estados Unidos

  • El informe sobre los derechos humanos en México en el 2010 del Departamento de Estado de Estados Unidos concluyó que los jueces admiten confesiones obtenidas bajo tortura a fin de ser utilizadas como pruebas de cargo en contra de los detenidos.
  • Concluyó que policías y militares son responsables de asesinatos y desapariciones forzadas.
  • La impunidad y la falta de avances en casos de violaciones a derechos humanos fueron la regla en el 2010.
Centro Prodh

A pesar de iniciar con un lenguaje tradicionalmente diplomático, el informe anual sobre derechos humanos en México del Departamento de Estado de Estados Unidos revela la grave naturaleza de las violaciones a derechos humanos que caracterizan México, destacando los siguientes problemas: “ejecuciones ilegales por las fuerzas de seguridad; secuestros; abusos físicos, hacinamiento y condiciones precarias en las cárceles; detenciones arbitrarias; corrupción, ineficiencia y una falta de transparencia que ha engendrado impunidad en el sistema de justicia; confesiones arrancadas mediante tortura; violencia y amenazas en contra de periodistas, lo cual los conduce a la auto-censura.”
El informe se refiere una vez más a “los múltiples reportes de desapariciones forzadas por parte del ejército y la policía” y provee diversos estudios de caso sobre abusos por parte de militares y policías, incluyendo asesinatos en los retenes y las conclusiones de la CNDH relativas a que “la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) alteró la escena en la que Martin y Brayan Almanza Salazar, de 5 y 9 años respectivamente, fueron asesinados a tiros”.
Como es costumbre, la impunidad fue uno de los temas cubiertos por el informe. Por ejemplo, menciona que “Al final del año ninguno de los 2,500 policías que participaron en el Operativo Atenco [de mayo de 2006] había sido condenado por delito alguno”.
El informe manifiesta especial preocupación por el uso de la tortura para obtener confesiones en el sistema de justicia penal. Sobre la falta de acceso a un abogado por parte de las personas detenidas, el informe concluyó que “la mayoría de los presuntos delincuentes no tuvieron asesoría legal sino hasta después de haber sido consignados a las autoridades judiciales, lo cual los tornó vulnerables a actos coercitivos para obligarlos a firmar falsas declaraciones antes de ser presentados ante un juez”. En relación a la reforma sobre el sistema acusatorio y oral, “los jueces, particularmente en lugares en los que no ha sido implementada la reforma, continúan admitiendo confesiones obtenidas mediante tortura como pruebas en contra de los acusados. Las confesiones fueron frecuentemente la prueba principal para las condenas penales en estos casos”. Tal y como el Centro Prodh ha venido denunciando, “los jueces frecuentemente otorgaron un mayor valor probatorio a la primera declaración del acusado, rendida sin la presencia de un abogado. Esto proporcionó a los fiscales un incentivo para obtener una primera declaración autoinculpatoria y dificultó a los acusados la posibilidad de repudiar dicha declaración”.
El informe también menciona “el hostigamiento en contra de defensores de derechos humanos” y observa que “la corrupción continúa siendo un problema en todos los niveles de gobierno”.
En el ámbito de los derechos indígenas, el informa afirma que “las comunidades indígenas han sido marginadas social y económicamente y sujetas a discriminación” y que en Chiapas “la capacidad de los pueblos indígenas para participar en las decisiones que afectan sus tierras y tradiciones culturales y la administración de los recursos naturales fue insignificante”.
Esta recopilación también puede ser consultada en: Sididh

No hay comentarios.:

Publicar un comentario