23/04/2011

Felipe Calderón no acepta cambios a su propuesta; las fuerzas políticas, sin acuerdo

Pendiente en el Senado, la iniciativa de enmiendas al Código de Justicia Militar

Las modificaciones permitirían juzgar a militares en tribunales civiles; es incompleta: PT

Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 23 de abril de 2011, p. 10

A punto de concluir el periodo de sesiones, una de las iniciativas que quedará pendiente de resolución en el Senado será la modificación al Código de Justicia Militar, que el presidente Felipe Calderón remitió en octubre de 2010, para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esa reforma, que permite juzgar a militares en tribunales civiles, no se dictaminó y tendrá que esperar, en el mejor de los casos, hasta el próximo periodo de sesiones de septiembre, debido a que el Ejecutivo no acepta cambios a su propuesta y, además, no hay acuerdo entre las fuerzas políticas.

La senadora del PT, Rosario Ibarra, consideró que se trata de una reforma incompleta, ya que el gobierno federal sólo incluyó tres delitos juzgables a miembros del Ejército: desaparición forzada, tortura y violación, lo que deja fuera todos los demás ilícitos en que pueden incurrir los elementos de las fuerzas armadas contra civiles.

Además de ello, Calderón puso un término de prescripción de 35 años a los delitos de desaparición forzada, “a fin de proteger a los militares que participaron en la guerra sucia de los 70”, recalcó.

Al respecto, el coordinador perredista, Ricardo Monreal, dijo que Calderón sólo presentó la iniciativa para que la CIDH no lo exhibiera públicamente por no cumplir con su recomendación, porque en realidad no existe intención de juzgar en tribunales civiles a los militares que violen derechos humanos.

El 22 de octubre de 2010, cuando se dictaminaba en el Senado la Ley de Seguridad Nacional, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pidió a los coordinadores de PRI y PRD que aprobaran esa legislación, sin incluir el tema del fuero militar –que estaba atorando precisamente la discusión– y se comprometió a hacer llegar otra reforma integral en materia de justicia para las fuerzas armadas, en el siguiente periodo de sesiones.

La propuesta de modificación al Código de Justicia Militar llegó al Senado en octubre de 2010, y en diciembre el gobierno mexicano hizo llegar a la CIDH un informe sobre los avances de la sentencia en relación con el caso Radilla.

La Ley de Seguridad Nacional no incluyó de manera directa la disposición de juzgar a militares que violen derechos humanos en tribunales civiles, sólo estableció que serán remitidos a tribunales competentes.

Sin embargo, en el proyecto de dictamen sobre Ley de Seguridad Nacional que discuten los diputados –con el aval de PRI y PAN– se eliminó la disposición y en el Senado está parada la reforma al Código de Justicia Militar.

La intención es mantener en la impunidad a los integrantes de Ejército, hecho particularmente grave en momentos en que se incrementan las violaciones a derechos humanos de civiles, cometidas por las fuerzas armadas que participan en el combate al narcotráfico, afirmó Monreal.

La senadora Ibarra reiteró que las desapariciones forzadas se han incrementado en este sexenio, y los secuestros no sólo los llevan a cabo los delincuentes, sino también militares.

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