Piden al gobierno que retire solicitud de interpretación al fallo del organismo internacional
Viernes 8 de abril de 2011, p. 19
Siete meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara sentencia contra el Estado mexicano por la violación por militares de las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo e Inés Fernández, las instituciones del país han demostrado su total falta de voluntad política para cumplirla.
Denunció lo anterior la propia Inés, acompañada por activistas de organizaciones sociales y derechos humanos, quienes exigieron que el gobierno retire su solicitud de interpretación a la sentencia, ya que ésta implica un cuestionamiento a la misma y una muestra de que sigue respaldando al Ejército a pesar de sus abusos.
En conferencia de prensa, Fernández reiteró su exigencia de que las autoridades cumplan de forma íntegra la sentencia de la CIDH, luego de que terminara sin mayores avances una mesa de negociación que las organizaciones civiles iniciaron el pasado 15 de marzo con representantes de la Secretaría de Gobernación.
“Tuve que venir hasta la casa del gobierno federal para pedirle que cumpla con su obligación y que no se lleve 10 años en hacerlo, sino que sea lo antes posible. No quiero ver a los guachos (soldados) en mi comunidad ni en mi casa; lo que necesitamos son obras, médicos, escuelas, y que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos”, señaló.
Fue necesario recurrir a la justicia interamericana porque las autoridades del país sólo cumplen con sus amigos, no con el pueblo
, en vista de lo cual –dijo– insistirá en el cumplimiento de las resoluciones de la CIDH, con la ayuda y acompañamiento de las organizaciones solidarias con su causa.
Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), coincidió en exigir el cumplimiento expedito de la sentencia; consideró que si las amenazas contra los activistas de dicho grupo no han cesado, es porque se han empeñado en decir la verdad sobre la situación de derechos humanos en el país.
Por su parte, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, exigió que el gobierno mexicano retire la solicitud de interpretación a la sentencia de la CIDH, pues significa un grave cuestionamiento a dicho organismo y una suerte de espaldarazo al Ejército, a pesar de sus crímenes de lesa humanidad.
Raúl Vera, obispo de Saltillo, hizo un reconocimiento al valor de ambas mujeres al denunciar a las fuerzas armadas, y lo contrastó con el cinismo, la irresponsabilidad y la corrupción
tanto de las autoridades como de los grupos criminales.
Por todo lo anterior, los participantes en el acto exigieron el cumplimiento inmediato e íntegro de la resolución de la CIDH en el caso de Inés y Valentina, pero también en otros que ya han sido juzgados por dicho organismo en contra del Estado mexicano, como el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, el del Campo Algodonero (en Juárez) y el de Rosendo Radilla.
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