21/04/2011

Seguridad Nacional

Seguridad Nacionalesgo para protestas sociales y políticas

Si se consideran una amenaza las fuerzas armadas podrán intervenir

Militares, marinos y el Cisen intervendrán comunicaciones

Circulación restringida de vehículos y mercancias, otro punto a discusión

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En caso de amenaza a la seguridad interior, el Presidente podrá solicitar la intervención de las fuerzas armadasFoto Ap /Archivo
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 21 de abril de 2011, p. 2

El proyecto de dictamen de los grupos parlamentarios del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados sobre reforma a la Ley de Seguridad Nacional abre la posibilidad de que el Presidente de la República solicite y declare la intervención de las fuerzas armadas en contra de movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, cuando considere que constituyan un desafío o amenaza a la seguridad interior.

El proyecto de dictamen a la minuta del Senado que modifica la citada ley, también incluye la atribución a militares, marinos y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para intervenir comunicaciones telefónicas previa orden judicial, realizar tareas de espionaje y seguimiento a presuntos miembros de la delincuencia organizada e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político.

Asimismo, como lo solicitó el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, a la comisión del ramo, concede a las fuerzas armadas restringir la circulación de mercancías y vehículos, revisar las pertenencias de particulares en las calles y a requerirles información con cualquier herramienta que resulte necesaria, pero señala que el mando de esas acciones recae en el Ministerio Público.

Además, prevé que tanto el Cisen como militares y marinos puedan contar con informantes anónimos y que, para sus actividades de inteligencia y contrainteligencia, puedan hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso los derechos humanos y las garantías para su protección.

También, las comisiones que revisan la minuta del Senado añadieron un artículo quinto transitorio para definir que, si en un periodo de 90 días a partir de la entrada en vigor de las reformas, los gobiernos de las entidades con presencia del Ejército no solicitan al Ejecutivo la declaratoria de riesgo a la seguridad interior, los operativos cesarán y los militares deberán regresar a sus cuarteles.

El proyecto de dictamen –a revisión por un grupo de trabajo de cinco comisiones de la Cámara– incluyó cuatro definiciones sobre los riesgos a la seguridad interior.

Entre éstas destaca el concepto de desafío, como el obstáculo que afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado mexicano, y el de amenaza, como el obstáculo que atenta contra la permanencia o la existencia del Estado mexicano.

Con ese contexto, se pretende añadir a la minuta dos excepciones sobre la actuación de las fuerzas armadas en el libre tránsito de personas, mercancías y movimientos sociales o políticos, e incluso conflictos laborales.

Así, el artículo 74, fracción VII, en su párrafo segundo, establece:

No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, excepto cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza en los términos del artículo 3 de esta ley.

El mismo caso se aplica en un nuevo párrafo al artículo 82, que señala:

La circulación de efectos, bienes o mercancías no podrá ser objeto de restricciones o prohibiciones, salvo cuando exista una declaratoria de afectación a la seguridad interior y sean necesarias para enfrentar desafíos o amenazas.

Los legisladores que presentaron el proyecto definen la seguridad interior como “el estatus de tranquilidad y paz social en el que las personas, sus derechos y bienes jurídicos tutelados por la Constitución y las leyes se encuentran protegidos debido a las acciones que despliega el poder público… lo que permite brindar a la población certeza en que el desarrollo de su vida gregaria habrá de darse en condiciones de tranquilidad, porque las instancias civiles y militares se encuentran alertas para detectar, identificar, desactivar o combatir los peligros que pudieran afectarla”.

Aun así, advierte que la seguridad nacional debe ser asumida como responsabilidad de todos y en ese sentido se establece la obligación de los habitantes del país de colaborar en su preservación y prevención, por lo que introduce el concepto de prevención social para que la sociedad se vea obligada a colaborar en las investigaciones judiciales y militares, y respetar los valores y las instituciones.

Nuevos poderes al Cisen

El citado proyecto incluye un capítulo para fortalecer las facultades del Cisen que –se plantea en la exposición de motivos– actúa en un marco legal que fue superado rápidamente o, dicho de otra manera, la ley privilegió la regulación del centro y no la integralidad de la función de seguridad nacional.

Los legisladores plantean que debe erradicarse la idea de que en México los servicios de inteligencia constituyen una labor de espionaje e intromisión a la vida privada de las personas, pero que, si ello llega a ocurrir, es un delito que debe sancionarse.

Ejemplos comunes

Por el contrario, añade, la inteligencia es una tarea especializada que consiste en obtener información por medios lícitos cuya sistematización, análisis y valoración puede alertar sobre posibles peligros a la sociedad, desde la existencia de un fenómeno meteorológico, un incendio interno o transfronterizo fuera de control, una enfermedad que afecta organismos vegetales, animales o a las personas; un desastre nuclear como el que se está viviendo (en Japón), hasta la agresión de grupos terroristas, una emergencia alimentaria o una crisis económica de graves consecuencias, por señalar ejemplos comunes.

En ese sentido, se incluye un artículo, el 19 –que tampoco formaba parte de la minuta del Senado–, para ampliar la influencia del Cisen.

Entre las nuevas facultades que se le otorgarían están el preparar estudios de carácter político, económico, social y demás que se relacionen con sus atribuciones, así como aquellos que sean necesarios para alertar sobre obstáculos a la seguridad interior.

También, proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de obstáculos que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, las instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o el estado de derecho.

Además, brindar asesoría y prestar servicios en materia de control de confiabilidad a las instancias y a otras instituciones y autoridades del Estado mexicano, y asimismo hacer uso de información anónima y de colaboración de terceros para la operación de tareas de inteligencia.

La modificación considera que la información recabada por el Cisen, el Ejército Mexicano y la Marina en tareas de espionaje deberán clasificarse como reservadas.

Seguridad Nacional

Dirigirá el MP los operativos para salvaguardar la seguridad

El Ejecutivo no tendrá facultades discrecionales: Navarrete Prida

Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 21 de abril de 2011, p. 3

El ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Alfonso Navarrete Prida (PRI) aseguró que los operativos del Ejército y la Marina para enfrentar afectaciones a la seguridad interior deberán estar sujetos a la dirección del Ministerio Público, y no violar garantías individuales.

En entrevista, sostuvo que el Ejecutivo no tendrá facultades discrecionales en el uso de la fuerza militar para enfrentar riesgos a la seguridad nacional, pero reconoció que cuando un conflicto social o poselectoral se salga de control, sí podrá requerir la intervención de las fuerzas armadas.

Si una situación poselectoral se pone como en Guerrero, en la gubernatura de (José Francisco) Ruiz Massieu, con todos los municipios bloqueados, la gente no puede salir y la fuerza pública está rebasada, tendría que emitirse una declaratoria de riesgo a la seguridad interior, pero también sus alcances.

–Y, por ejemplo, ¿habría aplicado en el plantón de 2006 de Andrés Manuel López Obrador?

–Ahí no, porque se trataba de una manifestación pacífica que sólo bloqueaba calles, donde no se trastocó la seguridad interior –respondió.

Los temas electorales corresponde resolverlos a la autoridad civil, pero si se tradujera en un conflicto con golpes y subiera de tono, estamos en el ámbito de la comisión de delitos, pero mientras quede en el terreno de lo pacífico, el Ejército no tiene por qué intervenir.

–¿Aunque se demandó al Gobierno del Distrito Federal el desalojo?

–Eso implica la desatención de la autoridad local. Pero es lo mejor que puede pasar: exhibir quién es el responsable. La intervención militar es la última instancia y debe haber un acto de autoridad fundado, y cuando entre el Ejército, su participación debe estar sujeta al respeto a las garantías individuales –consideró.

Afirmó que el proyecto de dictamen a la minuta del Senado que reforma la Ley de Seguridad Nacional separó los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, y que en el caso de riesgo para ésta, la última decisión que puede tomar el Estado es la suspensión de garantías individuales. Pero antes debe haber gradualidad sobre qué es un riesgo, un obstáculo, una amenaza o un desafío y que las fuerzas armadas sean utilizadas en la última instancia, cuando hay un riesgo o una amenaza a la seguridad interior.

Y en ese caso, dijo, la intervención no es discrecional del Presidente, ni está a su juicio, tiene que haber un acto de autoridad que fundamente los motivos para que el Ejército salga o estemos en un estado de afectación a la seguridad interior.

Seguridad Nacional

De aprobarse la reforma sería como un golpe de Estado con la ley en mano, dicen

Rechazan senadores más militarización
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Lejano aún, el retorno a los cuartelesFoto Reuters /Archivo
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Jueves 21 de abril de 2011, p. 3

Legisladores de PRI y PRD advirtieron que en el Senado no pasará una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que permita al presidente Felipe Calderón avanzar hacia la militarización del país, como se plantea en el proyecto de dictamen de la Cámara de Diputados.

El priísta Francisco Labastida recordó que en el Senado les llevó más de un año aprobar la minuta que ahora se discute en San Lázaro, y resaltó que no debe darse por aprobado un proyecto que aún no se discute siquiera en comisiones.

Recalcó que en el eventual caso de que el dictamen se aprobara en esos términos, es muy difícil que lo avale el Senado. Destacó que en la mayoría de los países la utilización del Ejército requiere del refrendo del Poder Legislativo.

Si se aprobara, sería como dar un golpe de Estado con la ley en la mano, advirtió el perredista Tomás Torres. Indicó que la minuta sobre Ley de Seguridad Nacional que se aprobó en Xicoténcatl –el 27 de abril de 2010– eliminó las facultades excesivas tanto al Ejército como al Ejecutivo federal, y aquellos aspectos que configuraban el paso hacia un Estado militarizado.

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, el panista Felipe González González, expuso que no está de acuerdo en que se modifique la minuta para permitir al Ejecutivo enviar tropas al extranjero para colaborar en la solución de conflictos en otras naciones, y dijo que se trata sólo de un proyecto de dictamen que no se ha votado en San Lázaro.

Reveló que ya habló con diputados de su partido, quienes le dijeron que el anteproyecto aún no se discute y algunos legisladores del PAN no están de acuerdo. Agregó que la discusión no debe convertirse en pugna entre cámaras.

Por separado, Labastida Ochoa rehusó referirse a una posible pugna con los diputados del PRI. Soy muy cuidadoso con mis compañeros, pero no puedo dejar de mencionar las declaraciones que ayer formuló David Penchyna, acerca de que no pueden autorizar al Presidente de la República el uso irrestricto del Ejército.

A su vez, Torres sostuvo que en forma alguna podrían aceptar modificaciones a la minuta sobre el planteamiento inicial de Calderón o que incluso vayan más allá, como se prevé en el anteproyecto de dictamen. Definir la seguridad nacional a partir del concepto de seguridad pública es poner en manos del Ejecutivo la decisión, cualquiera que sea, para decretar en los hechos y en la ley la supresión de garantías.

El perredista agregó que el crecimiento de la violencia y la inseguridad no pueden ser pretexto para allanar el camino a la militarización del país, porque el Congreso le ha aprobado a Calderón todos los instrumentos legales necesarios para el combate al crimen organizado.

De la iniciativa para crear la Ley de Seguridad Nacional, así como de otras propuestas de Calderón, le hemos quitado aspectos que significaban violación de derechos humanos y normas estalinistas. Recordó cómo el gobierno federal ha malempleado, incluso con fines de persecución política, las figuras de arraigo y testigos protegidos.

No podemos consentir que se den manos libres al Ejecutivo para que utilice al Ejército sin declarar el estado de excepción y sin autorización del Congreso. Sería un retroceso en la conquista de las libertades ciudadanas, que han sido motivo de luchas históricas en este país desde el movimiento de Independencia de 1810, la Reforma, la restauración de la República y el movimiento armado de 1910.

Destacó que cuando dictaminaron la Ley de Seguridad Nacional tuvieron muy en cuenta en el Senado esas libertades, la reivindicación de garantías sociales, que no son posibles si no se respeta la institución pública y los derechos individuales. En más de un año que la minuta ha estado en San Lázaro debieron hacer esa misma valoración, recalcó.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priísta Pedro Joaquín Coldwell, dijo que no hará ningún comentario hasta que el proyecto de dictamen se haya aprobado en San Lázaro. Sin embargo, reivindicó la seriedad del trabajo realizado en el Senado.

No es la vía contra la violencia: Zambrano; es lamentable, afirma Penchyna

Cuestionan PRI y PRD iniciativa que permitirá al Ejecutivo utilizar a militares

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La minuta de ley sobre seguridad plantea utilizar a militares para enfrentar cualquier quebranto a la tranquilidad socialFoto Reuters

Alma E. Muñoz y Ciro Pérez Silva
Periódico La Jornada
Jueves 21 de abril de 2011, p. 4

Sería un error conceder al presidente Felipe Calderón manga ancha para el manejo discrecional de las fuerzas armadas. Dicha medida generaría más conflictos que soluciones, coincidieron las dirigencias de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI).

El vocero del tricolor, David Penchyna, advirtió que en la discusión sobre la minuta de ley de seguridad nacional, los diputados deberán precisar en cada artículo cuándo estará facultado el Ejecutivo federal para hacer uso del Ejército Mexicano. Además establecer una clara rendición de cuentas sobre cada evento.

Interrogados en torno al proyecto de dictamen elaborado por las comisiones de Defensa Nacional, Derechos Humanos y Gobernación de la Cámara de Diputados, el cual pretende dejar en manos del Presidente la decisión de disponer del Ejército y la Marina para enfrentar cualquier quebranto a la tranquilidad y el orden sociales, los dirigentes de los partidos políticos advirtieron que ni la lucha contra el narcotráfico justifica dicha medida.

Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, descartó que la militarización del país sea la solución a la violencia e inseguridad. La alternativa es el desarrollo social con equidad, lo que implica la asignación de los recursos presupuestales en ámbitos estratégicos –como la infraestructura y la creación de empleos bien remunerados– que frenen la expansión de las actividades ilícitas, indicó.

A su vez, la secretaria general del sol azteca, Dolores Padierna, advirtió que de aprobarse la iniciativa –la cual dio a conocer La Jornada– surgiría un Estado paramilitar que regresaría a México a niveles de mayor represión y pérdida de libertades.

Rompería, aseguró, “el equilibrio de los tres poderes de la Unión y sería como declarar un estado de excepción de facto”.

Indicó que no se puede ir contra el espíritu del artículo 29 constitucional, respecto a que el control y la fiscalización del Ejecutivo recae en el Legislativo.

David Penchyna, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, consideró lamentable darle manga ancha al Presidente de la República para el manejo discrecional de las fuerzas armadas, incluso para enfrentar situaciones tan delicadas como las que vive México ante la lucha contra el crimen organizado.

La Cámara de Diputados debe analizar con mucho cuidado el contenido de la minuta que envió el Senado, a efecto de que se especifique con toda claridad el momento en el que el Ejecutivo federal puede hacer uso del Ejército. Se trata de un tema que exige toda la atención de los diputados.

De acuerdo con el proyecto de dictamen, las condiciones generales para identificar una situación de paz en el país deben entenderse como estado contrario a la guerra, “pero no como estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro. La Constitución no señala expresamente que existen diversos ‘niveles o grados’ de paz, por lo que no se debe interpretar este concepto en ‘blanco y negro’. Existen las más variadas gamas de grises; la paz en todo lugar y momento es relativa”, indica el texto.


Seguridad Nacional
Busca la directiva de la Cámara que se apruebe la reforma en sólo dos comisiones

Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 21 de abril de 2011, p. 4

Aun cuando la propuesta de reforma a la minuta de la ley de seguridad nacional se turnó a cinco comisiones de la Cámara de Diputados, y ello implica que se dictamine en comisiones unidas, la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva buscan que el documento se apruebe por dos o tres comisiones por separado, en una interpretación de las atribuciones que les concede el nuevo reglamento.

De acuerdo con esa valoración, la mesa directiva puede decidir por eficiencia parlamentaria retirar el turno a cualquiera de las comisiones que estudian la minuta –Derechos Humanos, Defensa, Justicia, Gobernación y Seguridad Pública–, pese a que el reglamento vigente indica que una comisión puede dejar de revisar un asunto únicamente por declinación.

El grupo de trabajo que revisa la minuta entregará el lunes un proyecto a la Junta de Coordinación, para que ésta determine si la reforma se aprueba en el actual periodo de sesiones, que termina el próximo 30 de abril.

Cuando el pleno de la Cámara recibió la minuta el 28 de abril de 2010, la mesa directiva –que preside Jorge Carlos Ramírez Marín– la turnó a las comisiones de Gobernación, Justicia y Defensa Nacional.

Sin embargo, el 20 de julio modificó el turno y lo amplió a la de Seguridad Pública, para que el dictamen se aprobara en comisiones unidas, esto es en una sesión conjunta de las cuatro comisiones.

Nuevamente, el 9 de septiembre la mesa directiva extendió el turno de la minuta y la envió además a la de Derechos Humanos, para que las cinco la dictaminaran.

El viernes pasado, ante la imposibilidad de que esas comisiones sesionaran conjuntamente, el grupo de trabajo formado por la Junta de Coordinación Política para revisar el texto, recibió un proyecto del ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el priísta Alfonso Navarrete Prida, quien ayer aseguró que si las observaciones que presentarán el fin de semana diputados de PRD y PT no permiten lograr un consenso, la reforma no se aprobará. No pretendemos dar un albazo, dijo.

Aun así, desde el PAN se presiona para que las comisiones de Gobernación y Justicia, que presiden los panistas Javier Corral Jurado y José Luis Ovando Patrón, voten en favor del dictamen, si la mesa directiva aplica el criterio de eficiencia parlamentaria. Las comisiones de Derechos Humanos, Defensa y Justicia las presiden priístas que están de acuerdo con el alcance de las modificaciones

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