Miércoles 6 de abril de 2011, p. 19
Diversas organizaciones sociales presentaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado mexicano para que se investigue la desaparición forzada de Alicia de los Ríos, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, e iniciaron una campaña para la formación de un organismo especial que indague estos delitos de lesa humanidad.
En conferencia de prensa, Alicia de los Ríos Merino, hija de la mencionada activista, recordó que su madre fue detenida el 5 de enero de 1978 en el Distrito Federal, luego de un tiroteo en el que resultaron muertas tres personas.
Desde ese momento, y a pesar del testimonio de dos hombres que la vieron con vida en instalaciones de seguridad, el gobierno de México se ha negado sistemáticamente a dar información sobre De los Ríos, investigar los hechos y castigar a los responsables
, lamentó.
El caso se presentó hace nueve años en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), pero ante la desaparición de dicha instancia y el nulo avance que hubo en las pesquisas al respecto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) sugirió llevar el tema a la CIDH.
No obstante la fuerza de las pruebas testimoniales y documentales sobre la desaparición de Alicia de los Ríos, no hubo voluntad política del Estado para investigar. Se tendió una cortina de impunidad para que los presuntos culpables no fueran juzgados
.
Los familiares de la víctima saben que el proceso legal ante el organismo internacional es lento, pero subrayaron la necesidad de desahogarlo para que el Estado mexicano responda por la desaparición de la militante.
La Femospp, afirmó De los Ríos Merino, nunca investigó lo ocurrido como un caso de desaparición forzada, sino como de privación ilegal de la libertad, y ante el agotamiento de las instancias jurídicas nacionales, la última opción fue recurrir a la CIDH.
Por su parte, Andrés Díaz, miembro del área de defensa del Prodh, dijo que la falta de interés del gobierno para resolver este caso orilló a los familiares a presentarlo ante la justicia interamericana. Es importante seguir exigiendo soluciones, pues la impunidad prevalece y continúan las desapariciones. Mandamos a la comisión un documento sólido, bien fundamentado, donde se señala la responsabilidad del Estado mexicano, que no puede alegar irresponsabilidad, aunque el delito haya ocurrido en periodos anteriores
.
Por tal motivo, la familia De los Ríos, el Centro Prodh, la Fundación Diego Lucero y el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez dieron inicio a la campaña Siguen desapareciendo (http://siguendesapareciendo.org).
Señal negativa, que el gobierno mexicano descalifique informe de la ONU sobre el tema
Es claro que el reporte de la CNDH sobre extraviados
se refiere al periodo de la guerra antinarco
Miércoles 6 de abril de 2011, p. 19
Las 5 mil 300 personas reportadas como extraviadas y los casi 9 mil cadáveres sin identificar de los que informó el sábado pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) podrían estar relacionados con el fenómeno de las desapariciones forzadas, ya que dichas cifras corresponden al sexenio actual, cuando se desencadenó la guerra
contra el crimen organizado.
Advirtieron lo anterior activistas de derechos humanos, quienes consideraron que ante la falta de una base de datos confiable al respecto, muchos de los cuerpos no identificados podrían ser de casos de desaparición.
Andrés Díaz, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que la descalificación del gobierno mexicano al informe preliminar del grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre desaparición forzada es una señal negativa, pero “al menos cada vez queda más claro que el fenómeno existe y es de suma gravedad.
Por otro lado, el hecho de encontrar 9 mil cuerpos sin identificar sigue indicando que hay un acto de desaparición. La ONU dice que hay que tener una base de datos al respecto, y si hay tantos cadáveres en esta situación, podría tratarse de desapariciones ya denunciadas
, afirmó.
Sergio Méndez Silva, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, apuntó que aunque la CNDH no lo dice de forma clara, se entiende que la cifra de extraviados y muertos se produce en el contexto de la guerra
contra el narco, periodo en el que, según Naciones Unidas, la presencia del Ejército en las calles hizo aumentar el número de desapariciones forzadas.
En tanto, en Monterrey, la organización civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos hizo saber a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su preocupación por más de 200 casos de desapariciones forzadas en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
De forma paralela, el colectivo Justicia para Nuestras Hijas informó que un total de 59 mujeres y niñas desaparecieron en 2010 en Ciudad Juárez, y 48 más en el resto del estado de Chihuahua, según datos de la Fiscalía General de la entidad.
107 mujeres que desaparecieron durante 2010 continúan sin ser localizadas, de las cuales 71 (66 por ciento) son menores de edad
, advirtió la organización en su página web.
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