04/04/2011

La operación está "afectada de nulidad", considera Antonio Martínez

No se debió haber restituido predio a Sempra Energy: ex procurador de BC
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El entonces secretario general de Gobierno sí pidió que se acelerara el proceso, afirma Antonio Martínez durante la entrevistaFoto Francisco Olvera
Roberto Garduño
Enviado
Periódico La Jornada
Lunes 4 de abril de 2011, p. 14

San Diego, Cal. La instalación de la planta regasificadora de la trasnacional Sempra Energy en el litoral de Ensenada está afectada de nulidad, porque compró los terrenos ecológicos y de conservación turística a una muerta, admite Antonio Martínez Luna, ex procurador general de Justicia de Baja California, quien en su momento convalidó la operación de compraventa.

El ex funcionario, quien ahora vive en San Diego, acepta que el proceso dio un giro radical en 2007, al descubrirse el acta de defunción de la señora Elodia Gómez Castañón, la supuesta propietaria de los terrenos que compró Sempra como zona de amortiguamiento para su regasificadora, y el propietario original, Ramón Sánchez Ritchie, lo dio a conocer al declarar que la compañía lo ocultó para conseguir la autorización instalar la planta.

En entrevista, Martínez Luna afirma que en 2006 el secretario general de Gobierno, “Bernardo Martínez, nos dijo que la empresa estaba realizando una inversión muy importante para el estado y que Sempra estaba despojando de sus terrenos a un individuo (Ramón Sánchez) que decía ser el propietario de la tierra. Se trataba de una inversión importante y teníamos que resguardarlo jurídicamente bien. La empresa presentó una denuncia y se empezaron a aportar pruebas. Así, el desalojo fue algo muy rápido.

“La compañía aportó pruebas y Sánchez Ritchie tuvo tiempo para hacerlo. Tras el análisis se decidió que procedía restituir el predio a la empresa. Así fue, y para no tardar tanto se fijó una fianza. Como era un asunto muy importante, se hizo rápido, en el momento en que aportara la fianza, y se llevó a cabo la restitución del terreno.

Finalmente se cumplió con lo que había que hacer jurídicamente. Pero ahora me entero que Sánchez Ritchie hizo investigaciones y obtuvo pruebas que en el momento no tenía y, desde luego, no aportó al Ministerio Público. No se integraron al expediente ni a la averiguación previa. Al ver esos papeles aparece una acta de defunción de una señora que estaba en pugna con Sánchez Ritchie en materia agraria. Resulta que ésta dio el poder a otra para que vendiera, pero la señora que otorga el instrumento murió en 2004. Esa operación se realizó en 2006. Obviamente, está afectada de nulidad, porque la persona que supuestamente entregó el poder ya había fallecido.

–¿Por qué hasta ahora se reconoce la nulidad jurídica de la restitución?

–El acta de defunción no apareció en la averiguación previa. Tampoco la copia de un amparo en el que les niegan restituir el predio a la supuesta propietaria que había otorgado el poder. Esos dos elementos son de vital importancia para el Ministerio Público. No se aportaron en su momento, y si se hubieran entregado no se hubiera restituido. Nosotros, por supuesto, no hubiéramos permitido eso, porque quien lo hizo fue el Ministerio Público y no el procurador. Por supuesto hubiéramos opinado que no.

–¿El gobernador Eugenio Elorduy u otro funcionario intervino para facilitar la operación de Sempra en Baja California?

–El gobernador jamás me pidió que hiciera algo indebido, que en ese momento no lo era, porque con las pruebas que teníamos procedía jurídicamente. Él nunca estuvo en las reuniones. Quien estuvo fue el secretario general de Gobierno, Bernardo Martínez (quien después de dejar su cargo en el gobierno de Elorduy fue contratado por Sempra). Él sí me pidió que aceleráramos el proceso, porque estaba jurídicamente bien sustentado.

–¿Sempra Energy?

–Estuvo presente y encima de nosotros para que resolviéramos rápido. Por supuesto, porque le interesaba.

–¿Por qué permitió la omisión?

–No lo hubiera hecho. Aunque es facultad del Ministerio Público, no lo hubiera consignado. Hablo de lo que sé. A lo mejor hay otro elemento para que se convenciera el Ministerio Público de volver a consignar. Jurídicamente no era lógico ni procedente. Se ha debatido en tribunales, y como consecuencia lógica se restituyó al señor Sánchez Ritchie.

–Los afectados piden que los indemnicen y el municipio demanda beneficios económicos por el uso de la tierra. Sempra se niega. ¿Qué procede?

–Ninguna inversión, por gigantesca que sea, debe pisotear los intereses de un mexicano. Sí se lesionaron los intereses de familias. Sé que ese terreno es un colchón de amortiguamiento. Creo que deben arreglarlo en lo político, en lo económico y en lo social. Deben solucionarlo. Ya no debe seguir creciendo. No sé de quién es la negligencia por dejar crecer el problema. Ahora hay vecinos a un lado y la empresa sigue operando. Quien tiene la sartén por el mango son los gobiernos federal y del estado, los cuales deben arreglar el asunto ya. El alcalde de Ensenada ha dicho atinadamente ‘voy y clausuro, porque no se cumplió con el uso de suelo’, pero llega el gobierno del estado y vuelve a abrir. Sé que es mucho dinero lo que está en juego, pero mientras más esperen, más difícil será.

–¿Hay soberbia de la empresa y afán de imposición?

–Sí, porque la han dejado crecer. Todas las compañías deben ser bienvenidas, pero siempre y cuando estén apegadas a la ley. No hay de otra. Creo que ha habido relajamiento, indiferencia o interés por que crezca el problema. Ejemplo de ello es lo que pasó con la clausura del alcalde, y después van y rompen los sellos. Ello implica que se está incurriendo en responsabilidad. Se rompió el respeto.

–¿Cómo desalojaron a Ramón Sánchez Ritchie de su terreno?

–Nuestra obligación era dar certeza al propietario de la tierra. Lo que procedía era que el Ministerio Público integrara la averiguación previa y el juez ordenara restituir a la empresa, pero eso tarda. Nosotros dijimos para qué dejo eso al juez si tengo los elementos y la facultad jurídica para hacerlo. Lo que sucedió es que si la empresa conocía que la señora a quien supuestamente compraron había muerto dos años antes y el poder estaba afectado de nulidad, no debió seguir con la operación. Yo, como abogado de la compañía, hubiera hecho esa investigación. Es obvio si se va a adquirir un predio de 150 o 200 hectáreas. Yo hubiera ido a hablar con la dueña y no con la que tiene el poder. Obviamente quien arregló todo fue la que tuvo el poder y no la dueña. De ahí vino todo el problema. Esa persona tampoco dijo que en el amparo les habían negado dar la posesión material. Esas dos pruebas son las que no se aportaron inicialmente, pero sí cuando se regresó el expediente al juez, hace tres años y medio, y Sempra no tuvo la posesión material. Por eso el juez federal, con justa razón ahora, les dijo que restituyan el lote.

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