02/04/2011

En señal de falta de transparencia la trasnacional impidió el paso a los periodistas

Portazo a medios en la visita de diputados a la planta de Sempra Energy en Ensenada

En contraste, son públicas y abiertas las mesas de debate sobre la regasificadora Costa Azul

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Colonos de Ensenada protestan frente a la planta regasificadora Costa Azul, de Sempra Energy, mientras un grupo de diputados federales recorría las instalacionesFoto Francisco Olvera
Roberto Garduño
Enviado
Periódico La Jornada
Sábado 2 de abril de 2011, p. 15

Ensenada, BC., 1° de abril. La trasnacional estadunidense Sempra Energy dio otra muestra del estilo con el que se comporta en territorio mexicano: impidió el ingreso a los periodistas que acompañaban a la subcomisión investigadora de la Cámara de Diputados, en las instalaciones de su planta regasificadora de gas licuado natural Costa Azul.

Por mandato de la Cámara de Diputados la inspección en las instalaciones de la regasificadora tenía que desarrollarse con transparencia para que la sociedad conociera lo que se hace en ese sitio, donde operan dos gigantescos tanques de almacenamiento de gas licuado natural, y un puerto de embarque y desembarco, autorizados en 2007 por Luis Téllez, quien en aquel entonces fungía como secretario de Comunicaciones y Transportes, pero que a finales de 2006 aparecía, en un informe de Sempra sobre sus consejeros, como propietario de un paquete de acciones de la empresa.

Los diputados –quienes en su mayoría desconocen la cuestionada operación de la regasificadora, el gasoducto y el puerto– ingresaron al sitio en compañía de empleados de la trasnacional, encabezados por Tania Ortiz Mena, quien en días recientes se abocó a cabildear entre los integrantes de la subcomisión. Ésta contó con los buenos oficios del perredista Armando Ríos Piter quien le acercó a la legisladora Dina Herrera con el baladí argumento de presentársela.

Acusada en México de actuar en complicidad con funcionarios panistas para obviar el cumplimiento de normas y reglamentos de uso de suelo, Sempra Energy es investigada en Estados Unidos por la FBI y la Bolsa de Valores por alentar prácticas corruptas; ahora la trasnacional permitió el paso a sus instalaciones a un grupo de diputados que en las semanas siguientes redactarán un dictamen sobre los daños, riesgos y perjuicios provocados entre diversos sectores de la población.

La visita privada de los diputados federales a la planta contrasta con las comparecencias matutinas de los funcionarios del cabildo, activistas sociales y especialistas en medio ambiente y ecología –abiertas al público–, que arrojaron una conclusión inobjetable: la construcción y posterior operación de la planta Costa Azul se enmarcó, de origen, en el autoritarismo de las autoridades surgidas de las filas del PAN (principalmente de Eugenio Elorduy), abusos de poder y complicidades promovidos por la trasnacional y sus empleados en México, entre los que figuran políticos activos y algunos de sus familiares.

Los diputados Alejandro Carabias (PVEM), quien en sustitución de Ninfa Salinas –la que se excusó de asistir a Ensenada por un malestar– encabezó la reunión; Araceli Vázquez (PRD); Dina Herrera (PRD); Eduardo Ledezma (PVEM); Andrés Aguirre (PRI); Agustín Torres (PAN); Víctor Manuel Galicia (PRI); Alejandro Bahena Torres (PAN), y Francisco Javier Orduño (PAN) escucharon los argumentos de fondo expuestos por la autoridad municipal e integrantes de la sociedad.

Trabajando sin cesar en su Ipad, el cabildero Álvaro Rodríguez Tirado, empleado del despacho Estrategia Total –que pertenece a Fernando Lerdo de Tejada, ex vocero de Ernesto Zedillo en los Pinos–, tomaba nota puntual de cuando se argumentaba contra Sempra.

El clima de descomposición que se vive en la región de Ensenada por la operación de Sempra, ayer permeó entre los mismos diputados del PAN, quienes acudieron al encuentro con el cabildo y las organizaciones civiles. Uno de ellos comentaba con sorpresa, ¿Te enteraste que Francisco Blake ya le pidió la renuncia a Cuauhtémoc Cardona porque no supo controlar este problemón?

Y es que la operación de la regasificadora en esta zona ha polarizado a los ciudadanos, quienes en su mayoría demandan su clausura o que cumpla con la normatividad sin ventajas, y regularice su relación con los propietarios de los terrenos que colindan con la planta, entre ellos algunos que denuncian despojos.

Fue el alcalde, Enrique Pelayo quien reclamó por la soberbia de Sempra y el gobierno estatal contra la naturaleza constitucional del municipio: Es la base del sistema republicano, representativo y federal. Es la base de la soberanía al ser el orden de gobierno más cercano a los ciudadanos. El federalismo impulsa el fortalecimiento del municipio en el ejercicio de sus atribuciones. Sin embargo, hay quienes quisieran ver al municipio en un papel de subordinación y debilidad. No conciben que nos hayamos atrevido a ejercer la autoridad municipal en defensa de las siguientes generaciones.

A nombre de los integrantes del cabildo presentes en el encuentro, Joaquín Bolio también reclamó la postura de Sempra: Me he percatado del cúmulo de arbitrariedades que han cometido diversas autoridades para defender a esta empresa. Ya vieron ustedes de lo que fue capaz la Federación, al mandar a nuestro glorioso Ejército Mexicano a custodiar los intereses de una empresa trasnacional: ¡cuándo habíamos visto en México una cosa así! México requiere de la inversión privada y extranjera, pero también requiere que sean respetuosos de la ley y de sus ciudadanos.

Participaron en el encuentro por parte de la sociedad el ingeniero Rubén Ayub, el astrónomo Manuel Pérez, el médico Álvaro de la Chica, el doctor Horacio de la Cueva, Marco Antonio Lazcano, Alfonso García Quiñones, Juan Malagamba Zentella, Andrés Armenta, Ismael Quintero y el anciano Paulino Castro, quien sólo dijo lacónico: Sempra me despojó de 31 hectáreas.

Al concluir, el ingeniero Felipe Ruanova, hizo un recuento de las chapuzas y pillerías de Sempra: están aquí porque los gringos no los quieren; Sempra defraudó a los gringos 3 mil 500 millones de dólares, y sólo pagó 800 millones; llegó a Ensenada y se registró como maquiladora de hules; compró un predio a una difunta, y sobornó al gobierno panista.

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