06/04/2011

Los delitos se persiguen, asegura; omite mencionar vejaciones, secuestros y asesinatos

Maquilla México ante ONU situación de migrantes, denuncian en Ginebra

El comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, defiende avances para proteger la vida de estas personas

El informe decepciona a miembros de AI y al sacerdote Alejandro Solalinde

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Migrantes centroamericanos esperan el paso del tren cerca de LecheríaFoto José Carlo González /Archivo

Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de abril de 2011, p. 5

Madrid, 5 de abril. En Ginebra, ante el Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el gobierno mexicano maquilló la realidad sobre la situación de los secuestros, las vejaciones y los asesinatos que sufren los migrantes que pasan por el país, denunciaron diversas organizaciones que estuvieron presentes en las reuniones de trabajo a puerta cerrada.

La delegación mexicana, encabezada por el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, defendió los avances que se han alcanzado en la actual administración para proteger la vida de los migrantes y en el combate al crimen organizado, que señalaron como la principal amenaza para estos ciudadanos.

En el encuentro se constataron dos versiones antagónicas para un mismo fenómeno: por un lado, la delegación del gobierno de Felipe Calderón defendió que en México se cumple la ley, se respetan los derechos humanos de los migrantes, se persiguen los delitos y se garantiza el acceso a la justicia de los ciudadanos migratorios que sufren algún tipo de vejación o secuestro y en ningún caso prevalece la impunidad.

Pero por otro lado está la versión de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, y del propio relator de la ONU, que denunciaron que en nuestro país la migración está siendo amenazada, se ha convertido en un negocio para los grupos criminales, que ha habido y hay en la actualidad algún tipo de connivencia de las autoridades de los tres niveles –municipal, estatal y federal, incluidos la Marina y el Ejército– y que prevalece la impunidad en la mayoría de los casos reportados, que tiene su aspecto más grave y dramático en los más de 11 mil secuestros forzados de migrantes, según la ONU.

Cada cuatro años, México tiene que ratificar ante la Organización de Naciones Unidas la Convención de los Trabajadores Migratorios, en la que como Estado se compromete a garantizar el respeto a la integridad y velar porque se respeten los derechos humanos de estas personas.

La delegación mexicana que viajó a Ginebra con este propósito, además de exponer la situación actual del fenómeno, defendió que se han logrado algunos avances legislativos, como la aprobación de los visados humanitarios para que los migrantes puedan presentar sus denuncias. El gobierno también dio datos sobre el flujo migratorio de ciudadanos centroamericanos en México, que en 2010 ascendió a 150 mil, de los cuales 63 mil 300 fueron detenidos y repatriados por las autoridades mexicanas.

Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional (AI) para México, explicó a La Jornada que “la delegación mexicana presentó una información débil, sin datos realmente contrastables y precisos, pero sobre todo nos preocupa que hasta ahora, y a pesar de la gravedad del asunto, no se han adoptado medidas concretas de protección ni de lucha contra la impunidad.

Nos vamos muy decepcionados y preocupados, pues la sociedad civil y la propia ONU hemos demostrado que los secuestros masivos de migrantes han aumentado de forma considerable en México en los últimos cuatro años, y junto con ello también hemos visto cómo aumentan los casos de funcionarios implicados en las tramas criminales, incluidos efectivos de la Marina y el Ejército, a lo que hay que sumar la parálisis de la justicia para investigar estos delitos.

Por su parte, el sacerdote Alejandro Solalinde, que puso en marcha el albergue Hermanos en el Camino para ayudar a los migrantes a su paso por Oaxaca, mostró su indignación y malestar: Creo que no era necesario venir hasta Suiza para constatar la incidencia en la misma actitud apologética. Para ver cómo 20 cosmetólogos intentan cuidar el cutis del gobierno federal sobre un problema que lo peor que se puede hacer es ignorar o soslayar.

Solalinde reconoció que en estos momentos existen dos visiones diferentes, antagónicas: la del gobierno y la del resto de la sociedad. Hablamos lenguajes diferentes, pero a pesar de esto nos hubiera gustado poder al menos dialogar sobre hechos reales, sobre lo que de verdad está ocurriendo, sobre los 11 mil secuestros forzados. Pero hemos visto que el gobierno mexicano está estancado en cuidar su imagen. Así que nos vamos de Ginebra muy desilusionados.

La delincuencia, principal enemigo: SG y SRE

Por otra parte, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores emitieron un comunicado conjunto en el que aseguran que la principal amenaza para los migrantes que transitan por el país es la delincuencia organizada. Sobre el secuestro y homicidio colectivo de 72 migrantes centroamericanos, ocurrido el año pasado en un rancho de Tamaulipas, informó que hasta el momento hay ocho detenidos.

El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río, dijo en Ginebra que el gobierno federal ha detenido a 966 personas por el delito de tráfico de migrantes, que el Poder Judicial ha dictado 602 sentencias por tráfico de indocumentados y que las investigaciones por secuestro no prescriben ni pueden reservarse.

Fabiola Martínez


La delación puede poner en riesgo derechos humanos, advierten

El plan de la PGR refleja lo erróneo de la estrategia de seguridad: ONG

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de abril de 2011, p. 4

El programa de recompensas de la Procuraduría General de la República (PGR) para quien denuncie el lavado de dinero, demuestra la ineficiencia de las autoridades para combatir este ilícito y puede provocar una serie de delaciones por interés económico, en las que ni siquiera se garantice la seguridad de quienes participen, advirtieron activistas de derechos humanos.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró que se trata de una medida que refleja lo erróneo de la estrategia de seguridad del gobierno y las deficiencias estructurales del sistema de justicia.

Este proyecto puede causar que la carga de la prueba la tenga la persona a quien se imputa el delito, y poner en riesgo la vigencia de los derechos humanos. Se vuelve una especie de populismo penal que cuestiona las acciones de inteligencia de la PGR, agregó.

Por su parte, Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, afirmó que el programa de delaciones deja en claro la ineficacia de las autoridades al traspasar a los ciudadanos la responsabilidad de detectar ese crimen, un trabajo que corresponde directamente al gobierno federal.

Seguimos dando patadas de ahogado, porque no existe una estrategia integral de seguridad. Si bien es cierto que debe combatirse el lavado de dinero, esto demuestra que hay una gran carencia en los métodos de investigación de la PGR y las fiscalías especializadas, aseveró.

Además, existe el riesgo latente de que las denuncias sean filtradas a los grupos del crimen organizado, lo que puede generar acciones de represalia, como lo demuestra el asesinato de Juan Francisco Sicilia y otras seis personas en Cuernavaca, Morelos.

Por otro lado, agregó, no puede descartarse la posibilidad de que un ciudadano denuncie a otro por motivos personales o interés en la recompensa económica. No hay garantías de que no ocurra eso. Pueden señalar a quien tengan al lado y más tarde ser asesinados, porque los criminales saben bien quiénes son los que delatan, dónde están y cómo se mueven, advirtió.

Como ciudadanos queremos ayudar, pero ¿cómo hacerlo con la gran desconfianza que tenemos en las autoridades por la forma en que han actuado?, ¿cómo hacerlo con la impunidad que existe en tantas líneas y cuando han cometido tantas violaciones contra los derechos humanos?, se preguntó.

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