12/12/2011

Comunidades campesinas encaran más pobreza y rompimiento de tejido social, exponen en foro



Gobiernos de Chiapas y federal amagan la integridad de pueblos indígenas: ONG

Rechazan el programa REDD+, porque implica la privatización de un bien común como el arie

Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Lunes 12 de diciembre de 2011, p. 13

San Cristóbal de las Casas, Chis., 11 de diciembre. Una veintena de centros y organismos defensores de los derechos humanos emitieron un pronunciamiento donde manifiestan haber constatado las amenazas que tanto el gobierno de Chiapas como el gobierno federal y empresas particulares constituyen para la integridad de los territorios de pueblos indígenas y campesinos, y de sus formas de vida.

Reunidos en el Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos en esta ciudad para discutir los problemas y los desafíos de la vigencia de dichas garantías en la región, organismos independientes de todo el estado concluyeron que la vida de las comunidades indígenas y campesinas enfrenta varias amenazas frente al deterioro y despojo de los territorios y sus bienes naturales, generando mayor pobreza y rompimiento del tejido social, que se traduce en una creciente emigración y descontento.

Diagnosticaron que las políticas restrictivas de migración generan en nuestra frontera sur y hacia el norte del país condiciones de graves violaciones a derechos fundamentales, atentando contra la vida, la integridad física y la libertad de personas transmigrantes por parte de agentes estatales o grupos criminales solapados por los primeros.

La protesta social derivada del descontento y la indignación son fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad o por la vía judicial, particularmente contra defensoras de derechos humanos.

Los organismos se pronunciaron especialmente contra el programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada plus (REDD+), impulsado por los gobiernos chiapaneco y el federal, porque implica la mercantilización y privatización de un bien común, como es el aire puro, y porque se ha instrumentado como parte de la estrategia de despojo territorial y despojo social en la selva Lacandona, que implica el desalojo y la reubicación forzosa de 40 comunidades indígenas.

Expresaron preocupación por la latente reactivación de la mina en Chicomuselo, concesionada a una firma canadiense, que según rumores habría sido traspasada a una empresa de capital chino. La operación de la mina ya afectó el ambiente de las comunidades aledañas, sin respetar su derecho a la consulta. El pronunciamiento se suma a las organizaciones locales que exigen la cancelación de los permisos de explotación.

Importantes centros de Chiapas como Frayba, Fray Matías de Córdova, Oralia Morales, Digna Ochoa y Melel Xolobal, demandaron detener la construcción de ciudades rurales porque afectan las formas tradicionales de producción y de vida de la población local, además de no aportar al mejoramiento en el acceso a servicios como ha sido pretextado. Expresaron preocupación por que la reubicación sea una forma velada de desplazamiento forzado en favor de intereses económicos ajenos a las comunidades. Citan la anunciada construcción de una quinta presa sobre el río Grijalva en Copainalá, de una ciudad rural en el mismo municipio, y otra en Ixhuatán, donde se han denunciado prospecciones mineras.

Manifestaron solidaridad “con la lucha por la tierra ancestral de los hermanos zoques en la región de los Chimalapas, e hicieron votos por que las comunidades hoy enfrentadas por los gobiernos de Chiapas y Oaxaca encuentren acuerdos de convivencia pacífica. Asimismo se sumaron a la exigencia de tarifas justas ante los cobros irracionales e injustificados de la Comisión Federal de Electricidad.

En particular, denunciaron “el terrible deterioro ecológico de los pantanos de Centla, hogar de nuestros hermanos mayas chontales, cuyas tradiciones culturales ligadas a la madre tierra se han visto afectadas por la explotación descuidada de Petróleos Mexicanos y el manejo hidráulico del gobierno de Tabasco y la Comisión Nacional del Agua, que desvían el líquido de Villahermosa hacia los pantanos, obligando a sus pobladores a vivir inundados desde hace cinco años.

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