con tranquilidad
La respuesta del Ejecutivo no fue jurídica, fue política: Édgar Corzo
Jueves 1º de diciembre de 2011, p. 7
Después de señalar que está preocupado por la amenaza que profirió la Presidencia de la República de que actuará legalmente contra los 23 mil ciudadanos que lo demandaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel, recomendó al Ejecutivo federal actuar con tranquilidad
, porque debe saber que todo funcionario de tan alto nivel
siempre es blanco de críticas.
Agregó que la respuesta del presidente Felipe Calderón a la denuncia que presentaron los ciudadanos contra él y el crimen organizado, no fue adecuada.
En entrevista, el ministro en retiro comentó que posiblemente Calderón estuvo mal asesorado legalmente, porque dijo que había sido calumniado por los ciudadanos que acudieron a la CPI, cuando ¡ya no hay delito de calumnia, ya no existe!
Ante las descalificaciones que algunos especialistas han hecho a la demanda, Góngora Pimentel avaló el profesionalismo del abogado que la elaboró –Netzaí Sandoval–, quien fue secretario de estudio y cuenta del ministro de la Suprema Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Explicó que se trata de un profesional estudioso y preparado, y dijo que seguramente la demanda ante la Corte Internacional de La Haya tiene los elementos suficientes para ser analizada seriamente por el organismo.
Comentó que él dirigió la tesis de maestría de Netzaí Sandoval en derecho constitucional, que será publicada en fecha próxima en forma de libro, intitulado El fraude electoral impulsado por la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo prólogo escribió el propio Gongora.
Por su parte, Édgar Corzo, doctor en derecho constitucional e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuestionó la respuesta de Calderón a los 23 mil ciudadanos que lo demandaron ante la CPI, ya que en lugar de responder ante el organismo internacional –en caso de que prosperara la demanda–, pretende que la justicia mexicana actúe contra sus detractores.
Comentó que la respuesta pública del jefe del Ejecutivo federal no fue la más adecuada y legalmente fue, al menos, la menos acertada. No dio una respuesta jurídica, como debió haberlo hecho, sino una respuesta política
, subrayó Corzo.
Jueves 1º de diciembre de 2011, p. 7
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, consideró que la reacción del gobierno federal por la denuncia presentada por ciudadanos ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en el combate al crimen organizado, es una censura que crea incertidumbre e intimida a quienes sólo han ejercido su derecho a la libertad de expresión.
En entrevista, el ombudsman capitalino dijo que el Estado no debe confrontar a la ciudadanía, sino generar condiciones para que ejerzan sus derechos. La reacción deseable era que se dieran facilidades para que la denuncia fuese atendida y hacer esa defensa ante la CPI.
González Placencia señaló que hay razones suficientes para que se generara una percepción de preocupación por el número de personas que han muerto y han sido desplazadas por el combate al narcotráfico, lo que explica que grupos de ciudadanos busquen respuestas en órganos internacionales ya que no las encuentran en el país.
AN plantea endurecer penas a quien presione a la autoridad para adoptar una decisión
Se pretende proteger a los agentes de la DEA hasta de una pedrada
, sostiene Pablo Gómez
El texto lo elaboró la consejería jurídica de la Presidencia, aclara el panista González Alcocer
Lo que están planteando es el sueño dorado de Díaz Ordaz, señaló el senador Pablo Gómez durante el debate sobre la miscelánea penal en materia de lavado de dinero de las comisiones dictaminadorasFoto Francisco Olvera
Jueves 1º de diciembre de 2011, p. 5
Nuevamente el gobierno de Felipe Calderón insistió en una modificación legal que equipara los movimientos sociales y las protestas con actos terroristas.
Durante una reunión de comisiones dictaminadoras de la llamada miscelánea penal en materia de lavado de dinero, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, el panista Alejandro González Alcocer, presentó un capítulo nuevo en el que se endurecen los tipos penales sobre terrorismo y se imponen penas hasta de 40 años de cárcel a quienes presionen a la autoridad o a un particular para tomar una determinación
.
En ese supuesto cae cualquier movimiento social que presente demandas a las autoridades, recalcó el perredista Pablo Gómez Álvarez, y preguntó a González Alcocer: ¿de dónde salió ese nuevo texto, que no estaba incluido en la miscelánea penal que Calderón remitió al Senado?
González Alcocer sólo respondió que México tiene el compromiso internacional de legislar sobre financiamiento al terrorismo, pero en entrevista posterior reconoció que el texto fue elaborado por la consejería jurídica de la Presidencia de la República.
Gómez Álvarez le dijo que ese texto nada tiene que ver con el tema de financiamiento al terrorismo y que es criminalizante, además de que trata de proteger al personal de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su siglas en inglés) y de otros órganos de ese país que operan en México, hasta de una pedrada
, ya que quien lo hiciera sería procesado por terrorismo, al igual que quien le aviente un zapato a algún funcionario.
En 2007, el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal en materia de terrorismo internacional; en el artículo 139 de ese ordenamiento se incluyó el párrafo cuestionado, que tipifica como actividad terrorista el presionar a la autoridad para que adopte una determinación.
Se trataba de una minuta y el Senado la aprobó en sus términos para no regresarla a la Cámara de Diputados. Sin embargo, PRI, PAN y PRD acordaron presentar una iniciativa para eliminar la criminalización de la protesta social ahí incluida.
En 2008, el senador René Arce presentó una iniciativa en esa materia, pero está congelada en la Comisión de Justicia. Aunado a esto, el texto que ayer incluyó González Alcocer en el proyecto de dictamen de la miscelánea penal avanza en la criminalización de la protesta, ya que incluye no sólo presiones a las autoridades, sino también a un particular
, como parte de las acciones tipificadas como terroristas.
En la actualidad, las penas son de seis a 40 años de prisión, y en la nueva propuesta son de 15 a 40 años, y se aplican a algún acto contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida
.
El senador perredista Gómez Álvarez dijo que esa propuesta va encaminada a proteger a los funcionarios o agentes estadunidenses, como los de la DEA, pero ahora hasta de una pedrada los quieren proteger
.
Señaló que tampoco está de acuerdo en que a los secuestradores de autobuses o a quien retenga a un funcionario se les acuse de terrorismo. Esto que están planteando es el sueño dorado de Díaz Ordaz
, dijo, y reprochó que no se haya aprobado la reforma al Código Penal para evitar que la protesta social se tipifique como terrorismo.
El priísta Jesús Murillo Karam coincidió con Gómez Álvarez. Indicó que deben revisar el tema como corresponde. No podemos caer en la sicosis del terrorismo, porque lo único que genera es terrorismo de Estado
.
Al final, González Alcocer expresó que coincidía con el perredista y reconoció que la propuesta venía originalmente en la Ley de Prevención del Delito
y nada tiene que ver con el tema dictaminado, que es el de financiamiento al terrorismo. Hasta en lo del zapato coincido con Pablo
, agregó.
En entrevista, manifestó que normalmente la consejería jurídica de la Presidencia de la República interviene en los proyectos legislativos, nada más que esta vez ellos metieron mano e introdujeron otro tipo de delitos que nosotros no habíamos contemplado
.
–¿Le metieron mano al proyecto de dictamen?
–Por ahí hay algunas recomendaciones que sí hicieron válidas con el secretario técnico –de la comisión– y se incluyeron, pero no tienen que ver con financiamiento al terrorismo.
Durante la sesión de ayer se rechazó una propuesta de dictamen sobre una iniciativa de la panista María Serrano, que planteaba reformar el Código Penal para sancionar a los sacerdotes que llamen a no votar o a votar contra algún candidato.
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