Domingo 11 de diciembre de 2011, p. 7
Querétaro, Qro., 10 de diciembre. Al concluir el Congreso Estatal Ciudadano de Derechos Humanos, los participantes firmaron un manifiesto de 14 puntos, entre los cuales se encuentra uno en el que se suman a la denuncia de 23 mil mexicanos ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón por incurrir en crímenes de guerra y de lesa humanidad, y otro para demandar el retiro de las fuerzas armadas de las calles del país, porque violan las garantías elementales de los ciudadanos.
En el congreso participaron como ponentes José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; Javier Sicilia, coordinador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y Miguel Concha Malo, presidente de la asociación Fray Francisco de Vitoria, entre otros.
Suscribimos la denuncia que con valentía y entereza presentaron 23 mil personas ante la CPI de La Haya el 25 de noviembre de 2011 contra la actitud criminal del Estado o de sus protegidos reales contra la violación sistemática de sus derechos que se señalan en la Constitución mexicana
, afirma el texto leído por Gonzalo Guajardo González, catedrático de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
El documento plantea la urgencia de que los mexicanos recuperen su bienestar social, económico, cultural y político, que se asignen recursos económicos suficientes a las instituciones para evitar la corrupción y que las instituciones de educación asuman su tarea de formar personas en su integridad y no sólo capacitar a la fuerza laboral.
Al presentar la conferencia Seguridad y justicia sin democracia, Narro Robles indicó que los derechos y garantías individuales y sociales deben ser exigibles y no sólo aspirar a que ello suceda.
Destacó que la corrupción, la impunidad y la falta de impulso a la educación, el desempleo y la economía informal incuban grandes problemas en el país que deben ser atendidos de inmediato, pues no se puede continuar por esa vía.
Javier Sicilia, quien participó mediante un enlace virtual, indicó que primero están los deberes y después los derechos. Consideró que no existiría una Declaración Universal de los Derechos Humanos si cada ciudadano respetara esas garantías como un deber.
Indicó que 98 por ciento de crímenes cometidos en el país quedan impunes, y destacó que en total se han cometido 67 mil 700 asesinatos en el marco de las acciones de guerra contra el narcotráfico que emprendió el gobierno federal.
Señaló que olvidar y no reconocer que se ha cometido determinado número de crímenes en el país, así como no castigar a los autores de esas muertes, representa un crimen de lesa humanidad.
En el tema Políticas públicas sobre seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos, Concha Malo destacó que el gobierno federal ha hecho caso omiso a la petición ciudadana de cambiar la estrategia de combate al narcotráfico ante las múltiples violaciones a los derechos humanos que se han cometido.
Debe ponerse a trabajar, en lugar de lamentar incapacidad
Domingo 11 de diciembre de 2011, p. 7
Senadores de PRI, PRD y PT solicitaron al presidente Felipe Calderón que en lugar de lamentar la incapacidad oficial para defender activistas
actúe para frenar la cacería de éstos y de defensores de derechos humanos.
Consideraron que el plan de siete puntos que anunció el Ejecutivo no es más que otro discurso con fines electorales; el perredista Carlos Sotelo sostuvo que grupos paramilitares ya operan en el país.
Es cinismo que Calderón diga que lamenta que sus funcionarios no pueden proteger la integridad de líderes sociales
, comentó la senadora del PRD Yeidckol Polevnsky. Agregó que con esa afirmación el Presidente no hace más que reconocer su incapacidad
.
El priísta Francisco Arroyo comentó que lo que se demuestra es que al Estado mexicano se le está yendo la posibilidad real de cumplir con su obligación de proteger a la ciudadanía. Hizo notar que lo riesgoso es que la subversión de la ley se está haciendo casi de manera general
en el país.
Agregó: cuando ello ocurre, el Estado de derecho no sirve. Al respecto, el perredista Carlos Sotelo expresó que, aunque el gobierno lo niegue, los asesinatos y agresiones de líderes sociales son parte del paramilitarismo que ha surgido en varios puntos del territorio nacional.
Hay grupos paramilitares que se han ido formando al amparo del poder político y económico regional, y luego actúan por su cuenta y en total impunidad
, recalcó.
Carlos Sotelo consideró que en lugar de lamentar la incapacidad de su gobierno, lo que Calderón debe hacer es reconocer su responsabilidad y actuar, porque se corre el riesgo de que se amplíe la acción de los paramilitares. En Colombia tardaron 15 años en extirparlos.
Restó importancia al anuncio presidencial del plan de siete puntos para el respeto a los derechos humanos en los operativos contra el crimen organizado. Es puro discurso. Cada determinado tiempo anuncia decálogos y no pasan de ser palabras, mientras en los hechos la violencia criminal va al alza, pero también la del Estado
.
Su compañera de bancada Yeidckol Polevnsky coincidió en que se trata de pura demagogia electorera
, ya que en cinco años no ha hecho nada por detener y castigar los abusos de las fuerzas armadas contra civiles. Preguntó cuántos de los más de 50 mil muertos eran en realidad delincuentes.
Deploró que en lugar de cumplir su responsabilidad, Calderón se asuma como parte de la sociedad civil y se queje de la incapacidad de su gobierno para impedir las ejecuciones de defensores de derechos humanos y de padres de víctimas que exigen justicia.
Sobre el tema, el petista Ricardo Monreal planteó su escepticismo. En cinco años, subrayó, Calderón no ha querido escuchar las voces que piden cambiar la estrategia contra el crimen organizado, y no lo hará ahora. Actúa con fines político-electorales
.
Domingo 11 de diciembre de 2011, p. 7
Los siete puntos anunciados el viernes por el presidente Felipe Calderón para respetar los derechos humanos, en el marco de la nueva
etapa de la guerra contra el crimen organizado, son un reconocimiento tácito de que la estrategia de seguridad pública ha atentado contra las garantías básicas de los ciudadanos y podría ser un buen punto de inicio para corregir algunos aspectos.
Así lo afirmaron activistas de organizaciones civiles, quienes llamaron al gobierno a no presentar dicho plan como un favor o una concesión especial, sino asumir que son su responsabilidad institucional y dar muestras de que verdaderamente piensa actuar en consecuencia.
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que la primera impresión que le causan los puntos anunciados por Calderón es buena, ya que coincide con muchas peticiones que han enarbolado las organizaciones de defensa de las garantías individuales.
Sin embargo, indicó, ese listado de acciones ya tendría que ser parte de la operación normal del Estado mexicano, y el hecho de enunciarlas ahora de esta forma es un reconocimiento implícito de que su política de derechos humanos no tiene claridad.
Leídos de forma general, corresponden en cierta medida con los planteamientos que se les han hecho para respetar las garantías básicas de los ciudadanos. El problema empieza en que no hay condiciones para cumplirlos, y así quedarían sólo como buenas intenciones
, alertó.
Un ejemplo de lo anterior es que prácticamente ningún cuerpo de seguridad tiene reglamentos para limitar el uso de la fuerza. Mientras no haya condiciones estructurales para cumplir estos puntos, tendremos que esperar mucho para verlos en la realidad. No están mal, pero todavía tenemos que ver cosas mucho más concretas
, apuntó.
David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, coincidió en que el cumplimiento de los estándares mínimos de derechos humanos no puede ser planteado por el gobierno como acción especial, sino como parte de su trabajo institucional normal.
Como punto de arranque me parecen bien, pero sigue siendo poco, porque el Estado los presenta como concesiones o como favores, cuando en realidad son su obligación. El gobierno ha sido omiso y laxo en el respeto a los derechos humanos, justificándolo por la guerra contra el narcotráfico
, subrayó.
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