Para su conocimiento y difusion:

Caso Rosendo Radilla. La herida abierta de la Guerra Sucia en México*

1 diciembre, 2011

Marcos Nucamendi – Amnistía Internacional Puebla

"¿Por qué ustedes cuando encarcelan dicen está detenido y no preso? [Porque] A los detenidos los incomunican, los golpean, los torturan, a veces hasta los dejan muertos de tanto que los torturan. Los familiares los buscan y nadie dice nada de ellos".

Lucio Cabañas, en Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor (2009).

¡Ni vivo ni muerto aparece Rosendo Radilla Pacheco! -gritaba un vendedor de periódicos a un costado de la casa de la familia Radilla aquel año de 1974. De esta forma, la madre de Rosendo se enteraría de la desaparición forzada de su hijo a manos del Ejército mexicano, cuando éste regresaba de Atoyac de Álvarez en el estado de Guerrero. El motivo de su detención: componer corridos alusivos a Lucio Cabañas, aquel maestro normalista que en los sesentas y setentas, encabezara uno de los movimientos armados más importantes de la historia contemporánea de México.

Así, el caso Rosendo Radilla se ha convertido en un hecho paradigmático que ha logrado exponer una política sistemática del Estado mexicano para detener y desaparecer no sólo a los combatientes de los movimientos armados sino a cualquier simpatizante o base social -léase población civil-, durante los años de la así llamada "Guerra Sucia". Tal es el caso de Rosendo, destacado líder comunitario quien fuera incluso presidente municipal de Atoyac; al que nunca se le comprobaría militancia alguna en la guerrilla y que sin embargo, por el sólo hecho de componer corridos, se le desaparecería sin dejar rastro.

La desaparición forzada, como práctica sistemática, es considerada un crimen de lesa humanidad. En tanto no se sabe la suerte que han corrido las víctimas, el delito se sigue cometiendo. No es entonces responsabilidad de administraciones pasadas, sino del Estado mexicano en su conjunto. A casi 40 años de haberse cometido el agravio y a 11 de que la familia llevase el caso a instancias internacionales –una vez agotadas las nacionales-, el Estado mexicano ha evadido su responsabilidad en lo que refiere al reconocimiento de los agravios cometidos contra la víctima, así como a la reparación de los daños hacia sus deudos. Como este caso, hay 1.200 que han sido plenamente identificados a nivel nacional; tan sólo en el estado de Guerrero se cuentan al menos 639, y en el municipio de Atoyac, 473.

En noviembre de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano respecto al caso Rosendo Radilla. Dos años más tarde, ante la respuesta poco efectiva y una vez trasladando el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), esta emitió una sentencia en la que condena al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos fundamentales, señalando al Ejército como responsable de la desaparición de Radilla Pacheco. Entre una de las obligaciones inmediatas del Estado mexicano, se encontraba la de juzgar a los militares en cortes civiles, y la conducción de un acto público de reconocimiento de responsabilidad de parte de las autoridades mexicanas.

De ahí que en el inicios de 2011, impulsado por la sentencia de la CoIDH, así como de los otros casos de agravios cometidos por el Ejército mexicano desde 2000 (como los de Inés y Valentina**), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CSJN) restringió el fuero militar en los casos en que se violen los derechos humanos de la población civil, a la vez que resolvía que las sentencias de la CoIDH son de carácter obligatorio e irrestricto. Un gran avance, si no se considera la brecha gigantesca que se guarda en comparación con otros países del continente en materia de Derechos Humanos. No ha habido pues, un intento por comenzar un proceso de memoria histórica, juicio y castigo a los responsables, y reparación a los deudos de las más de 1.200 víctimas de la desaparición forzada en México durante la "Guerra Sucia" y de las decenas de miles de víctimas que también han sido desaparecidas forzosamente durante la así llamada "Guerra contra el Narcotráfico".

Antes de la muerte del entonces Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, éste había cancelado (como lo hizo en la develación del memorial por las mujeres asesinada en Ciudad Juárez días antes) su presencia en la ceremonia oficial programa para el lunes 14 de noviembre en Atoyac de Álvarez, donde el Estado mexicano reconocería su responsabilidad por la desaparición forzada de Rosendo Radilla. Ante tal comunicado, la familia de la víctima adelantó que no se presentaría toda vez que las autoridades cuya presencia había sido acordada, no estarían presentes.

Posponiendo la ceremonia tras el luto de la administración, ésta se llevó a cabo sin la presencia de las autoridades competentes y sin la presencia de la familia Radilla. Este hecho fue descalificado tanto por los deudos como por las organizaciones de derechos humanos que acompañan el caso. Por su parte, Amnistía Internacional (AI) dijo que "El Estado mexicano ha dejado pasar una oportunidad importante para reconocer su responsabilidad en el caso Radilla así como para aliviar el dolor de las víctimas y para recuperar frente a ellas la confianza institucional necesaria para rectificar el rumbo en esta larga travesía que la familia Radilla Pacheco ha tenido que recorrer para encontrar justicia".

Ahora, la familia pide a la CoIDH desconocer el acto de desagravio realizado el 17 de noviembre pasado. Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), también abogado de la familia, señaló que no se puede dar por cumplido ese punto de la sentencia de la CoIDH ya que debe realizarse en presencia de la familia del agraviado. Por su parte, Tita Radilla dijo que en el nuevo acto de desagravio, debería estar presente Felipe Calderón, así como el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.

El Estado mexicano, de querer por lo menos asegurar su legitimidad ante los foros internacionales y regionales, debe cumplir con las sentencias de los organismos a los cuales se ha subordinado, como la CoIDH. Celebrable que la SCJN haya restringido el fuero militar, resuelto el carácter obligatorio de las sentencias de la CoIDH y ordenado recientemente a la Procuraduría General de la República -que se negaba a hacerlo- permitir el acceso y entregar copias de la averiguación previa sobre la desaparición forzada de Radilla Pacheco a la CMDPDH y los deudos. Sin embargo, ni los deudos ni las organizaciones de derechos humanos pueden tener certeza de la voluntad del Estado, cuando en el caso específico de Rosendo Radilla, el caso paradigmático de la "Guerra Sucia", ni el reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano, ni la reparación, se han llevado a cabo en su totalidad.

¿Ya no hay que reabrir la herida? – se pregunta Tita Radilla, una de las hijas de Rosendo. ¿Cuál reabrir? La herida está abierta, jamás ha sido cerrada- se contesta. En efecto, no se trata de "enemistar" aún más al país, sino de abrir un proceso de verdad y justicia que ha sido demorado más tiempo del "necesario". La ilusoria Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), extinta al inicio de la presente administración, y el incumplimiento de las sentencias de la CoIDH, no hacen sino profundizar aún más, las heridas jamás cerradas de nuestro pasado.

*Para fines de difusión y sensibilización hacia las víctimas y sus deudos, la CMDPDH les trae este documental sobre el Caso Rosendo Radilla

**Este 9 de diciembre, Amnistía Internacional Puebla, en el Salón B-203 de la Ibero Puebla, les invita a que asistan al Foro sobre los casos de Inés y Valentina, en compañía de miembros de la Organización del Pueblo Indígena Mepha'a (OPIM) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.