12/12/2011

PRI y PAN votarían ley de asociaciones público privadas



Buscan legisladores aprobar esta semana controvertida norma

Según el PT, la IP condicionaría endeudamiento con gobierno federal

Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 12 de diciembre de 2011, p. 10

Los grupos parlamentarios de PRI y PAN pretenden votar mañana en el pleno el dictamen de la ley de asociaciones público privadas, a fin de que, a su vez, el Senado la apruebe esta misma semana sin discusión ni cambios, para que pueda entrar en vigor en 2012.

La citada ley, define un estudio de los diputados del Partido del Trabajo (PT), permitirá a las compañías privadas recurrir a un instrumento de endeudamiento público más, similar al que se utilizó para financiar infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, indica, la iniciativa privada podrá bursatilizar los contratos que obtenga con el gobierno federal, que a su vez, en caso de quiebra o inejecución de las obras, estará obligado al rescate de las empresas, debido a que las obras y los servicios prestados por éstas se considerarán de beneficio social.

Priístas y panistas presionaron para que el dictamen fuera votado el jueves, cuando fue publicado en la Gaceta parlamentaria, pero ante las críticas del PT, la mesa directiva no concedió obviar el trámite parlamentario.

Aun cuando ambos grupos parlamentarios afirman que la ley no implicará nuevas obligaciones de endeudamiento público, las consideraciones y el articulado del dictamen definen que las compañías podrán utilizar los derechos contenidos en los contratos con el gobierno federal, de los estados y los entes autónomos para contratar créditos.

La legislación, señala el estudio, es muy clara al señalar que su finalidad es que la iniciativa privada se convierta en proveedor de servicios de la Administración Pública Federal, con la obligación de construir la infraestructura necesaria para la prestación de los mismos, asumiendo en forma equitativa los riesgos que represente la ejecución de los proyectos.

No obstante, señala, las consideraciones del dictamen de las comisiones de Economía y de la Función Pública ocultaron que entre los objetivos están el constituir fideicomisos preferentemente sobre las asociaciones; que el sector público solo participará como administrador de contratos, y que la iniciativa privada no invertirá recursos porque éstos los obtendrá con la contratación de deuda, que estará garantizada por el respectivo contrato.

Refiere que el artículo 91 permite la constitución de fideicomisos como base del pago a los contratistas, aun cuando en el actual gobierno esa figura legal se utiliza con poca claridad. Más aún que el secreto bancario, los fideicomisos cuentan por ley con el secreto fiduciario. Así, empresas, servidores públicos y las propias condiciones del manejo de recursos públicos y de la prestación de servicios públicos permanecerán en régimen de secrecía y opacidad, afirma.

Asimismo, advierte que la única participación del sector público se incluye en el artículo segundo de la ley, donde se define que los proyectos de asociación público privada serán los contratados a largo plazo con empresas para la prestación de servicios al gobierno o al usuario final. La intervención pública no se sostiene después a lo largo del articulado, explica.

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