11/12/2011

Lo más grave, la impunidad

El gobierno de Calderón inyecta miedo a través del asesinato, acusa activista

Los luchadores sociales somos la última resistencia, afirma el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo

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Familiares de víctimas de desaparición forzada fuera de las oficinas de la ONGFoto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez
Especial
Periódico La Jornada
Domingo 11 de diciembre de 2011, p. 2

Nuevo Laredo, Tamps. Lo intentaron matar, lo secuestraron e incluso estuvo a punto de ir a la cárcel, pero Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de esta ciudad, continúa su lucha a favor de la justicia social, aferrado a la única autoridad que, afirma, puede brindarle protección durante este sexenio: Dios. Es quien me protege. Me encomiendo a Dios. Si no fuera por la fe, ya me hubiera rajado.

En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, 63 defensores de derechos humanos han sido asesinados y cuatro permanecen desaparecidos. Ningún caso ha sido resuelto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado 158 medidas cautelares para 200 defensores que trabajan bajo peligro de muerte.

El gobierno de Felipe Calderón inyecta miedo a través del asesinato de defensores de derechos humanos, dice Raymundo Ramos mientras atiende a unas víctimas en su oficina. Es una forma de tener oprimido a un pueblo. Cuando el gobierno ofrece terror, impunidad y miedo, controla un pueblo. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Los luchadores sociales somos la última resistencia.

La lista de los defensores de derechos humanos asesinados aumenta cada día. Los últimos: Trinidad de la Cruz, Nepomuceno Moreno, Pedro Leyva Domínguez, y la reciente desaparición de los líderes campesinos Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz.

La mayoría de los asesinatos son perpetrados por fuerzas de seguridad, Ejército y grupos paramilitares. Raymundo Ramos no tiene duda al respecto: son crímenes de Estado. Si hay impunidad es porque desde las más altas esferas del gobierno no solamente se permiten los crímenes, sino que se ordenan.

Los enemigos

En Ciudad Juárez las activistas están siendo amenazadas y asesinadas: Josefina Reyes, miembros de su familia y Marisela Escobedo. El caso más reciente es el de Norma Andrade, atacada a balazos hace unos días y quien permanece hospitalizada.

Cada vez que surge un nuevo caso de agresión, Raymundo Ramos vive momentos de profunda tristeza y zozobra. Como miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado por Javier Sicilia, ha sufrido los recientes asesinatos de sus compañeros: es muy triste y difícil porque estamos en medio de dos fuegos: el del gobierno y el de los delincuentes. Igual que en el periodismo. Lo más grave de todo esto es la impunidad de los gobiernos priístas y panistas. La impunidad es la madre de todos estos crímenes contra defensores de derechos humanos.

Raymundo se desempeñaba como periodista en El Mañana de Nuevo Laredo hasta que Arturo Solís, presidente del Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos en Reynosa, lo invitó a abrir una representación en Nuevo Laredo. No sé nada de derechos humanos, pero si me enseñas con mucho gusto, porque son mis temas periodísticos, dijo.

Desde que cubrió el alzamiento zapatista en Chiapas decidió especializarse en cobertura de derechos humanos. Recuerda que luego como defensor ha vivido de todo, desde el descrédito propagado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta la vulnerabilidad a partir del asesinato de Digna Ochoa: “a los activistas de derechos humanos se nos desacredita con una frase que aún permea: ‘los derechos humanos sirven para defender delincuentes’. Nada más grande que esa mentira”.

Su labor en Nuevo Laredo desde hace 15 años ha pasado también por todo tipo de casos: defendemos de todo: enfermeras que denuncian acoso sexual y venta de plazas, familias de desaparecidos, periodistas agredidos por el Ejército, maestros reprimidos por su sindicato, obreros expoliados en sus derechos laborales, empresarios secuestrados...

A diferencia de otras instancias que mantienen un silencio cómplice, estos defensores siguen luchando: “no estamos dispuestos a estar callados; por eso la represión, la persecución, el descrédito. Ante tanto desaparecido, muerto, desplazado, huérfano y torturado, quedan pocos que denuncian, ya ni siquiera la jerarquía católica, que ahora mantiene un silencio muy fuerte, aun cuando ellos mismos se han visto afectados por la narcoguerra”.

Las amenazas de muerte que Raymundo Ramos recibe pueden venir de cualquiera: “mi trabajo hace enemigos; unos pequeños, otros grandes; unos ocultos, otros visibles. Y siempre tengo que estarme cuidando de ellos, de ambos lados: el Estado y el narco. Ahorita no sabría diferenciar quiénes son más malos y más desalmados. La amenaza viene igualmente de ambos”.

Añade: intento aprender a vivir con el miedo, trato de superarlo. Hay que tener mucha fe para controlar el miedo. Si no fuera por la fe sería muy difícil vencerlo; si no fuera por eso estaría paralizado, pero la sed de justicia, el acompañar a las víctimas en su dolor, el creer en la justicia me da valor. La fe me protege. Por eso sigo adelante.

La presión del Estado sobre estos activistas se vive de muy distintas formas; en su caso, la Procuraduría General de la República ha intentado procesarlo en cinco ocasiones y la procuraduría de Tamaulipas tres más.

Antes, Hacienda; ahora, balas

Entre los defensores asesinados recientemente se encuentran Javier Torres Cruz, integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán; el activista Quetzalcóatl Leija Herrera, presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral, dedicado a la defensa de los derechos de los homosexuales y lesbianas en Guerrero, y el joven estudiante Carlos Sinohé Cuevas, miembro del movimiento de resistencia del Sindicato de Electricistas, asesinado con 16 balazos fuera de su casa, ubicada en Topilejo, Distrito Federal, el pasado 26 de octubre.

Para Raymundo Ramos, estos crímenes demuestran la vulnerabilidad con la que trabajamos y la falta de solidaridad que esperamos encontrar en otros sectores de la sociedad. Si no fuera porque nos damos fuerza espiritualmente a distancia, si no fuera porque creemos en nuestro trabajo, muchos habríamos abandonado esta lucha. Finalmente, si no nos atrevemos a luchar por un cambio, nuestros hijos van a sufrir las consecuencias. Por eso estamos luchando.

El Centro de Comunicación Social reportó 68 agresiones a defensores de los derechos humanos en lo que va del año: desde amenazas hasta el asesinato. El gobierno de Felipe Calderón ha sido insensible al dolor del pueblo. Su sello serán 50 mil muertos. Ha sido un sexenio de sangre, represor, de impunidad, asevera.

¿Por qué el Estado reprime y asesina a los luchadores sociales?... Para Ramos, la respuesta es muy sencilla: porque exhibimos sus excesos. Cuando el gobierno se equivoca en sus acciones y la sociedad civil le reclama y le hace ver sus errores, se siente ofendido y nos reprime. Antes nos reprimían con auditorías, con Hacienda; ahora te reprimen con balas, desapariciones o cárcel. Así de directo.

Añade: “tratan de arrinconarnos y arrodillarnos con homicidios, secuestros y desapariciones, pero seguimos luchando porque creemos que podemos ganar esta lucha desde abajo. La guerra contra el narco sirvió para dejar evidencia ante el mundo que las leyes mexicanas no funcionan. En México no hay un estado de derecho. No hay región del país en donde se aplique la ley. La guerra contra el narco ha destrozado el país”.

Ramos camina por las calles de Nuevo Laredo, territorio zeta, donde han aparecido cuerpos decapitados, descuartizados y colgados de los puentes; los familiares de desaparecidos lo esperan fuera de su oficina. Admite que piensa en la muerte y vive con miedo, pero insiste con admirable entereza: seguiré siendo defensor de derechos humanos hasta que Dios me permita seguir.

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