13/12/2011

Mi general Arreola es un hombre duro



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“Tanta seguridad se tiene que reflejar”, dijo el general Ramón Miguel Arreola Ibarria luego de una serie de cateos realizados en junio pasado, sin orden de un juez, en “Tierra Caliente”, Guerrero.

El general bajaba de un helicóptero a las oficinas de la Coordinación Regional de Seguridad Pública en Coyuca de Catalán. Desarmaba a los cuerpos policiacos de ese municipio y de Pungarabato.

Es el mismo general que ayer, después de disolver una manifestación de estudiantes con armas de fuego –y tras la muerte de dos estudiantes– declaró: “El gobernador me ordenó limpiar y la carretera está limpia”.

“Al interior de la Policía Estatal Preventiva lo conocen como el hombre duro. Es el que encabeza los operativos. Se trata del subsecretario de Prevención y Operación Policial, el general Ramón Miguel Arriola Ibarra, el mismo que ayer, mostrando el rostro escurriendo sangre, se dirigió así a los reporteros: ‘El gobernador me ordenó limpiar y la carretera está limpia’”, narra el periodista Zacarías Cervantes, de El Sur.

“Atrás del funcionario yacían dos estudiantes tendidos en el piso, con balazos en el cuerpo en medio de un charco de sangre. Varios más huían heridos o lesionados ayudados por sus compañeros, y los más escapaban ilesos de las balas y golpes de los uniformados”, plantea el reportero.

“Arriola Ibarra, satisfecho, también se retiraba de la escena del desalojo rodeado de decenas de policías. Aseguró a los reporteros con quienes se encontró que había sido herido en la frente con una piedra que le lanzaron los estudiantes”, publica el diario.

Prepotencia y abuso de poder

El general Ramón Miguel Arreola Ibarria, subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, ha sido acusado en diversas ocasiones por prepotencia y abuso de poder. Es el mismo general que ayer, después de disolver una manifestación de estudiantes con armas de fuego –y tras la muerte de dos estudiantes– declaró: “El gobernador me ordenó limpiar y la carretera está limpia”.

Un reporte del diario La Jornada consigna que, después del violento desalojo de la Autopista del Sol, a la altura de la entrada de Chilpancingo, el general Arreola fue entrevistado.

“Con manchas de sangre en la cara, comentó: ‘debíamos desalojar a esta gente, nosotros tenemos personal antimotines, y nos recibieron a golpes, con fuego, y el personal de la Policía Federal intervino’.

–Señor, ¡hay dos jóvenes muertos que están ahí tirados! –se le dijo.

–No tengo conocimiento. No sé quien disparó, nosotros no traemos armas.

–¿Fue orden del gobernador (Ángel Aguirre) el desalojo?

–La orden del gobernador es que se restableciera la paz aquí. El personal de la policía estatal trae equipo antimotines y viene desarmado completamente.

–¿Restablecer la paz con dos estudiantes muertos?

–Establecer la paz con 800 seudo estudiantes que están tapando el paso –respondió molesto.

Múltiples acusaciones

El general fue acusado hace unos meses por un supuesto agente de la Policía Ministerial, Guillermo Galindo Calleja, por prepotencia y altanería. De acuerdo con medios locales, el oficial presentó su queja por escrito al entonces director de la corporación, José Fernando Monreal Leyva, con copia al procurador de Justicia, Alberto López Rosas; a Ramón Alonte Borja, secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, y a Roberto Cuenca Mancilla, coordinador regional de la Zona Centro de la Policía Ministerial.

Dijo que estaba de guardia en la “pluma” de control del estacionamiento de la PGJE, cuando se aproximó una camioneta oficial Ford RAV blanca con placas de circulación HFE-1764 de Guerrero, rotulada con las siglas de “Policía Estatal”.

Quienes iban en la camioneta oficial le solicitaron que abriera paso, pero que les explicó que por instrucciones superiores ningún tipo de vehículo debe meterse en sentido contrario. El general le gritó: “Vale madres”. Alzó la pluma para dar paso a la camioneta oficial a las instalaciones de la PGJE en sentido contrario.

Las denuncias contra funcionario se han ido acumulando en los últimos meses.

Los maestros desalojados el día 12 de octubre pasado presentaron su queja y denuncia de hechos ante la Coordinación Regional de los Derechos Humanos en el Municipio de Acapulco, iniciándose al efecto el expediente de investigación que se registró con el número 148-2011/IV.

La queja se presentó en contra del Presidente de la República, el gobierno del Estado, el Presidente Municipal de Acapulco, así como contra Ernesto Aguirre, coordinador de Prevención Estratégica del Gobierno del estado y el general Ramón Arreola Ibarria, subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado.

El señalamiento que se hizo en contra de estas autoridades fue por el de desalojo violento realizado por 400 elementos antimotines, de la policía del estado y del municipio. El operativo fue encabezado por el general Ramón Miguel Arreola Ibarría, quien al finalizar el operativo dijo: “El saldo es completamente blanco y fue exitoso no hubo lesionados, ni detenidos”. Sin embargo, varios maestros fueron internados en el hospital del ISSTE de Acapulco con heridas graves y contusiones.

En junio pasado, el general Arreola Ibarría, aseguró que “nunca antes hubo tanta seguridad en Tierra Caliente como ahora, y se tiene que reflejar de manera contundente”. También expuso: “En los más de cinco años que llevo trabajando en el gobierno del estado no tengo registro de la presencia de la Marina y Armada de México en Tierra Caliente”.

Una nota publicada en el diario El Sur describió cómo el general bajó de un helicóptero a las oficinas de la Coordinación Regional de Seguridad Pública en Coyuca de Catalán, para desarmar a los cuerpos policiacos de ese municipio y de Pungarabato.

Sin embargo, desde principios de ese mes se denunció que al menos 10 personas fueron levantadas entre Altamirano y Coyuca de Catalán, de algunos se desconoce por completo su paradero y de otros, sus familiares han reportado que les piden dinero. Además, varios domicilios fueron cateados en Ciudad Altamirano y Coyuca de Catalán, pero sin que las autoridades hayan reportado el hallazgo de armas, vehículos robados o algún otro tipo de delito.

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