14/12/2011

Represión en Guerrero



Nos dispararon desde 3 frentes, asegura víctima de la agresión

El estudiante sostiene que hay 20 desaparecidos y cuatro heridos, uno muy grave

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La Secretaría de Seguridad Pública federal envió a los medios de comunicación dos imágenes, una de ellas es una fotografía aérea de la zona del desalojo con gráficas sobrepuestas que supuestamente indican la manera en que un policía ministerial abrió fuego y mató a un estudiante
Laura Poy y Emir Olivares
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de diciembre de 2011, p. 5

Fue la Policía Federal (PF) quien inició la agresión contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, narró uno de los jóvenes normalistas que estuvo presente durante la refriega suscitada en la Autopista del Sol, donde fueron asesinados dos alumnos.

En conferencia realizada en la sede de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la ciudad de México, el joven testigo de los hechos, de 22 años de edad y quien no dio su nombre por seguridad, indicó que el fuego contra los manifestantes fue por tres frentes, además de que se reportan 20 desaparecidos y cuatro heridos, uno de ellos, identificado como Édgar David Espíritu Olmedo, muy grave. Confirmó que hasta ahora hay dos muertos tras el operativo policiaco.

De los 22 detenidos tras la acción policiaca, dijo, ayer salieron libres 21; pero el caso de Gerardo Pérez Torres, alumno de la normal de Ayotzinapa, es preocupante, porque lo han señalado como el presunto autor de los disparos. El gobierno del estado intenta responsabilizarlo de los crímenes.

En la rueda de prensa el joven estuvo acompañado por sus compañeros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) –que agrupa a los alumnos de las 16 normales rurales del país–, integrantes del magisterio disidente, de organizaciones civiles y por estudiantes de la UNAM, UAM, UAEM e IPN, quienes demandaron la destitución del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y de otros funcionarios de su gobierno. También exigieron castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión, la inmediata liberación del normalista aún detenido, la presentación con vida de los desaparecidos y el cumplimiento de las demandas de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa.

No llevábamos ni 20 minutos (en el bloqueo de la autopista), cuando llegó la PF a pedir que desalojáramos. Respondimos que nos iríamos hasta obtener una audiencia con el gobernador o con representantes de su equipo. Los federales nos aseguraron que buscarían el enlace, pero tiempo después iniciaron la agresión con gases lacrimógenos.

Esta táctica de disuasión no funcionó y los normalistas la repelieron: Los federales estaban cerca de una gasolinera y nosotros respondimos con piedras, palos e improvisamos unas bombas molotov, una de ellas alcanzó uno de los depósitos de la gasolinera y se prendió, fue cuando (los uniformados), con el apoyo de los ministeriales, iniciaron los disparos. Primero al aire y después en nuestra contra. Nosotros no teníamos armas, quienes lo afirman mienten, relató.

Como los disparos venían de tres direcciones distintas, los manifestantes sólo tuvieron dos opciones: refugiarse tras el muro de contención que divide los sentidos de la autopista o correr hacia los cerros hasta llegar a la localidad de Petaquillas.

No sin dificultades el estudiante pudo llegar a la ciudad de México, donde se reunió con sus colegas de la FECSM. Al relatar los hechos, enfatizó que ver a sus compañeros asesinados me causó coraje, indignación e impotencia. Por los disparos sólo podíamos huir y no pudimos hacer nada por ellos. Esto no puede quedar impune.

Informó que este miércoles se realizará una marcha del Hemiciclo a Juárez a la Secretaría de Gobernación, mientras que el jueves se desarrollará un foro de apoyo a la normal de Ayotzinapa, en la sede de la CNTE en el Distrito Federal.

Por la mañana y antes del anuncio de los cambios ordenados en el gobierno de Guerrero, en Tixtla, sede de la normal de Ayotzinapa, la FECSM y organizaciones sociales se sumaron a la demanda por la destitución y juicio político al mandatario estatal; del procurador de Justicia del Estado, Alberto López Rosas; del secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, así como el esclarecimiento de los homicidios de los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.

En conferencia efectuada en la explanada de la casa de estudios, los dirigentes de la Sociedad de Alumnos Ricardo Flores Magón, Joel Martínez Arriaga, Pablo Juárez Cruz y Eduardo Meza Gómez, anunciaron que la lucha ahora será para exigir la destitución y juicio político del gobernador y su gabinete.

Mario Zamora, del magisterio disidente en el estado, manifestó que los docentes de Guerrero repudian los actos criminales de este gobierno que se dice de izquierda y llegó por la izquierda.

En Michoacán, el dirigente estatal de la CNTE, Jorge Cázares, condenó la represión. No es con balas como se resuelven los problemas, dijo.

Por la tarde, 300 normalistas de Tiripetío marcharon por el centro histórico para protestar por la muerte de sus compañeros de Ayotzinapa.

En Oaxaca, estudiantes de escuelas normales y profesores de la sección 22 del SNTE realizaron una marcha para repudiar esa agresión. Los manifestantes cargaron dos ataúdes de color negro con los nombres de las víctimas mortales. A la protesta se sumaron estudiantes de las normales Rural Vanguardia, de Tamazulapam; Prescolar de Oaxaca, de Educación Especial, y Normal Bilingüe Intercultural, de Oaxaca, y del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca.

En Cuernavaca, Morelos, integrantes del Movimiento Magisterial de Bases, estudiantes de la normalista de Amilcingo y la Comisión Independiente de Derechos Humanos condenaron las ejecuciones extrajudiciales de los estudiantes de Ayotzinapa y exigieron castigo para los policías o parapolicías responsables.

En la ciudad de México, integrantes de la Casa del Estudiante José Ives Limantour, que agrupa a poco más de 120 jóvenes universitarios, se sumaron a la condena por las agresiones contra los normalistas en Guerrero y demandaron a los gobiernos estatal y federal el esclarecimiento inmediato de los hechos y la aplicación de la ley a quien resulte responsable.

En conferencia, Roberto Mira, alumno de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, afirmó que el deceso de los dos normalistas es resultado de una estrategia del Estado que busca criminalizar cualquier tipo de protesta estudiantil.

(Con información de Sergio Ocampo, Octavio Vélez, Rubicela Morelos Cruz, Ernesto Martínez, corresponsales)


Represión en Guerrero

Presenta dificultades para caminar tras la tortura física: ONG

Liberan a normalista al que intentaron inculpar de portación de un rifle AK-47
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de diciembre de 2011, p. 4

Chilpancingo, Gro., 13 de diciembre. Esta noche fue liberado Gerardo Torres Pérez, estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, a quien la Procuraduría General de Justicia de Guerrero pretendió vincular con el uso de un rifle AK-47 (conocido como cuerno de chivo) durante el desalojo policiaco violento en la Autopista del Sol el pasado lunes.

En una breve entrevista, el normalista narró que los policías lo detuvieron durante el operativo de desalojo y que más tarde federales y ministeriales lo golpearon y llevaron hasta un lote baldío, donde lo obligaron a disparar el rifle AK-47. Desde la noche del lunes las organizaciones de derechos humanos alertaron sobre un montaje que la procuraduría del estado estaba armando para implicar a un estudiante.

Manuel Olivares, de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, informó este martes por la mañana que un joven estaba siendo sometido a torturas en las instalaciones policiacas, y que la pretensión era encontrar un chivo expiatorio que les permitiera responsabilizar a los normalistas de iniciar los disparos durante el desalojo implementado por las policías Federal y estatal.

Este martes, una vez que fueron cesados el titular de la procuraduría de Justicia y jefes policiacos, Gerardo Torres –a quien el procurador Alberto López Rosas señaló como involucrado en los disparos– fue liberado.

Manuel Olivares informó que él habló con el estudiante la noche del lunes, y lo encontró con dificultades para caminar y afectado por los interrogatorios, que incluyeron tortura física y sicológica.

Ante los representantes de organismos de derechos humanos, el joven comentó que en un paraje le dieron un rifle AK-47 y lo obligaron a hacer varios disparos; reconoció que no aguantó la tortura, que incluyó golpes, jalones de cabello, torcedura de brazos, por lo que aceptó que diría lo que le indicaran los policías ministeriales. Nosotros lo vimos mal.

Olivares anunció que este miércoles arribarán representantes del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas, con la finalidad de recabar información respecto de la represión contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

En una conferencia de prensa que ofrecieron por la mañana en las instalaciones de la escuela, los normalistas consideraron como acto criminal por parte del gobernador perredista Ángel Aguirre, primero desalojarlos violentamente –con saldo de dos muertos–, y después intentar inculparlos a ellos. En ese momento, 23 de los detenidos había sido liberados y el único detenido era Gerardo Torres.

Queremos que se haga justicia, y que se castigue a quienes torturaron a nuestros compañeros. El procurador López Rosas sabe quiénes los torturaron, porque al momento de su detención se los llevaron a las instalaciones de la Policía Investigadora Ministerial, dijo uno de los dirigentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

De los 24 detenidos, 11 eran estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; cinco de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Guerrero, cuatro del Instituto Tecnológico de Chilpancingo y cuatro campesinos del municipio de Coyuca de Benítez.



Represión en Guerrero

ONG denuncian campaña contra normalistas


Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de diciembre de 2011, p. 6

El asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ocurrido el pasado lunes en Chilpancingo, demuestra que el gobierno del país sigue buscando desaparecer estos centros de estudio a como dé lugar, y le incomoda el carácter crítico de sus egresados, señalaron activistas de organizaciones de derechos humanos, al tiempo que Amnistía Internacional y otros colectivos manifestaron su repudio por este delito y llamaron a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.

Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, señaló que los homicidios de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús son uno de los más graves abusos que puede cometer cualquier gobierno.

La muerte de los dos jóvenes nos hace sentir indignados, y más viniendo de un gobierno que se jactaba de que no iba a reprimir, sino a dialogar y buscar soluciones a los problemas que se les han planteado, dijo en charla telefónica.

Desde hace años el Estado mexicano quiere desaparecer las normales rurales, porque en ellas han estudiado hijos de campesinos, que tienen una visión objetiva de la realidad que viven los sectores más pobres, y adquieren conocimiento para hablar a su gente con la verdad, afirmó Olivares, quien anunció que se buscará promover un juicio político contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Santiago Aguirre, integrante del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, también con sede en Guerrero, recordó que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tenían por lo menos un mes demandando una audiencia con el titular del Ejecutivo local para plantearle reivindicaciones básicas, entre ellas el aumento de la matrícula y el presupuesto, y mejoras en las condiciones de trabajo de la escuela, sin que sus solicitudes fueran atendidas.

El abogado manifestó su preocupación por la criminalización que sufren los normalistas y que causa la paradoja de que ellos no encuentren trabajo, y al mismo tiempo haya muchas escuelas sin maestros en las zonas rurales.

Por su parte, Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional para México, aseveró que las autoridades mexicanas deben explicar lo sucedido con la policía y la razón por la cual ésta respondió ante la protesta llevando a estos estudiantes a la muerte.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad también exigió castigo para los responsables del asesinato, al tiempo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que ya ha comenzado una queja de oficio por lo ocurrido.

En la ciudad de México, alrededor de 150 estudiantes, maestros y miembros de diversas organizaciones sociales bloquea- ron Eje Central a la altura de Madero para manifestar su repudio al asesinato, sin que hubiera mayores incidentes.

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