Exige a la Suprema Corte que llame a declarar a Ernesto Zedillo

Prevé la Confraternice que se libere a los 34 condenados por el caso Acteal

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Viernes 31 de diciembre de 2010, p. 11

La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) señaló que debido a que la mayoría de los 34 indígenas recluidos en el penal El Amate, en Cintalapa, Chiapas, por el caso Acteal, cumplieron el mínimo de sentencia para tener beneficios de ley, además de contar con buena conducta, la expectativa es que en 2011 prácticamente todos sean liberados.

En entrevista telefónica, Arturo Farela, presidente de la Confraternice, destacó la necesidad de que se esclarezcan los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997 para que se “castigue a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la masacre –de 45 hombres, mujeres y niños– de la cual se responsabilizó a indígenas, casi la mitad de ellos eran evangélicos”.

Señaló que la Confraternice solicita respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que llame al ex presidente Ernesto Zedillo para que explique por qué no se atendieron las denuncias previas a los hechos. Si así hubiera sido no se habría dado el enfrentamiento.

Farela visitó ayer en el penal a un grupo de los 34 detenidos y lamentó el intento de motín ocurrido la madrugada del miércoles, el segundo en menos de medio año, y criticó las condiciones infrahumanas en las que se encuentran los presos.

Escribiré una carta formal al gobernador y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se les debe dar un trato más humanitario a todos los presos. Explicó que visitó a los reos del caso Acteal, pero no se pudo celebrar la comida anual navideña con todos, sólo con un grupo reducido, ayer hubo amotinamiento y algunas partes están quemadas y con huellas de humo, afortunadamente se cambió al director del penal.

Relató que en el motín anterior, además de ser sangriento, los reos que no participaron en él, como los del caso Acteal, fueron severamente golpeados y despojados de las pertenencias que podían tener según la reglamentación penitenciaria. Ahora de nuevo ocurre otro motín en el que tampoco participaron los presos del caso Acteal, por tanto, los internos piden por mi conducto, que se exija a las autoridades eviten volver a golpearlos y a quitarles sus pertenencias. Los reclusos piden también a los representantes de derechos humanos que estén al tanto de vigilar que en las siguientes horas se respeten los derechos humanos de los presidiarios.

Varias organizaciones sociales se manifestaron frente a la sede de Gobernación

Denuncian la incapacidad de autoridades para esclarecer el asesinato de Marisela Escobedo

Anuncian que el 5 de enero realizarán un acto por la paz en el Ángel de la Independencia

Miembros de distintas organizaciones sociales protestaron frente a la Secretaría de Gobernación para exigir a las autoridades dar con los responsables del asesinato de Marisela EscobedoFoto José Antonio López

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Viernes 31 de diciembre de 2010, p. 10

Integrantes de diversas organizaciones sociales protestaron en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación para denunciar la falta de resultados de la pesquisa gubernamental sobre el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz.

Con pancartas de rechazo a los feminicidios, los inconformes subrayaron la incapacidad de las autoridades por encontrar y castigar al responsable de la muerte de la activista, ocurrida el pasado 16 de diciembre frente a la sede del gobierno de Chihuahua.

Aunque los manifestantes de los colectivos Flor y Canto, Frente Social por la Igualdad, Jóvenes de Izquierda Social, Movimiento de la Diversidad Sexual en Resistencia y Comité 68 no se propusieron bloquear la calle, la policía capitalina les impidió llegar frente a la sede de Gobernación y cerró la circulación de Bucareli con decenas de granaderos.

Durante el mitin improvisado frente a las vallas policiacas, los activistas reprocharon la lentitud e ineficiencia de las investigaciones del gobierno para dar con el asesino de Escobedo, y exigieron que dicho crimen no quede en el olvido.

René González, miembro del Frente Social por la Igualdad, lamentó el cinismo con el que se han comportado las diferentes instancias involucradas en la resolución de este caso, y advirtió que los colectivos y organizaciones sociales que luchan por vías pacíficas para transformar el país, ahora están expuestos a padecer un alto nivel de violencia.

Vemos una situación muy deplorable en la que el crimen organizado ahora también hace el papel sucio de aniquilar a los disidentes. La protesta de Marisela era muy visible, y aun así ocurrió su muerte. ¿Qué puede esperar la gente que no participa en organizaciones, que está en el desamparo en diversos poblados?, se preguntó.

La degradación moral y política del país parece no haber alcanzado todavía su punto más alto, dijo, pues cuando se piensa que ya no se puede estar peor, una atrocidad sustituye a la otra, como en el caso de la guardería ABC en Hermosillo, el incendio de la tienda Coppel en Culiacán y las agresiones contra los estudiantes de Ciudad Juárez.

Después de una década de gobiernos panistas, finalmente el crimen organizado se apoderó de muchas regiones del país. La corrupción, la impunidad y la muerte son el sello distintivo de México, por un gobierno fallido que ha llevado al Estado a no cumplir con su papel, señaló.

González subrayó que las organizaciones civiles estarán pendientes de las investigaciones para resolver el asesinato de Marisela Escobedo, y anunció que el 5 de enero de 2011 realizarán un acto por la paz y contra la violencia, a las 5 de la tarde en el Ángel de la Independencia.

Las demandas no han sido cumplidas, señalan las comunidades en resistencia desde 1994

Tras 17 años de la aparición del EZLN, el gobierno mantiene una guerra encubierta

Pese a la estrategia contrainsurgente, los indígenas han desarrollado una autonomía pacífica

Tropas indígenas avanzaron desde la noche del 31 de diciembre de 1993 hacia varios municipios de la entidadFoto Raúl Ortega

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Viernes 31 de diciembre de 2010, p. 11

San Cristóbal de las Casas, Chis. 30 de diciembre. El levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cumple 17 años sin que, a juicio de las comunidades indígenas en resistencia desde enero de 1994, sus demandas hayan sido cumplidas por cuatro sucesivos gobiernos federales y seis administraciones estatales. No obstante eso, y una prolongada estrategia contrainsurgente en su contra, las comunidades y regiones en rebeldía desarrollan una significativa experiencia de autonomía pacífica, claramente nacional, que ha resultado además eficaz defensa de la soberanía territorial mexicana en tiempos en que ésta luce muy averiada.

Llegaron a los barrios periféricos de esta ciudad la noche del 31 de diciembre de 1993. Quienes los vieron aparecer multiplicando la sombra contaron primero cientos. Hacia la medianoche ya eran miles, armados y uniformados. Se concentraron en el anillo periférico, cerca del bulevar Juan Sabines Gutiérrez, tras ocupar la plaza de San Ramón y el Puente Blanco, acceso de la ciudad viniendo de los Altos.

Por el otro extremo, por la salida a Comitán, el barrio de San Diego y la avenida Insurgentes, más tropas indígenas avanzaban hacia el centro. En el transcurso de la madrugada, los nuevos insurgentes tomaron el palacio municipal, la plaza central y de hecho, la ciudad. Lo mismo ocurría en Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano y Huixtán.

Para entonces ya estaba subvertido de manera trascendente todo el territorio indígena de Chiapas, aún ignoto para la mayoría de los mexicanos, incluyendo el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari y de los gobernadores Patrocinio González Blanco Garrido y Elmar Setzer, siendo el primero, a la sazón, secretario de Gobernación. Los pueblos mayas de Chiapas iniciaron una guerra de liberación que sigue en pie. El ¡ya basta! que la mañana siguiente dio la vuelta al mundo es un hito en la historia moderna de México.

Desde entonces, el movimiento indígena zapatista es un actor clave en la lucha política del país. Si bien los rebeldes decretaron una tregua, después de 12 días de combate en enero de 1994, la guerra no ha terminado. No se han cumplido las demandas que dieron origen al levantamiento, reconocidas como legítimas por los gobiernos de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Además, los gobiernos sucesivos han desarrollado una incesante guerra irregular, de baja intensidad, contra las comunidades organizadas con el EZLN, sus simpatizantes, y hoy también las adherentes a la otra campaña.

Hace poco más de tres lustros, el subcomandante Marcos proclamaba las demandas del EZLNFoto Carlos Cisneros

En un contexto nacional de amplia militarización y combates irregulares, con frecuencia oscuros, tiende a olvidarse que las montañas de Chiapas siguen siendo la región más militarizada del país, y lo que parece paz relativa es en realidad una guerra encubierta. Con las armas como respaldo (numerosas tropas federales ocupan decenas de comunidades en el suelo indígena), el gobierno libra una sofisticada guerra económica, social (a veces disfrazada de religiosa) y sicológica.

A lo largo de este periodo, la comunidades rebeldes no sólo han resistido y sobrevivido, sino que se transformaron perceptiblemente. En diciembre de 1994 establecieron unos 40 municipios autónomos, dando inicio a la rebeldía autonómica más prolongada y efectiva de la era moderna en el mundo. Tres lustros después, el zapatismo tiene cinco juntas de buen gobierno que, en medio de una guerra contrainsurgente en su contra, representan un factor ineludible de gobernabilidad y legalidad, literalmente pese a las políticas gubernamentales.

Los zapatistas no sólo aplicaron una reforma agraria sumamente igualitaria que elevó los niveles de vida, dignidad y libertad de millares de campesinos indígenas, sino que mediante auténticas escuelas de gobierno (entendido como servicio), las juntas de los cinco Caracoles donde operan desde 2003 han construido sistemas alternativos de educación, salud, justicia, producción y comercialización de productos agrícolas. Además, son ya tres lustros de relaciones solidarias y políticas con luchas y organizaciones del resto el país, América y Europa.

Durante 2010, activos y en lucha en las montañas el sureste, los zapatistas mantuvieron un pertinaz silencio, ocasionalmente roto para denunciar agresiones paramilitares, policiacas y militares cuando éstas alcanzan niveles intolerables, lo cual no quita que sucedan permanentemente.

La dependencia "descuida" programa de atención, denuncia ONG

Sedeso abandona a jornaleros en condiciones de explotación

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Viernes 31 de diciembre de 2010, p. 12

Al descuidar el Programa de atención a jornaleros agrícolas, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) dejó a su suerte a este sector vulnerable, blanco de abusos en los campos de Sinaloa, Sonora, Jalisco y Baja California, en una dinámica de explotación que victimiza a familias completas, incluidos mujeres y niños.

En entrevista, Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, denunció lo anterior y llamó la atención sobre las pésimas condiciones laborales a que están sometidos miles de trabajadores, generalmente originarios de Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Chiapas y Veracruz.

Si bien el Programa de atención a jornaleros agrícolas no resolvía el problema de explotación laboral, sí representaba un paliativo en aspectos elementales como la vivienda y los servicios básicos; al haberlo prácticamente retirado, Sedeso deja a la gente en manos de los dueños de los ranchos, sin una política pública que atienda sus problemas, aseveró.

En una situación precaria en sí misma, son las mujeres y los niños quienes se llevan la peor parte, pues se unen al trabajo en los sembradíos no por usos y costumbres –como dicen los patrones–, sino para complementar el gasto familiar.

Las mujeres tienen que trabajar con bebés a cuestas, y en lugar de que los niños gocen del derecho a la educación, la recreación y la cultura, tienen que estar también ahí. Hay muy poca sensibilidad de los gobiernos federal, estatal y municipal, deploró.

Ramírez Baena recordó que cuando fue procurador de Derechos Humanos en Baja California emitió una recomendación al entonces gobernador Eugenio Elorduy para que se respetaran las garantías económicas, sociales y culturales de los jornaleros; aunque hubo algunos avances, dijo, la explotación sigue siendo un fenómeno cuyas causas no se han atendido.

Por su parte, Perseo Quiroz, de la organización civil Sin Fronteras, señaló que los migrantes internos suelen padecer los problemas de quienes se mueven de un país a otro, como alejamiento de las dinámicas sociales y de las redes de apoyo comunitarias.

Muchas veces los jornaleros no dominan el idioma español y enfrentan que en su propio país no tienen las herramientas para ejercer sus derechos plenamente. No se ha atacado el problema de origen, que es el respeto a su garantía a no tener que migrar, afirmó.

Le tiraron a matar, acusa madre de niña ultimada el martes

Saúl Maldonado, corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 30 de diciembre de 2010, p. 9

Durango, Dgo., 29 de diciembre. A mi hija los policías le tiraron a matar, que no salgan con que fue una equivocación, acusó María Escobedo, madre de la menor María Elena Nevares Escobedo, de 13 años, quien falleció en un enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos sicarios, y de Óscar, de 18 años, quien resultó herido en la pierna.

Además de la adolescente, murieron tres personas, entre ellas Jesús Héctor Mendoza Rodríguez, de 24 años, chofer de un autobús del transporte público. Luego de la refriega, ocurrida la tarde del martes en la periferia de esta ciudad, policías federales capturaron a 13 presuntos delincuentes.

Con lágrimas, Escobedo exigió justicia por lo que llamó el desmadre que armaron los agentes. Narró que tanto María Elena como Óscar esperaban un camión de pasajeros, en calles de la colonia Liberación Social, cuando llegaron federales encapuchados disparando.

En ese momento llegó un autobús y mis hijos corrieron a subirse, cuando los policías les dispararon, relató. La chica de 13 años recibió un tiro en la cabeza y el joven de 18 otro en la pierna.

Los agentes corrieron a encañonar a Óscar, “le decían que él era de un grupo, que no se hiciera, y lo encañonaron, mientras a mi hija nadie le hacía caso”, agregó la señora, quien durante la charla contuvo el llanto y permaneció varios minutos en silencio.

No fue una bala perdida ni ninguna equivocación, continuó, a mis hijos les tiraron a matar y lo lograron con mi niña. Su esposo, Primitivo Nevares, intervino en el diálogo y aseguró que los elementos policiacos no pudieron confundir a sus hijos.

Lamentó la falta de coordinación entre las corporaciones policiacas y la deficiente preparación de sus elementos. No sé si fueron estatales o federales, es lo mismo, dice, porque no puede creer que los uniformados confundan a una niña con un delincuente y le tiren a matar.

La familia Nevares Escobedo es de bajos recursos económicos y no tiene dinero para el sepelio de su hija ni para costear el tratamiento de su hijo, quien tiene destrozados los huesos de una pierna y requiere una intervención quirúrgica.

En la balacera del martes también pereció Jesús Héctor Mendoza Rodríguez, chofer del camión del transporte público al que los hermanos pretendían subirse cuando fueron tiroteados.

Javier Covarrubias, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Volante, señaló que los padres de este muchacho no pueden creer lo que pasó, ni nosotros, porque esto no había sucedido, que disparen contra la gente inocente.

Autoridades, coludidas con maleantes: ONG

Mientras no se protejan derechos de indocumentados todo será palabras

Carolina Gómez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada
Jueves 30 de diciembre de 2010, p. 6

La violencia que grupos criminales ejercen contra migrantes centroamericanos que transitan por México continúa sin ser abordada por el gobierno federal, que no ha sido capaz de instrumentar políticas públicas adecuadas, no ha logrado acabar con la corrupción de servidores públicos que se coluden con la delincuencia ni ha conseguido incidir para terminar con el acoso contra agentes de la Iglesia católica y agrupaciones que abogan por las garantías de este sector, aseguraron la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH) y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Leticia Gutiérrez Valderrama, secretaria ejecutiva de la DPMH, dependiente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), indicó en entrevista que mientras no se vean acciones operativas que indiquen que se están adoptando medidas para impedir la violación de los derechos de migrantes, no habrá avance y todo seguirá en el terreno declarativo y en la firma de convenios que no van más allá de ser documentos escritos que carecen de acciones operativas para abordar la situación.

Destacó que desde la matanza de 72 migrantes en Tamaulipas, en agosto pasado, la situación no ha cambiado, y demandó a las autoridades investigar las denuncias existentes, los datos sobre la ubicación de casas de seguridad y actuar contra la impunidad y la corrupción, así como detener la presión y acoso que viven más de 30 agentes de la pastoral de migrantes, por parte de la delincuencia común, de la organizada y de algunos servidores públicos a los que les molesta que se denuncien sus fechorías porque están en contubernio con quienes cometen abusos contra migrantes.

Aparte, Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, afirmó que la inexistencia de una política estructurada en este tema ha provocado incluso la desaparición de diversas instancias oficiales, lo cual sigue dejando en la indefensión a millones de connacionales que trabajan sin documentos en Estados Unidos y otros países.

Tuvo que darse la información aterradora sobre los más de 20 mil migrantes secuestrados este año para que el tema se visibilizara. Urge una política de Estado que frene la violencia en sus diferentes formas, sobre todo la de género.

Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano, subrayó que desde hace por lo menos cinco años es evidente que hay complicidad entre las autoridades y grupos de delincuencia organizada; agregó que decir que el gobierno no tiene elementos para combatir el secuestro de migrantes es una falacia, porque en cualquier lugar del sureste o Tamaulipas, todo el mundo sabe quién, cómo y cuándo ocurren estos actos.

Sobre lo acordado por los gobiernos de México y Honduras, los que anunciaron la creación de un protocolo de comunicación y acción para dar seguimiento a la problemática de los migrantes y la integración de un grupo de alto nivel que promoverá campañas de prevención, Gutiérrez Valderrama dijo que es positivo que los gobiernos centroamericanos muestren preocupación por sus connacionales, pero insistió en que lo que importa son los hechos.

Cuando de verdad el secuestro de migrantes no exista, pasen por México sin ser masacrados y torturados, podremos decir bienvenidos todos los convenios

Violencia sexual, parte integral del maltrato a migrantes de paso

Mujeres retenidas sufren violaciones reiteradas y múltiples

El Ejército y los federales no hacen nada, nomás agarran a las víctimas

Mauricio Ferrer

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 30 de diciembre de 2010, p. 6

Guadalajara, Jal., 29 de diciembre. “Aquí, lo que nos han platicado todas las mujeres que han sido raptadas por (la banda de) Los Zetas en Tabasco y Veracruz, es que todos los días, mientras estuvieron secuestradas, las violaban por lo menos cinco personas”, relata Carlos Villalobos, miembro de FM4 Paso Libre, una organización que ofrece alimentos y ropa a centroamericanos y mexicanos en su paso por Guadalajara con rumbo a Estados Unidos.

Mónica Salmón, coordinadora de FM4 –fundada en 2009 con egresados del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, organismo privado de corte jesuita– señala que los mexicanos que emigran a Estados Unidos empiezan a tomar las mismas rutas que los centroamericanos y también se ven sujetos a sufrir vejaciones en el camino.

(Los migrantes) son víctimas de una doble violación a los derechos humanos: por un lado los abusos perpetrados por las propias autoridades y por otro la omisión de las autoridades al permitir que sean objeto de actos criminales de parte de grupos delincuenciales, agrega.

Cada año, por la capital de Jalisco pasan entre 4 mil y 10 mil migrantes, asevera Ramón Gómez Zamudio, investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara.

La ruta Centroamérica-Chiapas-Veracruz-Tabasco-Distrito Federal está formada por las escalas que hace la bestia (la locomotora) antes de que el camino se divida en dos rutas: la del Golfo, en la que abundan Los Zetas, y la del Pacífico, que incluye Jalisco.

“Hay quienes han descrito el territorio mexicano como un enorme funeral vertical de 4 mil kilómetros. Otros, como la antesala del infierno. Las muertes en el trayecto tienen que ver con el crimen organizado: Los Zetas, los maras y, lo peor, tener que vivir en una caja, un terror institucionalizado por el Estado”, añade Gómez Zamudio.

Con Roberto te va a ir mejor

Roberto es un hondureño de piel, ojos y cabello negro a la espera del tren. Viste una playera roja, con la frase de campaña del ex candidato presidencial priísta Roberto Madrazo: Con Roberto te va a ir mejor. Habla poco. Casi no ve a los ojos de su interlocutor. Desconfía entrar a las instalaciones de FM4, sobre la avenida Inglaterra, a unos metros de las vías ferroviarias en Guadalajara, porque le han contado que hacen experimentos con los indocumentados.

Llegamos a las cuatro y media de la mañana (a Guadalajara). Nos dormimos en el tren y llegamos hasta la estación. Entonces salieron dos policías. Uno de azul y blanco y el otro de azul. Nos agarraron a mi compañero y nos esculcaron las cosas. Buscaban droga, dijeron ellos y sacaron el dinero que traíamos, relata.

–¿Cuánto dinero era?

–A mí me quitaron 200 pesos en monedas, pesos mexicanos. A mi compañero le quitaron 400. Nos quitaron el dinero diciéndonos que no nos pertenecía por que no éramos mexicanos.

–¿Qué otras experiencias has tenido en México?

–En Pénjamo. Llegó un hondureño y otros mexicanos. Tres mexicanos armados con escopetas. Violaron a dos muchachas, a la mamá y a la hija. Llegó la federal y el Ejército y no hicieron nada, nomás agarrar a las víctimas. Se oyó decir que eran zetas los que iban armados pero no sabría decir si fueron ellos. Sabemos que corremos muchos peligros pero es mucha la necesidad de venir, cruzar y llegar a Estados Unidos. Sabemos que nos puede costar la vida.

–¿A qué es lo que más le temes durante este viaje?

–A los secuestros.

El Informe especial sobre los casos de secuestros contra migrantes, elaborado en 2009 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, detalla que en seis meses se tuvo conocimiento de 198 casos, 33 al mes en promedio, más de uno al día. Indica que por lo menos 9 mil 758 migrantes fueron privados de su libertad; que el número de secuestros por año podría llegar a 400 y que la cifra de víctimas alcanzaría las 18 mil.

La frecuencia y magnitud de los secuestros de migrantes implica una actividad delictiva de enormes proporciones, que representa altos ingresos a la delincuencia. El monto de rescate que se pide a las víctimas va, en general, de mil 500 a 5 mil dólares, se aprecia en el informe.

Además del robo, el secuestro, la extorsión y el abuso sexual contra mujeres migrantes son parte del viaje antes de llegar a Estados Unidos, si es que se llega.

“Hay mujeres a las que los coyotes les dan condones y les dicen: ‘mira, en algún punto del camino te violarán, mejor prepárate’. Este es un conocimiento a golpe de pecho que van aprendiendo los migrantes”, describe vía telefónica Óscar Martínez, periodista salvadoreño autor del libro Los migrantes que no importan.

Renán, Bautista y Nelson son tres hondureños que partieron de casa hace más de 20 días. Llevan por lo menos dos (desde que arribaron a Guadalajara) sin comida en el estómago. Los tres son campesinos. Se fueron porque no tienen trabajo allá. Saben que cruzar México es un riesgo.

En Veracruz, en Medias Aguas, no me acuerdo qué fecha fue, veníamos unos 26, llegaron unos hombres armados, yo corrí. En Riagas se descarriló un vagón, unos sujetos llegaron y le robaron a la gente. A un niño lo tiraron y se quebró la pierna, tenía como ocho años. Se llevaron a unas ocho personas. Nomás Migración lo corretea a uno. En Boquecerro nos asaltaron pero se portaron buena onda los ladrones, nos dijeron que nos largáramos, con pistola escuadra, relata Bautista.

A otros los ha agarrado el tren, los arrastra, les corta un pie, una mano; yo lo he visto. Allá en Riagas, un muchacho perdió la mano y una pierna, dice Renán.

“Yo tengo un carnal allá (en Estados Unidos) que me dijo ‘Vente. Si vienes, yo te voy a conseguir la chamba’. Tengo dos hijos, una niña de cuatro y un niño de tres. El niño varón quedó llorando porque me venía, pero pues al rato los voy a volver a ver. Dios quiera que sí. Le pido a Dios me limpie el camino”, concluye Bautista.

Jornaleros siguen en la miseria pese a generar millones de dólares

A Sinaloa acuden unos 250 mil al año; son invisibles para los funcionarios públicos

Abogado triqui denuncia que los trabajadores agrícolas sólo reciben 65 o 70 pesos diarios

Javier Valdez Cárdenas

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 30 de diciembre de 2010, p. 5

Culiacán, Sin., 29 de diciembre. Son miles y atraviesan ciudades agolpados en camionetas de redilas y camiones de carga. Se cubren la cara con sombreros, gorras y pañuelos. Dejan asomar los ojos. Generan gran riqueza. Son los jornaleros agrícolas, los de manos y pies cuarteados, los que nadie ve.

En esta entidad –en los municipios de Culiacán, Navolato, Ahome, Guasave y Elota– cultivan tomate, pepino, chiles, papa, berenjena y otras hortalizas. Sus manos, casi siempre morenas, siembran y cortan estos productos, los empacan para su envío, generalmente a Estados Unidos, para traducirse en miles de millones de dólares.

A pesar de eso la mayoría no está inscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Tampoco tienen viviendas ni guarderías para alojar a sus pequeños, a los que llevan al surco, a las labores del campo.

Un estudio realizado recientemente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa encontró que tres de cada 10 niños trabajan en los campos o empacadoras de hortalizas. El organismo se apoyó en la firma Análisis de Resultados de Comunicación y de Opinión Pública, que aplicó 510 encuestas entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre de 2009 y abarcó al menos 50 campos agrícolas de la entidad.

El estudio arrojó que 50 por ciento de los entrevistados dijo no saber que cuenta con derechos humanos, 70 por ciento considera que mujeres y niños han sido víctimas recurrentes de todo tipo de abusos y en la mitad de los campos laboran menores de entre 14 y 16 años.

Tenemos una deuda sumamente importante con los jornaleros agrícolas en Sinaloa, afirmó Juan José Ríos Estavillo, presidente de la CEDH. Lamentó que esta circunstancia contraste con el calificativo de Sinaloa como el estado granero agrícola de México o líder nacional en alimentos.

Sobre la inseguridad e injusticia, el documento –que dio origen a la recomendación general número 3, girada este año al gobierno estatal y a las 18 alcaldías– señala que las condiciones de hacinamiento y la falta de privacidad son factores que dan pauta a conductas antisociales como robos, agresiones físicas y verbales, voyeurismo y abusos sexuales, entre otras que atentan principalmente contra los derechos de las mujeres y los niños.

Sobre la trata de personas, los focos rojos se encendieron al obtener que 92 por ciento dijo conocer al menos un caso de abuso sexual, compra o venta de personas con intenciones sexuales.

La CEDH advierte que la gravedad de la trata de personas no es sólo por la violencia sexual que implica, sino que las víctimas pueden verse obligadas a realizar trabajos forzados, a contraer matrimonios en condiciones serviles y a la mendicidad forzada y, en casos extremos, sufren la extracción y el contrabando de sus órganos.

Derroche de tecnología

Crescencio Ramírez, presidente de la Red Democrática de los Pueblos Indígenas, aseveró que algunos empresarios contratan a jornaleros por 15 días o un mes, para ahorrarse dinero y evadir inscribirlos al IMSS, pero en casos de accidentes graves las trabajadoras sociales con que cuenta el negocio los afilian rápidamente, en cosa de minutos, para evitarse problemas, mediante el tráfico de influencias.

Ramírez, abogado triqui y defensor de los trabajadores agrícolas, quien fue jornalero en el municipio de Navolato cuando tenía 13 años, lamentó que los horticultores atiendan de esta manera a los jornaleros, les paguen 65, 70 pesos diarios, con el dineral que agarran con las exportaciones de chile, tomate y calabaza a Estados Unidos.

Datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación indican que en 2009 la producción de hortalizas fue de un millón 904 mil 101 toneladas, con valor de 8 mil 846 millones de pesos.

Ramírez dijo que la tecnología de punta que usan los horticultores, como la siembra de invernaderos, la biotecnología y el fertirriego, que requirieron inversiones millonarias, insultan las condiciones de vida de los jornaleros, quienes padecen diarreas por las altas temperaturas y mala alimentación, y por el uso de agroquímicos a los que están expuestos y que siguen aplicando con avionetas, aunque estén entre los surcos los trabajadores.

Recordó que en agosto, el jornalero Samuel Gámez Angulo, de 38 años, murió debido a las altas temperaturas, que en Culiacán han alcanzado 49 grados centígrados, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud del gobierno estatal.

Tema controversial

Francisco Campaña, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, reconoció que el de los jornaleros agrícolas es un tema candente y controversial en el que los empresarios le han echado todos los kilos, pero falta mucho por hacer.

Dijo que por medio del organismo Profamilia de Jornaleros, institución de asistencia privada, se gestionan recursos de organismos nacionales e internacionales en favor de los trabajadores.

Además les damos despensas para compensar la falta de ingresos; los dotamos de mochilas y útiles escolares, y en pocos años se han dado grandes pasos; no estamos hasta el final, pero sí se han logrado avances.

Pero los jornaleros, que suman unos 250 mil en Sinaloa, procedentes de estados como Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Chiapas y Veracruz, siguen así –por más que circulen hacinados en los camiones de carga y por más riqueza que generen–: invisibles a las miradas de los servidores públicos y demás ciudadanos.

Para la abogada Teresa Guerra Ochoa, la horticultura sinaloense “ha sido negocio de pocos, en las épocas del boom hortícola se llegó a hablar de 56 familias que controlaban las mejores tierras de riego, la producción y el mercado. En los últimos años en Sinaloa son 17 familias las que obtienen la mayor parte de las utilidades”.

Guerra Ochoa, autora del libro Los trabajadores de la horticultura sinaloense, editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y la CEDH, criticó que el gobierno federal haya cedido la política social de atención a los jornaleros y que éstos estén ahora a merced de patrones y capataces, en condiciones de esclavitud.

Mucho dinero

Santiago Martínez tiene 56 años de edad y 13 de venir a Sinaloa a emplearse en los campos hortícolas. Es de Tlaxiaco, Oaxaca, y cada septiembre está aquí. En diciembre o en abril emigra a Baja California Sur para seguir trabajando. Este año, explicó, quizá no se mueva del municipio de Navolato, donde trabaja en esta temporada, porque si los salarios son bajos aquí, allá, más al norte, empeoran: para conseguir 110 pesos tiene que permanecer entre los surcos unas nueve horas.

Aquí los salarios de esos trabajadores son de 65 a 80 pesos diarios, aunque en diciembre, cuando se intensifican las labores, son de 200, siempre y cuando cumplan jornadas de 11 o 12 horas.

Pero Santiago Martínez, que tiene dos hijos, uno de 18 años, quien también labora en la siembra de tomate y chile, apenas gana para comer y rentar un cuarto en la comunidad de Villa Juárez, la más poblada de Navolato. Por el cuarto en que vive paga 600 pesos al mes.

Los patrones tienen mucho dinero, pero no quieren pagar. Yo gano muy poquito porque ellos pagan barato, y yo no quiero quedarme en el campo porque en las casas de allá hay mucho borracho y mariguano, son casas sucias, y aquí estoy mejor, manifesto.

Levantaron a la jefa policiaca del municipio chihuahuense

Se queda sin autoridades la alcaldía de Guadalupe, Distrito Bravos

El edificio administrativo del lugar cerró sus puertas indefinidamente

Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 30 de diciembre de 2010, p. 11

Ciudad Juárez, Chih., 29 de diciembre. La presidencia municipal de Guadalupe, Distrito Bravos, demarcación ubicada a 70 kilómetros de Ciudad Juárez, cerró sus puertas y dejó a la localidad sin autoridades, luego de que la única agente y jefa policiaca, Irma Érika Gándara Archuleta, fue levantada la semana pasada, y además porque le prendieron fuego a la vivienda de una regidora del Partido Acción Nacional (PAN) que presuntamente también fue levantada, con su hija de 17 años.

Desde la tarde del martes, el edificio administrativo del lugar fue cerrado por personal de limpieza, sin dar aviso a la población de cuándo se reanudarán los trámites públicos. Habitantes del municipio afirmaron que el alcalde Tomás Archuleta Rodríguez se fue a vivir a Estados Unidos, por temor a ser asesinado por narcotraficantes.

Los problemas en la demarcación se recrudecieron el jueves 23 de diciembre, cuando un comando prendió fuego a la casa ubicada en las calles Miguel Hidalgo y Guadalupe Victoria, propiedad de la regidora panista Beatriz Sánchez Juárez, así como a dos vehículos estacionados al frente.

Ella y una hija suya habrían sido plagiadas, aunque las autoridades ministeriales no han confirmado tal extremo.

Ese mismo día, al amanecer, la agente policiaca Irma Érika Gándara, de 28 años de edad, fue privada de su libertad. Ella era el único elemento de seguridad que había en la población, que actualmente tiene menos de tres mil habitantes, y llegó a tener 10 mil pobladores en 2006.

El 24 de diciembre se dio muerte a Gerardo Chávez Núñez, de 54 años, en su zapatería Boots, ubicada sobre la avenida Juárez.

Llegan cientos de soldados

Alrededor de dos mil soldados procedentes de varias regiones militares llegaron entre la tarde y noche del martes a Ciudad Juárez, para relevar personal castrense y combatir la inseguridad pública, en el contexto de la Operación Coordinada Chihuahua.

Desde las 17 horas del martes comenzaron a llegar grupos de 25 a 30 vehículos, que circularon en convoy procedentes de la ciudad de Chihuahua utilizando la carretera Panamericana, y se dirigieron a las instalaciones del Noveno Regimiento Militar.

Comerciantes indígenas de San Cristóbal denuncian maniobras para desalojarlos

Hay versiones de que en el lugar buscan construir un almacén de autoservicio o un parque

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Jueves 30 de diciembre de 2010, p. 13

San Cristóbal de las Casas, Chis., 29 de diciembre. Comerciantes indígenas del mercado tradicional de esta ciudad, adherentes de la otra campaña, denunciaron la pretensión por parte del gobierno municipal de desalojarlos de dicha instalación. Existen versiones de que se planea edificar un gran almacén de autoservicio Soriana, empresa que se ha expandido en Chiapas en años recientes.

Hace 40 años, el mercado José Castillo Tielemans, que tiene la función para nosotros y nosotras de ser el centro de trabajo, lo que tenemos cada día, allí sale la paga para nuestra comida. El mercado es un referente sancristobalense, incluso para el turismo, en una zona ampliamente ocupada por comerciantes y productores agrícolas tzotziles y tzeltales de los Altos.

Hace un año, el alcalde priísta y empresario constructor Mariano Díaz Ochoa y el gobierno estatal iniciaron la edificación de un nuevo mercado en la zona norte de la ciudad, cerca de la salida a San Juan Chamula. Allí mismo, el gobierno estatal construyó una nueva terminal de autobuses. Ambas obras, de gran envergadura, carecen de vialidades adecuadas y se incrustan en zonas altamente pobladas por indígenas y con pobre infraestructura urbana. Ya antes de inaugurarse estas obras, la zona está al borde del colapso vial. Sobre todo si se agrega la completa falta de mantenimiento en las calles y carreteras de San Cristóbal, lo cual se suma a sus graves problemas ambientales.

Sabemos que el mercado era acuerdo para los habitantes de 48 colonias de la zona norte, y que les dijeron que le tocaba 60 puestos a cada colonia. Pero luego el presidente cambió al acuerdo y resultó que sólo tocarían seis puestos por cada colonia, y a otras sólo cinco, porque las autoridades nos quieren llevar a todos y todas al nuevo mercado.

Los locatarios y vendedores adherentes de la otra campaña, quienes no son los únicos opuestos al traslado, expresan: No se sabe bien qué va a ocurrir con el mercado José Castillo Tielemans. Unos dicen que la municipalidad tiene vendido el terreno a la empresa Soriana, y otros que van a poner un parque (turístico). Nosotros no queremos ni la empresa ni el parque. Tampoco el mercado de la zona norte, porque es otro sitio y otro trabajo.

Según informaciones periodísticas, el gobierno municipal pretende sacar a la fuerza a los comerciantes. Dicen los funcionarios que no tenemos derecho a hablar porque no somos ciudadanos de San Cristóbal, y esto no es cierto. Además, como dice la Constitución Política, todos tenemos derecho a manifestarnos y vamos a defender nuestro centro de trabajo, porque es nuestra vida.

Anuncian que se opondrán al desalojo. Hay locatarios que ya aceptaron ser trasladados, y esto lo respetamos, pero también queremos el respeto a todos los que quieren seguir en el Castillo Tielemans, advierten, y hacen responsable al gobierno municipal y estatal de lo que nos pueda pasar a los y las comerciantes que vamos a resistir a la reubicación.

Cabe señalar que este año nuevo habrá relevo de gobierno municipal, y Díaz Ochoa entregará la alcaldía a Cecilia Flores, ganadora por el Partido de la Revolución Democrática de las recientes elecciones locales. Siendo el mercado norte un proyecto del gobierno estatal, es muy probable que sigan adelante los planes de desalojar el viejo mercado. Ello ha sido un proyecto gubernamental desde administraciones pasadas, que construyeron el mercado popular del sur con la misma intención, pero los indígenas se opusieron, del mismo modo que hoy lo hacen al menos 600 comerciantes tradicionales.

Ombudsman de Chihuahua ratifica denuncia contra jueces

Rubén Villalpando y Miroslava Breach

Corresponsales

Periódico La Jornada
Jueves 30 de diciembre de 2010, p. 11

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua, José Luis Armendáriz González, ratificó ayer su denuncia de juicio político con miras a destituir a los tres jueces que dejaron libre a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino de Rubí Marisol Frayre Escobedo, hija de Marisela Escobedo Ortiz, a quien dieron muerte frente al palacio de gobierno de la entidad el 16 de diciembre pasado. Sin embargo, el primer visitador de la CEDH en Ciudad Juárez, Gustavo de la Rosa Hickerson, así como colegios de abogados de Chihuahua, se oponen a esta medida.

Armendáriz González se presentó ayer en el Congreso de Chihuahua, y ratificó su denuncia ante la Secretaría de Servicios Jurídicos, Parlamentarios y Vinculación Ciudadana, de tal manera que la solicitud de juicio político contra los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib Jurado, proceda conforme a la legislación estatal.

La solicitud de juicio es contra los jueces porque ellos gozan de fuero, pero estamos haciendo las gestiones para que se dilucide si hay responsabilidad del Ministerio Público, la extinta Procuraduría General de Justicia o funcionarios que hayan colaborado en la investigación, precisó Armendáriz.

A su vez, De la Rosa Hickerson se pronunció en contra del juicio político. El punto de reclamo reside en la actuación ineficaz de las autoridades de procuración de justicia, y de las encargadas de la protección del área del palacio estatal, así como la presidencia municipal de Chihuahua, por las omisiones cometidas el día de los hechos, afirmó.

Además, la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y la Barra de Abogados de Chihuahua, criticaron el sometimiento del Supremo Tribunal de Justicia Estatal a los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales al suspender, sin ninguna investigación, a los tres jueces que dictaron sentencia a Sergio Barraza Bocanegra, homicida de la menor Rubí Marisol Frayre, y probable autor intelectual de la muerte de Marisela Escobedo.

Abarcan del 16 de junio de 2006 al 10 de diciembre de 2010

Recibió el Ifai 888 solicitudes sobre los festejos del bicentenario

De la Redacción

Periódico La Jornada
Jueves 30 de diciembre de 2010, p. 15

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) informó que dependencias y entidades de la administración pública federal (APF) recibieron del 16 de junio de 2006 al 10 de diciembre de 2010 un total de 888 solicitudes de información, para conocer cómo se utilizaron los recursos públicos y qué actividades se realizaron para organizar los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana.

De dicho total, 680 peticiones se presentaron durante 2010, lo que representa 76.5 por ciento de todas las solicitudes realizadas al gobierno federal sobre ese tema, en el citado periodo.

Los solicitantes han manifestado su interés por saber la suma de recursos económicos recaudados para los festejos, su destino e integración al fondo, apuntó el instituto en un comunicado.

De las 888 peticiones, 9.4 por ciento (84) derivaron en recursos de revisión presentados ante el Ifai por personas inconformes con las respuestas ofrecidas por las dependencias y entidades federales. De ese número, el instituto emitió las siguientes resoluciones: 13 revocadas; siete modificadas y 11 confirmadas. Diecisiete fueron sobreseídas debido a que se entregó la información solicitada durante la integración de los expedientes. El resto de los recursos sigue pendiente su resolución.

La solicitud más reciente se hizo el 10 de diciembre pasado a la Secretaría de Gobernación (SG). Desde 2006, comenzó la presentación de peticiones de información para conocer agendas, personajes, recursos y proyectos para la organización y puesta en escena de los diversos actos conmemorativos.

En 2006 ingresaron un total de 10 peticiones de información; en 2007, 12; en 2008, 32; en 2009, 154, y en 2010, 680. Las dependencias que han recibido más peticiones son la SG (132), la Presidencia de la República (122), la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (84) y la Secretaría de Educación Pública (82).

Algunos de los temas recurrentes son: presupuesto y personal contratado para la integración de la Comisión Ejecutiva de los Festejos; sueldos y viáticos asignados a comisionados de los festejos; número y costo de los espots contratados; licitaciones, proyectos de infraestructura (distribuidores viales, carreteras, Parque Bicentenario) y el precio del coloso.

AI emprende campaña de apoyo al padre Solalinde

La ONG denuncia que la vida del sacerdote “corre peligro en México por haberla dedicado a proporcionar un lugar seguro a las personas migrantes” que atraviesan el país y son extorsionadas y víctimas de abusos

Amnistía Internacional (AI) emprendió una campaña a favor del sacerdote mexicano Alejandro Solalinde, encargado de un albergue para apoyar a indocumentados ubicado en Ciudad Ixtepec, sur de México, donde ha sido amenazado de muerte por su labor, informó hoy la organización.

En su iniciativa la ONG denuncia que la vida del sacerdote católico "corre peligro en México por haberla dedicado a proporcionar un lugar seguro a las personas migrantes" que atraviesan México y son extorsionadas y víctimas de abusos cometidos por funcionarios públicos y por la delincuencia.

La campaña consiste en una recogida de firmas para una carta dirigida al secretario de Gobernación de México, Francisco Blake, en la que denuncian que el prelado "lleva varios años" sufriendo "acoso" e "intimidación" por parte de "funcionarios del Estado y de residentes en la zona".

"Nadie ha rendido cuentas por estos hechos, y el padre Solalinde no ha recibido la protección necesaria para llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias", agregó AI.

La ONG cree que el albergue Hermanos en el Camino, localizado en el sureño estado de Oaxaca, "ofrece un lugar seguro a los migrantes que se exponen a sufrir abusos de bandas delictivas y funcionarios del Estado" .

AI recuerda que en junio de 2008 "en torno a cincuenta personas irrumpieron en el centro y amenazaron con incendiar el edificio si no lo cerraban en un plazo de 48 horas" .

Aquella turba la encabezaba "el alcalde de Ciudad Ixtepec y catorce agentes de la policía municipal" , contra quienes no se iniciaron investigaciones ni acciones legales de ningún tipo.

La carta, que cuenta ya con medio millar de firmas, concluye con un ruego al ministro mexicano para que "proporcione al padre Solalinde y a su equipo protección efectiva, conforme a sus propios deseos, de modo que puedan continuar con su trabajo en favor de los derechos humanos sin temor a represalias" .

Entre las últimas denuncias públicas realizadas por Solalinde destaca la de haber declarado que medio centenar de indocumentados centroamericanos podrían haber sido víctimas de un secuestro masivo el pasado 16 de diciembre en un punto cercano al municipio de Chahuites, próximo a Ixtepec.

El Gobierno de México investiga los hechos tras ser urgido a ello por parte de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos ciudadanos podrían estar entre los secuestrados.

El pasado 11 de noviembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, defensoría del pueblo) pidió también a la Secretaría de Gobernación "medidas cautelares" a favor del sacerdote y de los habitantes del albergue Hermanos en el Camino "al considerar que su vida e integridad física corrían peligro" .

AI cuenta con más de 2,2 millones de miembros repartidos por alrededor de 150 países, en los que denuncia abusos a derechos humanos de todo tipo.

Las agrupaciones contribuyen al desarrollo democrático: activistas

Visión de que ONG son un riesgo para el país demuestra autoritarismo del gobierno

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de diciembre de 2010, p. 7

El hecho de que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) considere a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los movimientos sociales un riesgo para la estabilidad del país –junto con el narcotráfico, la corrupción y el aumento de la migración– demuestra el talante autoritario del actual gobierno, así como su incapacidad para entender las causas estructurales de la inconformidad de amplios sectores.

Así lo advirtieron activistas de derechos humanos, quienes manifestaron su preocupación por el concepto negativo que tiene el organismo de seguridad respecto de los movimientos civiles críticos, cuyas acciones pueden ser demoledoras de los principios democráticos del régimen en el poder, como consignó en el análisis Programa de estudios estratégicos 2010.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, consideró que este tipo de visiones han sustituido a un verdadero oficio político de las autoridades, cuyos diagnósticos de la realidad del país están muy lejos de coincidir con las causas verdaderas del malestar de diversos grupos sociales.

Las ONG, afirmó, dan cuenta del sufrimiento de dichos sectores, y con su trabajo “han contribuido al desarrollo de la democracia. Es esta visión miope la que ha dañado mucho al país, porque los tomadores de decisiones no tienen una formación clara de derechos humanos y creen que los movimientos sociales se dedican a conspirar contra las instituciones.

Vivimos un ambiente donde se criminaliza y estigmatiza a los movimientos sociales. Hay una regresión antidemocrática, que ataca a quienes tienen un compromiso firme con la sociedad, dijo.

Por su parte, Humberto Guerrero, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que considerar a las ONG el enemigo interno no es un fenómeno nuevo, pues “siempre se nos ha acusado de querer estropear las acciones gubernamentales, y en esta administración se ha manejado el discurso de que incluso trabajamos para el narco.

“Está la frase célebre de Fernando Gómez Mont de que éramos ‘tontos útiles’ al servicio del crimen organizado, y que por tanto le estábamos haciendo daño al país”, recordó.

Decenas de ONG nacionales e internacionales exigen justicia al Estado

Cultura de violencia contra las mujeres, causa del asesinato de Marisela Escobedo

Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de diciembre de 2010, p. 5

Ciudad Juárez, Chih., 28 de diciembre. La causa del asesinato de Marisela Escobedo es la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres que el Estado mantiene desde hace dos décadas, afirmaron 120 organizaciones locales, nacionales e internacionales.

Además, el crimen cometido el pasado jueves 16 a las puertas del palacio de gobierno del estado muestra la desprotección criminal en que se mantiene a las defensoras sociales y la falta de voluntad para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, agrega el texto colectivo que la organización empresarial Plan Estratégico de Juárez comenzó a distribuir por Internet.

Basta de simulación; exigimos a las autoridades justicia para la familia de Marisela Escobedo y Rubí Marisol Frayre, así como poner fin al homicidio de mujeres y la impunidad de los responsables, manifiestan los firmantes.

En el documento ubican el caso de Marisela Escobedo en un contexto de violencia contra el sector femenino en general y las luchadoras sociales en particular, y exigen a las autoridades cumplir la sentencia del Campo Algodonero emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para prevenir, investigar y sancionar debidamente la violencia sexual y las desapariciones y homicidios de género.

Además, denuncian que en el debate del presupuesto estatal no se han incorporado recursos para cumplir el fallo del organismo internacional ni la Ley por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ante el gravísimo incremento de las agresiones contra las defensoras de los derechos humanos, responsabilizamos al Estado mexicano de cualquier otro acto en su contra, pues hasta la fecha no ha investigado los hechos precedentes ni realizado las acciones básicas para garantizar su vida e integridad. Además –señalan–, la ocupación policiaco-militar de Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua iniciada en 2008 no se tradujo en seguridad para las mujeres.

Según el manifiesto, “más de 50 millones de pobres, más de 7 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian, más de 3 mil homicidios perpetrados este año en Ciudad Juárez y los 10 mil huérfanos que arroja la fallida guerra contra el narcotráfico, aunados al hambre y el desempleo, evidencian que fracasamos como sociedad.

Tal realidad es efecto de corrupción, opacidad, clientelismo, autoritarismo y una ciudadanía que no exige un mejor gobierno, señalan en el documento.

El crimen cobró otras 40 vidas en varias entidades

Un taxista también fue víctima del fuego cruzado; el saldo: 4 fallecidos, dos heridos y 11 detenidos

Muere una niña en tiroteo entre sicarios y federales en Durango

Padres de la menor acusan a policías

De la Redacción

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de diciembre de 2010, p. 5

Un enfrentamiento entre fuerzas federales y hombres armados ocurrido en la periferia de la ciudad de Durango arrojó un saldo de al menos cuatro muertos, entre ellos un agente, una menor de 13 años y el chofer de un taxi, además de dos heridos y 11 detenidos, en tanto que otras cuatro personas fueron ejecutadas en los municipios de Gómez Palacio y Tepehuanes.

Al cierre de esta edición, los padres María Elena afirmaron que fueron policías quienes la mataron e hirieron a su hijo Óscar, de 18 años, pero no podían asegurar si la bala homicidia procedió de agentes federales o estatales.

La refriega empezó después de las 14 horas de ayer, cuando en calles de la colonia Liberación Social un comando abrió fuego contra un grupo de elementos de la Policía Federal, quienes durante casi una hora repelieron la agresión. Con apoyo del Ejército, los agentes cerraron todos los accesos a la colonia para sitiar a los agresores.

En el primer tiroteo murieron un agente federal y el chofer de un taxi que circulaba por la zona; la menor María Elena Nevárez Escobedo, de 13 años, quien en esos momentos viajaba en un autobús del servicio urbano, recibió un balazo en la cabeza y falleció cuando era trasladada al hospital.

Después de más de 40 minutos de fuego cruzado, personal del Servicio Médico Forense reportó el deceso de un presunto delincuente, quien junto con otros de sus cómplices se atrincheró en una casa de seguridad. También se informó que hubo dos heridos, aunque no se precisó si eran agresores, policías o civiles. La Fiscalía General de Durango reportó 11 detenidos, entre ellos un militar que había dejado las fuerzas armadas hace una semana, y el aseguramiento de armas.

Durante la madrugada del martes, en el municipio de Gómez Palacio fue encontrada una camioneta en la que había cinco personas con impactos de bala, de las cuales tres perecieron y dos sobrevivieron. Mientras, en un paraje del municipio de Tepehuanes, José Gabriel Reyes fue ultimado de varios tiros en la cabeza.

Iván Gándara Escárcega falleció al enfrentarse a balazos con custodios del penal de Aquiles Serdán que resguardaban al interno Salvador Valderrama Chávez –procesado por secuestro y delitos contra la salud– cuando era atendido en el Hospital Central de la ciudad de Chihuahua.

El vocero de la Fiscalía General del Estado, Carlos González, informó que Gándara Escárcega, junto con un cómplice, intentó rescatar a Valderrama Chávez cuando éste salía de una consulta médica. En el tiroteo, el recluso resultó herido. El otro pistolero huyó.

Asimismo, la jornada de violencia en Chihuahua incluyó 10 crímenes, ocho de ellos en Ciudad Juárez, incluidos el de Eduardo Iván Viezca Ramos, de 19 años, estudiante de ciencias políticas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, campus Ciudad Juárez, y un joven de 18 años que lo acompañaba, aún no identificado.

Los cuerpos fueron encontrados la noche del lunes con múltiples impactos de bala y semicalcinados, en una camioneta quemada parcialmente –debido a que, según testigos, los sicarios les arrojaron tres bombas molotov.

En Sonora, un grupo armado ejecutó a tiros a Rodolfo Woolfolk, ex policía municipal de Navojoa, en un centro comercial de Ciudad Obregón, hecho en el que también perdió la vida un niño de 10 años que caminaba por el estacionamiento del lugar acompañado de sus familiares, quien fue alcanzado por una bala.

Este martes, el crimen organizado ultimó a otras 19 personas: cinco en Morelos, cuantro en Sinaloa, cuatro en Guerrero (tres de ellos hallados en igual número de fosas clandestinas del municipio de Teloloapan), tres en Nuevo León, dos en Jalisco y uno en Aguascalientes.

Rescatan a líderde secuestradores

La noche del lunes, Gabriela Muñiz Tamez, La Pelirroja, dirigente de una banda de secuestradores y extorsionadores, fue rescatada a unas cuadras del penal de Topo Chico, en Monterrey, por un comando que interceptó la unidad en que tres celadores la trasladaban al Hospital Universitario para una revisión médica. No hubo lesionados. La Procuraduría de Justicia de Nuevo León investiga al alcaide de la prisión, José Rodrigo Martínez, 58 custodios y al médico del reclusorio.

Jorge Domene Zambrano, vocero de seguridad del gobierno estatal, dijo que para el traslado de Muñiz Tamez, de 31 años, no se siguieron los procedimientos establecidos, ya que si bien se solicitó apoyo de tres patrullas y éste fue proporcionado, el personal del reclusorio salió hacia el Hospital Universitario antes de que llegaran las unidades, por lo que se indaga quién dio la contraorden.

Con información de Notimex

CNDH: Marina, culpable de la muerte de una civil en Morelos

Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de diciembre de 2010, p. 10

Cuernavaca, Mor., 28 de diciembre. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que elementos de la Secretaría de la Marina fueron responsables, de manera institucional, de la muerte a balazos de la civil Patricia Terroba, en el fraccionamiento Los Limoneros, de esta capital, el 11 de diciembre de 2009, cuando uniformados se enfrentaron contra integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, por lo que recomendó al titular de la dependencia, Mariano Francisco Saynez Mendoza, que se reparen los daños y se indemnice a los familiares.

En su recomendación 83/2010 –con fecha 16 de diciembre de este año–, derivada de la queja CNDH/2/2009/ 5985/Q, promovida por la familia de Terroba, la CNDH además emplazó a la Semar a que se le entreguen informes completos, precisos y de manera puntual, a efecto de que cuente con evidencias para conocer la verdad histórica y jurídica de los hechos materia de investigación, para la vigilancia y defensa de los derechos humanos.

Recomienda capacitar personal

De igual manera, solicitó a la Marina que diseñe e imparta un programa integral de capacitación y formación en materia de garantías individuales a mandos medios, superiores y oficiales de la Armada de México, buscando con ello que las tareas que realizan se ajusten a la legalidad y respeto a los derechos humanos, así como a las disposiciones contenidas en la Directiva 003/09, que regula el uso legítimo de la fuerza por el personal naval, y que le elabore un material de divulgación y fácil acceso, enviando a esta Comisión Nacional las constancias de su cumplimiento.

La CNDH argumentó que durante el operativo del 11 de diciembre del año pasado, la Marina incurrió en graves violaciones a los derechos humanos y en uso ilegal de la fuerza; asímismo, consideró que durante la investigación la dependencia no proporcionó algunos informes requeridos, con el argumento de que se trata de información reservada por razones de seguridad.

Considera que si bien no cuenta con elementos suficientes para definir con certeza quién fue el autor de la privación de la vida de V1 (Patricia Terroba), las evidencias recabadas permiten afirmar que el uso arbitrario de la fuerza pública por elementos de la Marina, omitió proteger la integridad física de las personas que se encontraban en los alrededores del lugar donde ocurrió el enfrentamiento.

Las autoridades han sido incapaces de garantizar sus derechos: experta

En indefensión, niños y adolescentes

La exclusión social que sufren los orilla a enrolarse en la delincuencia

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de diciembre de 2010, p. 12

Los niños y adolescentes del país enfrentan un estado de indefensión ya que las autoridades no han sido capaces de garantizar sus derechos básicos, lo que sumado a la normalización de la violencia, la ilegalidad y la clandestinidad hace de este sector presa del crimen organizado, ya sea como víctimas o como parte de las bandas delictivas, aseveró Mónica González Contró, especialista en derechos de la infancia del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Al hacer un análisis de la explotación y riesgos que enfrentan los menores, la investigadora sostuvo que será más redituable social y económicamente para México contar con un sistema integral de justicia para adolescentes –que incluya la ley federal de justicia para ese sector– que mantener al Ejército en las calles, por lo que demandó acciones oficiales, en particular al Legislativo federal, en ese sentido, y la aprobación de una partida presupuestal para ello.

Cada vez hay una mayor cultura sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente entre ellos mismos, pero cada vez hay mayor exclusión social y vulneración de derechos derivada de muchas causas, en especial de las condiciones sociales y económicas que vive el país, comentó en entrevista.

Pese a que existen normas internas –incluso constitucionales– e internacionales en la materia, que no son garantizadas por el Estado mexicano, lo que atenta contra el verdadero estado de derecho, refirió. Una sociedad que no sabe garantizar las condiciones mínimas de subsistencia de niñas, niños y adolescentes, es un país con graves deficiencias en todos los sentidos.

La académica del IIJ indicó que al ser una nación que no ofrece oportunidades a sus niños y jóvenes, en muchas ocasiones la única salida de éstos es enrolarse en la delincuencia organizada como una forma de subsistencia.

Como país no hemos sabido reconocer que las y los adolescentes están en proceso de construcción de la identidad; pero cuando no se puede construir dentro de los cauces productivos e integrados a la sociedad, se facilita una cultura de identidad desde la ilegalidad, donde los valores se trastocan y donde el pertenecer a una banda da reconocimiento social y una salida.

Para contrarrestar la vulnerabilidad a la que están expuestas la niñez y la juventud mexicanas, González Contró planteó generar la vigencia del estado de derecho, es decir, que se hagan cumplir todas las garantías ya reconocidas.

Es importante aplicar y generar medidas estructurales que realmente cambien las condiciones de las familias. No se puede hacer valer los derechos contra el trabajo infantil y la explotación si no generamos que las familias tengan la capacidad económica, social y cultural para mandar a sus niños a la escuela y satisfacer todos sus derechos y necesidades dentro del mismo núcleo familiar. Se requiere de acciones dirigidas a disminuir la profunda desigualdad que existe en este país y generar las condiciones para que se dé desde las familias y que el Estado pueda entrar subsidiariamente a dar garantía de estos derechos.

La asamblea exigió cumplir acuerdo de reubicación firmado con autoridades el 5 de julio

Hemos dado pruebas de la tala clandestina y delitos que cometen esos paramilitares

Denuncia comunidad tzotzil de Mitzitón nuevas agresiones del Ejército de Dios

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de diciembre de 2010, p. 13

San Cristóbal de las Casas, Chis. 28 de diciembre. La comunidad tzotzil de Mitzitón, ubicada en la zona rural del municipio de San Cristóbal, denunció nuevas agresiones violentas de miembros identificados del Ejército de Dios (de la iglesia evangélica Alas de Águila), a quienes considera paramilitares:

Al compañero Domingo de la Cruz Vicente se lo llevaron a la casa de Francisco Gómez Díaz y Gregorio Gómez Jiménez, donde los paramilitares ya hicieron una cárcel para irnos encerrando. Es como una reja de metro y medio donde lo metieron y ahí lo bañaron de gasolina, lo orinaron, lo desnudaron y lo siguieron golpeando como una hora. Este compañero se encuentra terriblemente golpeado, lo trataron como ni a un animal, y ya bien maltratado lo llevaron a una camioneta cerca de la casa ejidal y ahí lo dejaron.

Otros tres pobladores de Mitzitón, adherentes de la otra campaña, igualmente agredidos por unos 20 miembros del Ejército de Dios, quedaron bien golpeados y le rajaron su cabeza, con sus puños, palos y piedras. A diferencia de Domingo de la Cruz, sí lograron escapar Manuel de la Cruz Vicente, Julio de la Cruz Vicente y Lucio de la Cruz Vicente.

Los hechos ocurrieron el día 23. Según denuncian los ejidatarios, cerca de las 18:30 horas sus compañeros fueron atacados mientras se dirigían a la casa ejidal. A pocos metros de llegar, los alcanzaron aproximadamente 20 individuos: Como estaba oscuro no se pudo reconocer a todos, pero sí miró bien que ahí estaban Miguel Díaz Gómez, Luis Rey Pérez Heredia, Carmen Gómez Gómez, Feliciano Jiménez Heredia, Roberto Jiménez Heredia, Víctor Heredia Jiménez, Tomás Díaz Gómez y Julio Hernández Gómez.

A las 20:30, los mencionados “se pusieron a hacer un tiroteo cerca de donde está nuestro letrero de adherentes a la otra campaña, se oyeron bastantes disparos, tal vez vaciaron dos cargadores”. Hacia las 23 horas ya estaban los cuatro compañeros golpeados en su casa, ahí llegaron otra vez los paramilitares queriendo sacarlos para quererlos matar. Y detallan que llegaron en dos camionetas sin luz. Toda la noche se sucedieron tiroteos, y desde entonces casi todas las noches disparan cerca de casas de nuestros compañeros.

Los ejidatarios sostienen: Ya tenemos muchas denuncias públicas, suficientes para que los investiguen. Hemos dado pruebas ante las autoridades de las agresiones, la tala clandestina y toda clase de delitos que esos paramilitares cometen en contra de nosotros.

No obstante, el gobierno no hace nada ni cumple su palabra, porque para él su palabra no vale nada, por eso vienen aquí sus representantes y firman acuerdos y luego se hacen como si no pasó nada.

Desmienten, una vez más, que el problema sea religioso: Con lo que no estamos de acuerdo, y no vamos a permitir, es que se sigan cometiendo delitos en nuestra comunidad, y se siga utilizando al Ejército de Dios para atacarnos y detener nuestra lucha y nuestra organización y camino hacia la autonomía y los derechos que tenemos como pueblo indígena que somos.

En asamblea general, la comunidad acordó exigir cumplimiento al acuerdo firmado con los funcionarios del mal gobierno el 5 de julio y que hasta ahorita no ha cumplido: la reubicación de los paramilitares.

Añaden que si algo llega a suceder en nuestro pueblo, el responsable directo será Juan Sabines Guerrero (con) Felipe Calderón Hinojosa, por dar impunidad a delincuentes y no cumplir.

Jueces de juntas y tribunales laborales han perdido la imparcialidad

CILAS: México, de los que más violan los convenios sobre libertad sindical

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Martes 28 de diciembre de 2010, p. 12

En México se ha perdido la imparcialidad de los jueces en las juntas y tribunales laborales, ya que éstos han respondido en mayor medida a las demandas patronales y en prácticamente ninguno de los casos le dan la razón a los trabajadores, aseguró el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).

Además, los trabajadores deben atravesar un verdadero vía crucis para contar con un sindicato auténtico, y casi nunca lo consiguen, perdiendo muchas veces su trabajo y arriesgando incluso su integridad física en este intento, pues en el país no existe prácticamente el derecho de libre asociación sindical y contratación colectiva.

Por ello, resulta entonces una cruel ironía y una simulación inadmisible que el año pasado el gobierno mexicano haya sido admitido como integrante del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló el Tribunal Internacional de Libertad Sindical.

Según el CILAS, ante la falta de instancias que verdaderamente vigilen la impartición de justicia laboral, es que se creó dicho tribunal civil de peso internacional, integrado por miembros de indiscutible calidad moral que ayudan a juzgar y resolver este grave problema.

Indicó que dicho tribunal surgió como una instancia imparcial de la sociedad civil para analizar las violaciones de los derechos plasmados en los convenios 87 y 98 de la OIT, no resueltas en las instancias legales existentes en este país. Esto es porque México es una de las naciones donde más se viola lo establecido por el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical, que es un condición indispensable para defender o mejorar otros aspectos vitales de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, castigados nuevamente por la crisis económica.

La sindicalización corporativa, la corrupción, la represión, la existencia de bandas de golpeadores y pistoleros para disputarse contratos y controlar a los trabajadores con la complicidad de las autoridades es una realidad. Hasta hace apenas unos meses la Suprema Corte resolvió en favor del derecho de los trabajadores al voto secreto y sin coerción en los recuentos sindicales.

Además, la autonomía de los sindicatos auténticos es vulnerada constantemente por la intromisión abierta del Estado. En general, el registro de sindicatos o reconocimiento de sus direcciones electas están sujetos a la mayor arbitrariedad de las autoridades laborales.

A las viejas prácticas se ha sumado en los tiempos recientes un fenómeno todavía más perverso: los sindicatos y contratos de protección patronal. Se trata de un negocio entre verdaderas mafias y empresas, incluyendo trasnacionales.