13/12/2010

Mancera cantinflea para justificar su actuación en las pesquisas, acusan

Las complicidades alejan la justicia: familiares de Ochoa
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En octubre se cumplirán 10 años de la muerte de Digna Ochoa y se mantiene la controversia sobre su muerteFoto María Luisa Severiano

Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Lunes 13 de diciembre de 2010, p. 14

Un grueso paquete de más de 400 páginas con peritajes de criminalística, química y medicina forense fue aportado hace tres años por la familia Ochoa y Plácido a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El expediente contiene pruebas técnicas que demuestran que la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, ocurrida el 19 de octubre de 2001, fue un asesinato, no una acción suicida.

Semanas antes de anunciar su ratificación a la versión del suicidio, Mancera recibió a los familiares de Digna y a su actual abogado, David Peña. Nos dijo que nuestras pruebas y dictámenes fueron aceptados y agregados al expediente del Caso Digna Ochoa, pero que su contenido no fue analizado o contrastado con las actuaciones que en su momento realizó una fiscalía especial. Así de cantinflesca fue su explicación, señala el penalista.

La nueva conclusión del suicidio simulado –que implica que Digna montó una falsa escena del crimen para aparentar su propio homicidio– va a ser rebatida nuevamente por la defensa, pero ahora en un foro internacional. Puede convertirse en la primera demanda por el asesinato de una defensora de derechos humanos atendida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con posibilidades de llegar a la más alta instancia legal, la Corte Interamericana.

Nos estamos preparando para una batalla legal aunque sea muy prolongada, asegura el hermano de la víctima, Jesús, maestro de escuela que a lo largo de estos años ha actuado como representante de la familia Ochoa Plácido desde su natal Misantla. Tenemos claro que a Digna la mataron y que las autoridades del DF volvieron a ignorar todas las pruebas que les aportamos desde abril de 2006.

Se trata de una nutrida batería de dictámenes en criminalística, química y medicina forense realizados por peritos independientes que trabajaron bajo la coordinación del penalista Antonio Becerril. Con ellos se demuestra, entre otras cosas, que antes de ser ejecutada de un disparo en la cabeza en las oficinas del bufete donde laboraba, la luchadora social fue golpeada y sometida por uno o varios agresores, que tuvieron un lapso de entre 10 y 12 horas para alterar la escena del crimen.

En el expediente constan varias fotografías tomadas durante la autopsia donde se aprecian esas lesiones. La anterior fiscal Margarita Guerra desechó estas pruebas, convencida a priori de la versión del suicidio. Cuando fueron exhibidas, alegó que la herida en una ceja que se aprecia en la fotografía es una gota de agua. También mandó rehacer otros peritajes en los que los técnicos que participaron en la autopsia cambiaron sus versiones para que constara que los moretones en el cuerpo de la víctima eran anteriores a la agresión.

Diez años, justicia negada

David Peña asegura que en marzo próximo la defensa estará lista para presentar un trámite de admisibilidad ante la CIDH. Tenemos un argumento muy fuerte: en octubre se cumplen diez años y el Estado mexicano sigue negando un proceso justo, científico y transparente.

Peña fue representante de las madres de las jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez en el conocido caso del campo algodonero ante el sistema interamericano. El año pasado la Corte falló en contra del Estado mexicano.

El caso de Digna Ochoa siempre ha tenido una atención extraordinaria por parte de la CIDH, que incluso envió a sus propios peritos para observar la actuación de la procuraduría capitalina. El informe del coordinador de investigadores de la CIDH, Pedro Díaz Romero, fue muy crítico a las actuaciones de la PGJDF.

El trayecto puede ser largo, pero si ante una eventual recomendación de la comisión las autoridades insistieran todavía en no acatar una revisión a fondo de la investigación penal, el Gobierno del Distrito Federal podría encontrarse dentro de algunos años sentado en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Encubrimiento

Entrevistados por La Jornada, Peña y Ochoa opinaron que el procurador Miguel Ángel Mancera optó por cubrir las espaldas a su antecesor Bernardo Bátiz.

–¿Por qué lo hace?

Responde Jesús Ochoa: Hay una decisión política del Gobierno del Distrito Federal de no confrontarse con Andrés Manuel López Obrador por este asunto. No puedo olvidar que fue durante el gobierno de AMLO que se decidió desviar la investigación.

Peña añade: Me parece que Mancera está cuidando las espaldas de los investigadores del equipo anterior. Ya no está la fiscal Guerra, pero los demás funcionarios siguen en puestos públicos. Entre ellos se encubren.

La abogada abatida, egresada de la facultad de derecho de la Universidad Veracruzana, fue monja hasta pocos meses antes de su asesinato. Perteneció a una congregación de religiosas dominicas. Dirigió durante años el área jurídica del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, donde llevó a juicio a dos militares del batallón 40 de infantería de Petatlán, Guerrero, acusados por torturar a dos campesinos ecologistas.

Acosada durante años por amenazas de muerte y ataques físicos, al igual que muchos defensores en la época, tuvo que salir de México por una temporada. En Estados Unidos laboró en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Recibió numerosos reconocimientos por su trayectoria, entre ellos de Amnistía Internacional y de la fundación Speak Truth to Power, de Kerry Kennedy.

De regreso a México como litigante independiente, colaboró en el despacho de sus colegas Pilar Noriega y Lamberto González Ruiz en casos de represión política muy delicados, como el de los hermanos Cerezo y los dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente Jacobo Arenas y Gloria Arenas (que en esa época todavía estaban presos en el penal federal de La Palma).

La investigación de la fiscalía especial fue duramente criticada por instancias jurídicas no gubernamentales por fabricar elementos, ocultar indicios y obstaculizar el trabajo de la coadyuvancia. Pero, sobre todo, por la inconsistencia de las líneas de investigación de los militares y la conexión guerrerense.

Los investigadores de la PGJDF acudieron a Guerrero a interrogar a los militares sospechosos, pero, según consta en los expedientes, se limitaron a preguntarles si conocían y tenían algún motivo para matar a la abogada.

En la última fase de la investigación, ahora bajo el mando de Ana Lilia Soria Cerca, fiscal de homicidios, los peritos de la procuraduría capitalina fueron al penal de La Palma, en Almoloya, a instancias de la defensa, a interrogar al cacique de Petatlán Rogaciano Alba, preso por narcotráfico pero también señalado como posible autor intelectual. El hombre se dio el lujo de responder: No tuve el gusto de conocer a la dama. Y hasta ahí llegaron los investigadores.

Peña explica que en la reciente reunión que sostuvo con Mancera éste le dijo que los peritajes independientes fueron tomados en cuenta porque no convencieron.

–¿Los analizaron?

–Parece que no. No se atrevieron a confrontar la investigación oficial con la independiente. Por eso el procurador ha tenido que recurrir finalmente al examen sicológico post mórtem, el aspecto más desacreditado de la investigación. Y esto nos lleva otra vez al punto de partida.


Estudios desacreditan el supuesto perfil suicida

Blanche Petrich

En torno al caso Digna Ochoa existen cinco perfiles sicológicos que describen, cada uno a su manera, a la mujer muerta a los 37 años. Tres estudios descartan la hipótesis oficial de que la abogada tenía tendencias suicidas. Sólo uno está basado en el conocimiento personal y clínico del objeto de análisis. Los otros dos describen a una mujer perturbada, mitómana y proclive a presentarse como víctima con la justificación de su trabajo en el área de derechos humanos.

Para defender la resolución de la PGJDF, que reiteró el dictamen inicial de que la muerte de la abogada Digna Ochoa, hace nueve años, fue una acción suicida y no un homicidio planificado y ejecutado por profesionales, como concluyeron los primeros peritajes, el procurador Miguel Ángel Mancera eligió el argumento más polémico: el supuesto perfil sicológico de la abogada con tendencias suicidas.

En sus declaraciones públicas, Mancera dio crédito a dos peritajes de sicología y sicoanálisis forense, elaborados por profesionales que nunca conocieron personalmente a la víctima y se basaron exclusivamente en elementos seleccionados por los fiscales. Ambos apuntan hacia un trastorno autodestructivo de la activista.

Un quinto estudio, elaborado por la sicóloga Sigfried Frandsen, del Centro de Servicios Humanos en Washington, podría arrojar luz definitiva sobre la personalidad real de la abogada veracruzana, ya que es el único sustentado en el tratamiento clínico de Digna. Pero ninguno de los fiscales lo ha admitido como parte del expediente. La doctora Frandsen nunca fue llamada a declarar.

Este documento describe a la paciente como una mujer impresionante, que mantuvo su capacidad de seguir funcionando al más alto nivel a pesar de haber vivido experiencias traumáticas. Era capaz de pedir ayuda para poder manejar el estrés (...) No registra indicios de pensamiento o acciones suicidas ni intentos suicidas.

Durante las primeras semanas a raíz del homicidio (19 octubre de 2001), la averiguación judicial fue conducida por el entonces director de Averiguaciones Previas de la procuraduría capitalina, Álvaro Corcuera, quien ordenó dos perfiles forenses: uno firmado por Arturo Mendoza Vega, de la Dirección de Servicios Periciales, y otro por los especialistas Adalberto Levy Hambra y Miguel Matrajt. Ambos concluyen que la tesis del suicidio es altamente improbable.

La familia de la abogada se prepara para una larga batalla legal en la que defenderán las pruebas que aportaron en abril de 2006. La imagen fue tomada en Misantla, Veracruz

Corcuera fue retirado de la investigación y el entonces procurador Bernardo Bátiz nombró a Renato Sales Heredia, quien orientó todo su trabajo a crear un andamiaje para sostener su versión del suicidio simulado. Sales desechó los dos primeros peritajes sicológicos (como desechó también dos primeros peritajes de balística y varios indicios de la autopsia que probaban que Ochoa no pudo haber disparado el arma y que hubo señales de violencia previos a su muerte) y encargó otro.

Jaime Ayala Villarreal, de la Asociación Sicoanalítica Mexicana, elaboró un estudio sicodinámico de la personalidad post mórtem que describe una notoria sintomatología obsesiva compulsiva, conductas esquizoides, antisociales y pensamientos paranoides, rasgos congruentes con la versión del suicidio y la pretensión de fingir un asesinato. Este documento fue filtrado profusamente por el ex procurador Bátiz a varios periodistas; incluso fue colocado en Internet.

La periodista canadiense Linda Diebel, reportera de The Star de Toronto y autora del libro Traicionada: el asesinato de Digna Ochoa, dio a conocer un cuarto perfil sicológico forense firmado por Lucía Bustos y Jovita Bravo, basado en el estudio de su lenguaje corporal a partir de un video y dos archivos. A partir de su forma de vestir y de las particularidades de sus relaciones de pareja (sin tomar en cuenta su etapa de monja), se le diagnostica esquizo-paranoica, personalidad mitómana, que utiliza su profesión (defensora de derechos humanos) para compensar su falta de relaciones afectivas, capaz de atentar contra su vida aparentando ser víctima.

Consultado sobre esta pieza de la averiguación, el siquiatra canadiense Peter Collins –criminalista adscrito a la policía de Ontario y consultor de la Real Policía Montada– apunta escandalizado que dicho estudio es un absurdo y que ninguna institución policiaca seria debería aceptarlo, ya que trata de armar toda una película a partir apenas de una instantánea.

Siete años después, el procurador capitalino vuelve a los elementos más volátiles de la hipótesis del suicidio simulado. Y elige los dos perfiles forenses más cuestionados para explicarse ante la prensa.

Avalan las inconsistencias
Blanche Petrich

El presidente Felipe Calderón y el procurador del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, recibieron el pasado 24 de noviembre un comunicado del Observatorio de los Derechos de los Abogados de Canadá (LRWC, por sus siglas en inglés) que advertía que si el gobierno reiteraba la desacreditada hipótesis del suicidio en el caso de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, estaría otorgando validez a una investigación judicial que estuvo plagada de inconsistencias, que a lo largo de su desarrollo fue desviada y obstaculizada de manera sistemática por distintos actores de las instancias judiciales y militares.

Refrendar el resultado que rindió el anterior procurador de justicia del DF, Bernardo Bátiz, pondrá en evidencia un claro intento de encubrimiento, sostiene la organización canadiense que, junto con otras asociaciones no gubernamentales de derechos humanos internacionales y nacionales, dió seguimiento al proceso de investigación y cuestionó las conclusiones que llevaron al no ejercicio de la acción penal desde 2003. Pero el documento no alcanzó a tener impacto. Antes de que llegara a la opinión pública, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal apresuró el anuncio de la nueva resolución. Apenas dos días después (26 de noviembre) reiteró la determinación de no ejercer la acción penal, ya que la muerte de la abogada veracruzana no fue provocado por terceras personas, sino que fue ella quien se privó de la vida en una acción de tipo suicida.


Caso Digna
Le debemos respeto

Blanche Petrich

Carmen Pedrazzini, que fue investigadora del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (PRODH) y amiga de la abogada Digna Ochoa, exige respeto para quien fuera una valiente luchadora social y una retractación pública del procurador capitalino Miguel Ángel Mancera, quien justificó la ratificación de la versión de que la defensora de derechos humanos no fue asesinada sino que, por sus tendencias suicidas, se quitó la vida:

Te puedo asegurar que ella no tenía tendencias suicidas. Yo la conocí bien, trabajamos juntas, vivió nueve meses en mi casa para refugiarse de las amenazas de muerte que recibió, y sólo salió cuando se fue a Estados Unidos.

Expresa que más que la incompetencia de la PGJDF para resolver el caso, lo que me indigna es que recurra a la salida fácil, diciendo que se trata de un suicidio.

Y relata: A su regreso de Estados Unidos la vi; estaba contenta, comenzaba una nueva vida. Viajó a Guerrero y cuando regresó me habló por teléfono, unos días antes de su muerte. Me pedía datos para un nuevo proyecto que quería iniciar para ayudar a los campesinos.

Pedrazzini fue citada a declarar en tres ocasiones diferentes, cada vez que llegaba un nuevo fiscal del caso. Les conté todo esto. ¿No sirvió para nada?

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