16/12/2010

Gobierno Panista; Violación sistemática a los DH

Se ha convertido en un patrón la suspensión de garantías en todo el país, advierte

La guerra contra el narco dispara abusos: ONG

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Jueves 16 de diciembre de 2010, p. 14

La fabricación de culpables, la tortura y las detenciones arbitrarias son prácticas cada vez más recurrentes en todo el país, que aunque se presentan desde hace muchos años, se intensificaron de manera notable a raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico, advirtió Lucía Chávez, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Más que errores en la estrategia de seguridad del actual gobierno, pareciera haber un patrón ya definido para permitir que los agentes suspendan de facto las garantías individuales en todo el país, con total impunidad para cualquier acción, como lo demuestran un par de casos paradigmáticos que han sido estudiados por la CMDPDH.

El primero de ellos, narró Chávez, sucedió en 2002, en Tlaxcala, donde la Procuraduría de Justicia estatal y la General de la República detuvieron a seis personas del Distrito Federal y el estado de México, quienes fueron sometidas a tortura para que firmaran declaraciones prefabricadas y admitieran su culpabilidad en un caso de secuestro ocurrido un año antes.

Luego de un proceso lleno de irregularidades, en el que también se manipularon los dichos de las víctimas, los indiciados recibieron una condena de 70 años de prisión, aunque uno logró obtener su libertad y huyó a Estados Unidos, a causa del hostigamiento de agentes de la policía.

El otro caso tuvo lugar en agosto de 2009, en Tabasco, donde un civil y 17 policías de Huimanguillo fueron aprehendidos por elementos del Ejército y de la Fiscalía de Alto Impacto, y luego torturados durante 14 días para que se declararan culpables del delito de asociación delictuosa, al ser supuestamente vigilantes a sueldo de los grupos del crimen organizado.

A pesar de que los agentes detenidos supuestamente se habían entregado sin resistirse, conforme pasaban las audiencias cada vez presentaban huellas más visibles de tortura física, a tal punto que un juez de Jalapa ordenó su inmediata puesta en libertad, lo cual estaría a punto de ocurrir.

Estos no son casos aislados. En Tijuana y Tabasco hay otros más en los que están involucrados miembros del Ejército. En todo ello resaltaría la cuestión de la impunidad, señaló.

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