23/12/2010

Iniciativa de Felipe Calderón no cumple la resolución, señala

Apremia AI a acatar el fallo de la CIDH sobre justicia militar

Civiles deben investigar los abusos cometidos por soldados, insiste


Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Jueves 23 de diciembre de 2010, p. 16

Amnistía Internacional (AI) apremió al gobierno federal a llevar a cabo las reformas al Código de Justicia Militar que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que las violaciones a las garantías fundamentales que cometan efectivos castrenses contra la población sean investigadas por la justicia civil.

Mediante un comunicado, AI refirió que el lunes la CIDH volvió a exigir a las autoridades mexicanas que eliminen la jurisdicción militar para casos de violaciones a derechos humanos, al pronunciar su sentencia en el caso de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Montes, quienes fueron detenidos ilegalmente y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes por militares en 1999.

La organización internacional de defensa de los derechos humanos aseveró que ésta es la quinta sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por parte de la CIDH en los últimos 12 meses. Sin embargo, las autoridades han implementado muy pocas de las obligaciones establecidas en las sentencias anteriores.

Precisa AI que cuatro de las cinco sentencias se refieren a violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército. En las cuatro sentencias la CIDH reitera la obligación del Estado mexicano para eliminar la jurisdicción militar en este tipo de delitos.

Sostiene AI que de acuerdo con lo expresado por la Corte Interamericana la propuesta de reformas presentada recientemente por el presidente Felipe Calderón no cumple con esta obligación y, por tanto, recae en el Congreso la responsabilidad de revisar esta propuesta y convertirla en ley.

AI subrayó que espera que las autoridades cumplan de manera expedita con todas las obligaciones contenidas en esta sentencia –caso Cabrera y Montiel– y en las resoluciones anteriores.

Las sentencias contra el Estado mexicano son por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, en Atoyac, Guerrero, en la época de la guerra sucia; por las violaciones sexuales y las torturas infligidas a las indígenas de Guerrero Inés Fernández y Valentina Rosendo, y por las agresiones contra los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Montes. En todas ellas los acusados de cometer las violaciones a los derechos humanos son militares.

Posturas encontradas impiden reforma del fuero castrense, dicen

Senadores denuncian que la cúpula del Ejército ha presionado mucho

Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Jueves 23 de diciembre de 2010, p. 16

La reforma presidencial para regular el fuero militar con el fin de que los elementos de las fuerzas armadas que cometan delitos contra civiles sean juzgados en tribunales del fuero común no avanzó en el Senado y quedó pendiente para el próximo periodo de sesiones, debido a posturas encontradas entre las fuerzas políticas y a presiones de la cúpula castrense, sostuvieron senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT).

Dieron la razón a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que un día antes exigió al gobierno federal concretar la reforma al Código de Justicia Militar, e insistieron en que no hubo acuerdo en torno a la iniciativa presidencial en la materia porque es una propuesta incompleta.

La senadora Rosario Ibarra resaltó que la reforma de Calderón provocó inconformidad entre las fuerzas políticas y los defensores de las garantías fundamentales, porque no cumple con la sentencia de la CIDH, toda vez que sólo incluye los delitos de desaparición forzada, tortura y violación y deja fuera las agresiones y asesinatos cometidos por militares.

Además, permite que sigan en la impunidad los crímenes cometidos por soldados durante la llamada guerra sucia de los años 70 del siglo pasado, agregó.

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Ibarra de Piedra recalcó que la iniciativa de Calderón establece un periodo de prescripción de 35 años para la desaparición forzada, lo cual es inaceptable, porque se trata de un delito de lesa humanidad, y es imprescriptible.

El coordinador del PT en el Senado, Ricardo Monreal, expuso que la propuesta de Calderón debe ser modificada a fondo, ya que no cumple con el espíritu de la sentencia del tribunal internacional, sobre todo en la actual coyuntura, en que muchos ciudadanos han fallecido debido a actos de militares que participan en el combate contra el crimen organizado.

No se logró el consenso, agregó, por la postura encontrada de las fuerzas políticas y por la resistencia dentro del Ejército.

René Arce, integrante de la bancada del PRD, advirtió que el mexicano es un Estado en rebeldía en tanto no cumpla la sentencia de la CIDH que tiene que ver con el fuero militar.

Sostuvo que la iniciativa presentada por Calderón el pasado 19 de octubre no avanzó en el Senado, porque la presión de los militares es muy fuerte.

Agregó que tiene claro que la cúpula castrense ha presionado mucho para evitar que sus integrantes puedan ser juzgados por tribunales civiles.

El problema, agregó, es que en el país todavía se considera al Ejército un sector intocable, y tanto el Ejecutivo como el Legislativo han tenido temor de que los militares se molesten porque se les obligue a cumplir de manera cabal la resolución de la CIDH.

Añadió que la fracción del PRD presentará una contrapropuesta de modificación al Código de Justicia Militar, con el fin de que incluya todos los delitos cometidos por efectivos castrenses contra civiles, no únicamente los de violación, tortura y desaparición forzada, que deberán ser juzgados en tribunales del fuero común.

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