10/12/2010

Reporte del Centro ProDH

10 de diciembre: Conmemoración en crisis; oportunidad para la sociedad civil

• 10 de diciembre: A más de 60 años de emitida la Declaración Universal de los Derechos Humanos.


Centro Prodh

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue emitida en el año 1948, en el contexto de la distensión posterior a la segunda guerra mundial. Hoy a más de 60 años de haber sido emitida, el debate se centra en dos aspectos fundamentales: por una parte el creciente desconocimiento del Estado de su responsabilidad como garante de los mismos (Felipe Calderón ha dicho en más de una vez que es la delincuencia quien viola los derechos humanos, aunque el crimen organizado sólo puede delinquir, porque violar derechos humanos es algo atribuible únicamente a los Estados). En el otro polo del debate se encuentra el cada vez más importante papel de la sociedad civil para tratar de impulsar a los derechos humanos como instrumento del desarrollo democrático.

Es fundamental recordar que cuando un Estado ratifica un tratado internacional, asume la responsabilidad de garantizar los derechos ahí consagrados. Ello implica que los derechos emanan de distintos acuerdos que tratan de poner en el centro de la acción estatal a la dignidad de la persona. Los delincuentes no violan derechos porque en rigor no están obligados a garantizarlos.

El Estado, por su parte, no debería de alegar ningún pretexto para dejar de garantizar los derechos de todas las personas, ni siquiera de los mismos delincuentes. Esto no es una concesión, sino que en la medida en que los derechos de todos sean verdaderamente garantizados la acción del Estado --incluso la punitiva-- será mucho más eficaz y estará basada en criterios técnicos y no en tradiciones nefastas como la tortura fisica o psicológica.

La sociedad civil, por su parte, no es sólo un atomizado grupo de comparsas. Nuestro país es muy propositivo en cuanto al trabajo civil organizado. En tiempos recientes importantes actores de derechos humanos en México han sido galardonados con premios internacionales como el Rafto, para el Obispo Raúl Vera, o el Robert F. Keneddy para Abel Barrera, director de Tlachinollan. Ello habla del importante impulso que desde la sociedad se está dando a un tema sobre el cual los Estados suelen palabrear o guardar silencio.

Sin embargo esto no es suficiente. Ante los distintos retos que tenemos como sociedad es necesario que encontremos las vías para mejorar de manera inmediata y sustantiva los estándares de vida en general. En este sentido se requiere conjuntar esfuerzos desde los distintos sectores de la sociedad. A 62 años de haber sido emitida, la Declaración Universal de Derechos Humanos, sigue teniendo la virtud de ser una guía en este sentido. Al encuadrar una serie de acuerdos básicos que definen los límites mínimos para la dignidad humana, constituye un piso esencial del que debemos partir para la construcción de una nueva sociedad.


Por la seguridad del defensor de derechos LGBTTI
José Ricardo Maldonado
  • Amnistía Internacional exige en una acción urgente, firmar por la seguridad del defensor, quien fue torturado por policías de Mérida y amenazado con represalias si hablaba del incidente.

José Ricardo Maldonado Arroyo es director de la Red de Personas Afectadas por VIH (Repavih). Esta red lleva trabajando activamente en Mérida, estado de Yucatán, desde 2006. Proporciona asesoramiento sobre atención médica y apoyo emocional a personas infectadas con el VIH o con sida, y organiza campañas locales para combatir la discriminación.

Los hechos

Policías de la ciudad de Mérida, Yucatán, detuvieron y torturaron a José Ricardo Maldonado Arroyo, activista que defiende los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT), en un aparente intento de obtener de él información. Lo mantuvieron retenido arbitrariamente durante unas cuatro horas, y lo amenazaron con represalias si hablaba sobre el incidente. Se teme seriamente por su seguridad.

Hacia las diez y media de la noche del 4 de diciembre, cuatro agentes de la policía judicial del estado de Yucatán se acercaron a José Maldonado mientras éste se encontraba en casa de un amigo y le preguntaron por un sospechoso en un caso que estaban investigando. José Maldonado les dijo que no lo conocía, pero los policías lo detuvieron sin mostrarle orden judicial alguna ni explicarle los motivos de su detención. Según José Maldonado, lo esposaron, le vendaron los ojos, lo metieron en un automóvil y le tuvieron circulando unas cuatro horas. Los policías lo golpearon repetidamente en la cara, el pecho y la espalda, y lo obligaron a cambiar de automóvil al menos cuatro veces durante esa terrible experiencia. Utilizando expresiones homófobas y otras amenazas, lo interrogaron sobre el sospechoso al que buscaban y sobre el trabajo de José Maldonado como activista en favor de los derechos del colectivo LGBT y para concienciar sobre el problema del VIH.

Antes de dejarlo en libertad delante de su casa hacia las tres de la madrugada del 5 de diciembre, le dijeron: “No metas desmadre, no la hagas más grande. Te vamos a volver a agarrar y te vamos a meter al penal. Te vamos a meter cargos. Te va a cargar la chingada.”

Tras el incidente, José Maldonado buscó atención médica y el asesoramiento de una organización local de derechos humanos. El 5 de diciembre presentó una denuncia ante Procuraduría General, pero hasta la fecha nadie se ha puesto en contacto con él respecto a la posible investigación sobre el incidente o respecto a la adopción de medidas de protección. La policía judicial del estado trabaja bajo la autoridad de la Procuraduría General.

Escribir inmediatamente en español o su propio idioma:

  • Expresando preocupación por la seguridad de José Maldonado;
  • Instando a las autoridades a proporcionarle protección efectiva, de estricta conformidad con los deseos del propio afectado;
  • Pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre este caso de malos tratos y tortura, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia.

Enviar llamamientos antes del 19 de enero a:

Secretario de Gobernación

Lic. José Francisco Blake Mora

Secretaría de Gobernación

secretario@segob.gob.mx

Gobernadora de Yucatán

Sra. Ivonne Araceli Ortega Pacheco

ivonne.ortega@yucatan.gob.mx

Procurador General del estado de Yucatán

Lic. Héctor José Cabrera Rivero

despacho.procurador@yucatan.gob.mx


Esta recopilación también puede ser consultada en: http://centroprodh.org.mx/sididh2008/

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