23/03/2011

La CNDH da seguimiento a denuncias, pero no tiene "dientes legales" para actuar

El sistema judicial no cuenta con mecanismos para analizar desapariciones forzadas: SCJN
Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de marzo de 2011, p. 14

El sistema judicial mexicano no cuenta con mecanismos legales para entrar al fondo en los casos en que se denuncia la desaparición forzada de personas, reconocieron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la reunión que sostuvieron ayer con integrantes del grupo de trabajo en la materia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el encuentro privado al que asistieron cinco ministros del máximo tribunal, trascendió que éstos respondieron a las inquietudes de la delegación internacional sobre el sistema judicial, el respeto a los derechos humanos, la figura del fuero militar y su aplicación en casos en los que soldados cometen delitos en contra de civiles durante actos del servicio, y sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla.

Arturo Zaldívar y Sergio Aguirre Anguiano, presidentes de la primera y segunda salas de la SCJN, respectivamente, así como Olga Sánchez Cordero y Fernando Franco participaron en la reunión, ya que de manera insólita por tratarse de una misión de alto nivel, el ministro presidente, Juan N. Silva Meza, únicamente le dio la bienvenida a los visitantes y se retiró.

La delegación de la ONU estuvo integrada por Alan García, Ariel Dulitzky, Jazminka Dzumhur, Osmar el Haijé y María Giovanna Bianchi.

A partir de las preguntas del grupo de trabajo, confirmaron fuentes judiciales, fue que los ministros aceptaron que el sistema legal mexicano no prevé un mecanismo concreto para abordar las denuncias sobre desaparición forzada de personas, como si lo prevé la institución jurídica del hábeas corpus en otros países.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos le da seguimiento a ese tipo de denuncias, pero no tiene dientes legales para actuar en contra de los presuntos responsables, apuntaron.

Sobre el caso Rosendo Radilla, los ministros comentaron –durante la plática que duró más de hora y media– que en breve el pleno determinará si la Corte está obligada a atender las recomendaciones que hizo la CIDH respecto de que el fuero militar en nuestro país es inconstitucional, porque se aplica a civiles cuando son víctimas de delitos por parte de soldados.

A los ministros les preguntaron sobre la constitucionalidad del fuero de guerra, y éstos contestaron que este asunto está en manos del Congreso de la Unión, que analiza una propuesta de reforma al respecto.

Sólo 3 casos en que el Estado se presume responsable
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de marzo de 2011, p. 14

El gobierno federal entregó ayer al grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas información acerca de tres casos en los que se presume o se ha confirmado responsabilidad del Estado mexicano en este tipo de delitos, incluidos los de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Sin embargo, los cientos de secuestros y levantones registrados en años recientes, aunque son calificados por los funcionarios gubernamentales como incidentes graves, delicados, en esta ocasión no son materia de estudio de los relatores de la ONU que se encuentran en misión en México.

Funcionarios consultados indicaron que la delegación, perteneciente a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, mostró interés por la problemática de seguridad, aunque centraron la recapitulación en tres casos (entre éstos los dos desaparecidos del EPR, cuyas pesquisas permanecen en calidad de averiguación previa).

El objetivo de los enviados internacionales es presentar un informe preliminar el próximo 31 de marzo, y el definitivo en el segundo semestre de este año.

“Si bien es cierto que preguntan por el tema de los secuestros y levantones, queda claro que el objetivo de investigación es distinto. (Los representantes de la ONU) no vienen, a golpear, sino a colaborar”, aseguraron.

Los seis relatores que integran el grupo de trabajo viajarán a diversos estados (incluidas las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez, el viernes próximo). Ayer se entrevistaron con funcionarios del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, luego con el secretario de Gobernación, Francisco Blake, y más tarde con los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La agenda es amplia. Esta semana irán con funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos civiles, además de legisladores.

El encuentro se desarrolla cuando en México se han multiplicado los casos de ese tipo, así como daños a civiles y agresiones a defensores de derechos humanos. En tanto, el gobierno advierte que los operativos contra la delincuencia organizada continuarán.

Previo a la reunión con los relatores, en Gobernación el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora, aseveró que el Estado mexicano está de pie.

–Sin embargo, los civiles siguen cayendo en lo que se denomina fuego cruzado o daños colaterales...

–Valoramos mucho la participación de la sociedad civil; cada vez que nos señalan, cada vez que nos hacen ver situaciones por las que estamos pasando, nos obligan a actuar en consecuencia.

–¿Vale la pena continuar con los operativos (contra la delincuencia organizada) en condiciones en que siguen muriendo civiles y defensores de derechos humanos?

–La lucha contra la delincuencia organizada continuará y ya lo ha dicho el presidente Felipe Calderón y yo mismo: los operativos no son pretexto para que (los militares o policías) violen derechos.

El Estado mexicano dispuso para 2011 de 30 millones de pesos para la reparación del daño (una parte es para el pago de varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH), aunque tiene tres puntos que debe resolver en materia de casos vinculados con la desaparición forzada, en donde se presume o se ha comprobado responsabilidad del Estado: una recomendación de la CNDH (26/2001) que se dictó hace 10 años, relacionada con crímenes del pasado (cometidos en los años 70); la recomendación 7 de 2009, precisamente sobre dos integrantes del EPR, así como la sentencia de la CIDH sobre el asesinato de Rosendo Radilla.

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