25/03/2011

Se debe contribuir a fortalecer la libertad de expresión: Narro

Activistas y académicos esperan que el acuerdo no se torne en censura

Fabiola Martínez, Ángeles Cruz,, Alfredo Mendez, Ariene Díaz y Fernando Camacho
Periódico La Jornada
Viernes 25 de marzo de 2011, p. 10

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, manifestó su deseo de que el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia no se convierta en un mecanismo de censura o autocensura, mientras especialistas e integrantes de organizaciones no gubernamentales confiaron en que dicha iniciativa sea útil, sin olvidar que los responsables de las agresiones son tanto los criminales como el gobierno.

Narro señaló que con el texto del acuerdo, los medios de comunicación deben contribuir a fortalecer la libertad de expresión y no traducirlo, de ninguna manera, en disminuir (la percepción) del problema de seguridad y violencia que existe en el país, que ha costado 36 mil vidas en los cuatro años recientes por la lucha contra el crimen organizado.

Son vidas que nos tienen que doler a todos. No importa si se trata de vidas de delincuentes, porque en un sistema de justicia lo que debería suceder es que quienes cometen delitos no terminen acribillados, masacrados o asesinados entre ellos mismos. En el fondo de todo, junto a la pobreza, la desigualdad, la falta de educación y de oportunidades, también hay un asunto que tiene que ver con la impunidad y eso no puede quedarse así, dijo en entrevista al término del acto en el que se firmó el acuerdo.

Por su parte, la investigadora Alma Rosa Alva de la Selva, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, advirtió que el derecho a la información y la libertad de expresión se ponen en riesgo con el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia, pues incluye planteamientos ambiguos y limitantes de la responsabilidad social de los medios de comunicación.

La especialista aseveró que por encima del derecho a la información no cabe nada. La población tiene derecho a saber, y si en los medios de comunicación se matiza, nunca será en favor de la libertad de expresión.

Javier Esteinou, especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, consideró que el pacto es una propuesta incompleta y más espectacular que una reflexión profunda de los problemas que se tienen que abordar en favor de la sociedad. Agregó que la propuesta debe completarse con análisis críticos elaborados por investigadores independientes y no por las propias empresas.

Edgardo Buscaglia, especialista en temas de seguridad nacional y criminología, coincidió en que el acuerdo está encaminado a disminuir la percepción social de que el Estado mexicano va perdiendo la guerra contra la delincuencia.

Sostuvo que siempre mira con sospecha cuando los oligopolios se juntan para tratar de gerenciar el flujo de información hacia el público. Hay que dejar que los medios de difusión simplemente emitan juicios, información fundamentada, bien motivada a través de expertos.

Por su parte, Omar Raúl Martínez, director de la Fundación Manuel Buendía, advirtió que en el acuerdo subyace un mero afán por uniformar la información y, a la postre, ir inhibiendo la crítica hacia la estrategia gubernamental en su combate al narcotráfico. El mensaje parece ser que se quiere ganar en los medios informativos lo que el gobierno federal está perdiendo a la luz pública.

Ahora, agregó, sería deseable que con el mismo ánimo todos los medios del país se comprometieran de manera más clara y detallada a adoptar acciones inmediatas y efectivas para instrumentar medidas de protección y capacitación a sus propios reporteros.

En contraposición, Omar Rábago, integrante del colectivo Artículo 19, estimó que el acuerdo es un paso importante, ya que ésta es la primera vez que tantos medios se juntan para discutir el tema de la violencia y ejercer un mejor periodismo en ese contexto, sin olvidar que los responsables de las agresiones no son únicamente los criminales, sino también el gobierno.


Presentan resultados de estudio multidisciplinario en la UNAM

Segregación y falta de espacios, causas de violencia en las urbes

Para erradicarlas se requieren políticas alternativas, dicen especialistas

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Viernes 25 de marzo de 2011, p. 12

Las violencias de distinto tipo son construcciones sociales, económicas, culturales y políticas. Así lo demuestra un estudio multidisciplinario realizado por especialistas de universidades y centros de investigación en cuatro urbes del país (Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco, y la capital de Aguascalientes).

El análisis –coordinado por Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide-Social)– subraya que estas urbes son espacios propicios para la violencia por su crecimiento horizontal, segregado por clases sociales, con fraccionamientos amurallados, numerosos terrenos baldíos, insuficiencia de espacios públicos y la creciente desubicación de servicios sociales.

El estudio se discutió en el contexto del Seminario de la Cuestión Social, realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ahí, los especialistas intercambiaron información sobre los hallazgos derivados del trabajo (que se realizó entre 2009 y 2010, con apoyo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres).

La investigación se basó en los factores económicos, sociales, culturales y políticos que han contribuido a la construcción de violencias de género, juvenil, social, criminal e intrafamiliar, entre otras.

En los resultados destaca que muchos jóvenes son discriminados y perseguidos por policías y gobiernos locales por ser pobres o pertenecer a grupos específicos.

La educación, en lugar de apoyar el desarrollo de capacidades de protección y contención, contribuye a exacerbar la violencia, el aburrimiento y la frustración por su poca pertinencia a la realidad que viven los jóvenes, por su costo y por la insuficiencia de espacios de educación media superior, concluye el documento.

Otro hallazgos de los Diagnósticos sobre las causas económicas, sociales y culturales de las violencias en entornos urbanos, es que otros factores precursores de las violencias son el congestionamiento de vialidades, la falta de planeación de las mismas y la insuficiencia y el control interesado del transporte público.

Agrega que a partir de la apertura de mercados de la tierra y de nuevos desarrollos inmobiliarios alejados de las ciudades, con miles de viviendas mínimas y de mala calidad, se ha incrementado el estrés, enojo y frustración de los habitantes de estas ciudades.

Las crisis económicas y la flexibilización del mercado de trabajo han provocado el desalojo de miles de trabajadores, precarizando las condiciones de trabajo y provocando, a su vez, una precarización de la economía del cuidado, expone el diagnóstico.

Concluye que son necesarias políticas preventivas en los campos social, económico y cultural para ir transformando los factores que contribuyen a crear entornos violentos y conductas que lastiman la vida, la dignidad y la propiedad de las personas y las familias.

Durante el encuentro realizado en la UNAM, Delia Acosta Beltrán, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, indicó que debido a la violencia en esa urbe fronteriza miles de personas han preferido perder su patrimonio y abandonar sus casas, que se han transformado en espacios potenciales para la violencia e infecciones al convertirse en basureros. Otro conflicto derivado de la violencia en esa ciudad, explicó, es el amurallamiento de unidades habitacionales que, sin embargo, no ha sido limitante para el crimen organizado.

Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, subrayó que el proceso de las violencias no sólo debe verse como asunto de justicia o seguridad, sino como el que articula y se convierte en uno de los ejes transversales para pensar en todo el entorno social.

Rolando Cordera Campos, investigador emérito de la UNAM, aseguró que el fenómeno de las violencias tiene una raíz social, cultural, económica y demográfica que no se ha asumido con la profundidad y responsabilidad necesarias. Indicó que se trata de una situación que no puede resolverse por la vía de las armas, sino que demanda la intervención comprometida de intelectuales y académicos.

Para enfrentar la violencia, señalaron académicos y organismos sociales, se requieren políticas públicas alternativas, una participación social activa y un acuerdo entre los actores políticos.

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