Representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, la Coordinación alemana por los derechos humanos en México, así como Bárbara Italia Méndez Moreno, en representación de las 11 mujeres de Atenco denunciantes de tortura sexual, se reunieron entre el 14 y el 16 de marzo con representantes de los Comités y Relatores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas para denunciar la impunidad que prevalece en el caso; se reunieron además con miembros de diversas delegaciones diplomáticas.
A casi cinco años de la incursión policial en Atenco, que dejó un alto saldo de violaciones a derechos humanos, manifestamos nuestra preocupación por la impunidad prevaleciente en el caso y por la falta de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura (CAT) y el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Asimismo, instamos a los representantes de dichos Comités a que soliciten al Estado mexicano información actualizada sobre la situación del caso. De acuerdo con la información recibida, México ha incumplido su deber de entregar su informe al CAT desde septiembre de 2010.
El caso Atenco es paradigmático de la violencia institucional ejercida por las autoridades del Estado mexicano y de la impunidad que caracteriza a los abusos policiales. En Atenco fueron perpetradas graves violaciones de derechos humanos en contra de las 11 mujeres denunciantes de tortura sexual por agentes policiales; estos, a la fecha, no han sido sancionados. Al mismo tiempo, el gobierno obstaculiza el trámite ante la Comisión Interamericana, única instancia disponible para exigir justicia y una reparación integral.
En el marco de la 16ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se realizó un evento paralelo con la finalidad de dar a conocer la lacerante situación de los derechos humanos en México, en especial la falta de garantías para los defensores y defensoras de derechos humanos así como la impunidad prevaleciente en el caso Atenco, en especial la falta de acceso a la justicia para las mujeres denunciantes de tortura sexual. Diversas delegaciones estatales y organizaciones internacionales de derechos humanos interesadas cuestionaron acerca del estado de cumplimiento de las recomendaciones dirigidas a México en el Examen Periódico Universal (EPU), en especial aquellas concernientes al acceso a la justicia, la violencia contra las mujeres y la tortura.
La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer recibió información actualizada del caso de la señora Basilia Ucán Nah, mujer indígena maya, quien enfrenta una injusta condena de 12 años de prisión en la cárcel de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, a raíz de un proceso irregular. Externamos nuestra preocupación ante la constante descalificación por parte de las autoridades, en especial de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado, no sólo de las organizaciones que hemos asumido su defensa, sino también de la propia Basilia a través de medios deplorables como la coacción de personas originarias de su comunidad con el fin de que declaren en perjuicio de ella y señalen que “desde que Basilia estaba en su pueblo, se emborrachaba y buscaba muchachitas para ofrecerlas”. Hemos solicitado a la Relatora que envíe las comunicaciones pertinentes y manifieste su preocupación ante las violaciones perpetradas por las instancias de procuración y administración de justicia, en cuya actuación existen patrones de discriminación y exclusión contra mujeres indígenas pobres.
En cuanto al tema de defensores y defensoras de derechos humanos, externamos nuestra preocupación e indignación ante la deteriorada situación que se vive, en especial en Ciudad Juárez y Chihuahua. Además, insistimos en que la falta de implementación de un mecanismo adecuado para salvaguardar el trabajo de los activistas así como su vida e integridad, aumenta las condiciones de vulnerabilidad en las que ya se encuentran debido a su labor.
Por otra parte, se presentó a la Relatoría Especial sobre los derechos humanos de los migrantes la iniciativa propuesta por organizaciones de la sociedad civil sobre la necesidad de una visa temporal de protección para transmigrantes ante la lacerante realidad que viven los migrantes centroamericanos en su paso por México y ante el aumento significativo de los secuestros a este grupo en situación de especial vulnerabilidad. La cifra asciende a más de 22 000 secuestros al año.
Finalmente, durante la reunión con el Relator sobre Salud y el Relator Especial sobre los efectos nocivos para el goce de los derechos humanos del traslado y vertimiento ilícitos de productos y desechos tóxicos y peligrosos fue presentado el caso del relleno sanitario de San José Huilango, junto al cual fue construido el conjunto urbano Lomas de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Este relleno sanitario no cumple con las medidas mínimas para aminorar el impacto ambiental causado por la contaminación del aire debido a los gases emitidos, los químicos vertidos en el relleno, la dispersión de la basura, el flujo de aguas negras en la zona y la falta de mecanismos adecuados de salud para salvaguardar la integridad de la población.
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