21/03/2011

Activistas de Chiapas, Tabasco y Yucatán laboran en condiciones extremadamente hostiles

Ola de violencia afecta a defensores de los derechos humanos en el sureste del país

Los ataques a mujeres en la zona son cada vez más parecidos a los que se sufren en Juárez

Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Lunes 21 de marzo de 2011, p. 18

San Cristóbal de las Casas, Chis. 20 de marzo. La violencia generalizada en el país y la profundización de la impunidad agudizan el contexto de represión, pobreza, criminalización, migración, despojo territorial y ataques a quienes promueven, defienden y ejercen los derechos para todos, declaró hoy la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, con énfasis particular en el sureste de México.

Al concluir su 41 asamblea nacional, los defensores se pronunciaron sobre las hostiles condiciones en que laboran sus colegas en Chiapas, Tabasco y Yucatán, en una región del país donde las violaciones a los derechos no son menores.

La extensa Red, a la que pertenecen 72 organismos, constató que el despojo territorial es práctica recurrente de gobiernos y empresarios contra quienes defienden los recursos naturales y se niegan a ceder sus territorios para la inversión privada (explotación de minas, proyectos ecoturísticos y carreteros), pues han decidido practicar la autonomía ejerciendo en plenitud sus derechos fundamentales.

Mientras esta mañana se realizaba una concurrida marcha ciudadana en el bulevar Juan Sabines de esta ciudad contra el proyecto gubernamental de convertir los campos deportivos en grandes centros comerciales con el argumento de que generarán empleos (aunque no vengan acompañados de derechos laborales), la Red denunció que la cancelación de los espacios públicos y deportivos es una acción de gobiernos municipales y estatales favoreciendo los intereses económicos y comerciales de empresas, provocando la destrucción ambiental.

Las crecientes militarización, ocupación policiaca y paramilitarización de comunidades y ciudades del sureste, justificada por una presunta lucha contra la delincuencia organizada, busca desmovilizar y controlar las dinámicas de los pueblos que se organizan. Entre los ajustes estructurales se instrumentaliza a los poderes Legislativo y Judicial para legalizar la criminalización de la acción social, particularmente contra defensores.

La violencia hacia las mujeres, añadió la Red en su declaración final, ha llegado a niveles similares a los estados del norte, al grado de alentar la violencia contra las mujeres como parte de una estrategia que busca fragmentar el tejido social. Además, la migración que transita por nuestros territorios ya no es sólo de los pueblos de Centroamérica; es de las comunidades y ciudades empobrecidas del sureste.

También denunció que una fuerte inversión mediática promueve a los gobiernos estatales “como ‘vanguardia’ en el cumplimiento de los estándares en derechos humanos”, cuando en realidad es nula su aplicación debido a la corrupción estructural.

La defensa de garantías se traduce en acciones de denuncia, capacitación, litigio, acciones políticas, incidencia pública, acompañamiento social, solidaridad y articulación permanente; lo hemos aprendido de quienes mantienen viva la memoria de las luchas y resistencias que nuestros pueblos dan día a día.

La Red reafirmó su compromiso de seguir vigilante y actuante ante la creciente violación a los derechos humanos que la guerra oficial está generalizando contra la población civil. Pese al creciente riesgo para su vida e integridad física, reconocemos en los compañeros defensores en Chiapas, Tabasco y Yucatán un compromiso permanente en la defensa de la dignidad humana.

De manera particular encontrándose en Chiapas, los defensores anunciaron que seguirán atentos a sus compañeros de los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas, de Derechos Indígenas y Fray Matías de Córdova, el colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, los comités Fray Pedro Lorenzo de La Nada y Por la Defensa y Libertad Indígena, así como Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, que realizan sus tareas en un contexto donde las acciones de contrainsurgencia continúan siendo diseñadas y operadas por el Estado.

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